El juez federal Sebastián Ramos además lo embargó por proteger desde el Ministerio de Salud a Farmacity, la empresa que fundó y presidió hasta 2015 Mario Quintana.
Ramos está acusado de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por demorar y negar sanciones a la empresa mientras ocupó el cargo de secretario de Políticas, Regulación e Institutos.
“Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación”, sostuvo el juez en la resolución.
La investigación empezó en julio de 2014, tras una denuncia de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). En la inspección a un local de la avenida Córdoba al 1800 se detectó “un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional y emplear un libro recetario sin rúbrica ni habilitación”. En 2015, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias indicó que correspondía aplicarle dos multas por un total de $ 60.500.
En febrero de 2017, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización envió a Ramos -designado en el cargo el 21 de ese mes- el proyecto de resolución para sancionar a Farmacity. "Desde entonces, durante casi dos meses no hubo novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA. Pero el 5 de abril se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa. Farmacity pidió que no la sancionaran o que, de aplicarle alguna multa, al menos procedieran a la "eximición de las tablas de rigor" y le impusieran un monto más benévolo.
En mayo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ministerio reafirmó su posición de sancionar a la empresa. Pero el expediente volvió a paralizarse. El 18 de julio, en vez de firmar una sanción contra Farmacity, Ramos devolvió el expediente para su archivo o guarda. Según la denunciante COFA, "a una especie de «vía muerta»".
Para el juez, “la responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron”.
El funcionario fue denunciado por María Isabel Reinoso, en representación de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), tras lo cual fue imputado por la fiscal federal Paloma Ochoa.
En su indagatoria, el exfuncionario dijo haber tomado esa decisión por la "sobrecarga de trabajo, la acefalía de varias áreas y porque estaba en trámite la transferencia a la ciudad de Buenos Aires sobre la materia".
