La propuesta, que fue turnada a la Cámara de Diputados, busca además brindar certeza jurídica a la representación de los intereses de la persona ausente.
La minuta establece el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia.
Ello para garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida, la protección de los derechos y bienes de sus hijos menores de 18 años y de su patrimonio, incluyendo los bienes adquiridos a crédito.
La norma fija la forma y los plazos para que los familiares u otras personas legitimadas por la ley puedan acceder al patrimonio de la persona desaparecida.
El dictamen modifica las leyes del Trabajo, de los Trabajadores al Servicio del Estado, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la de Instituciones de Crédito y la Agraria.
Con estas modificaciones, se obliga a los patrones a otorgar permisos sin goce de sueldo a los trabajadores desaparecidos que cuenten con la Declaración Especial de Ausencia; queda prohibido darles de baja o cerrar su relación laboral y considera como un accidente de trabajo la desaparición derivada de un acto delictivo.
Precisa que cuando un trabajador tenga la calidad de desaparecido los beneficiarios conservaran el derecho a recibir la asistencia medica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, destacó que con la Declaración Especial de Ausencia se materializa el principio de presunción de vida al dar continuidad a la personalidad jurídica de las personas en paradero desconocido.
