El fundador y director ejecutivo de la organización británica, Andrew Wallis, se refirió en un comunicado a la labor de Unseen para ayudar a las personas a salir del círculo de la explotación.
Según los miembros de la ONG, durante el primer año de funcionamiento de la línea telefónica contra la esclavitud moderna se recibieron unas tres mil 710 llamadas de víctimas y ciudadanos privados.
Unseen estableció la línea telefónica de explotación laboral en 2016. Desde entonces, recibieron llamadas de empresas para informarse sobre los riesgos de este flagelo, peticiones de ayuda y denuncias de posibles casos de esclavitud.
De las cuatro mil 900 supuestas víctimas localizadas, alrededor de tres mil 550 sufrían de explotación laboral en negocios como salones de uñas y sitios para el lavado de coches, mientras 774 eran explotadas sexualmente y 128 padecían servidumbre doméstica, agregó la ONG.
La policía reconoció el valor de la línea telefónica porque permite a los ciudadanos compartir sus sospechas, además brinda a los explotados la posibilidad de denunciar su situación y pedir ayuda.
El jefe de la brigada antiesclavitud de la Policía Metropolitana, Phil Brewer, insistió en que 'la esclavitud moderna es un delito oculto y las fuerzas del orden dependen en gran parte de la sociedad para poder perseguirlo'.
El gobierno británico estima que al menos 13 mil personas en Reino Unido son víctimas de trabajos forzosos, explotación sexual y servidumbre doméstica, pero según consideraciones de la policía, el número real podría alcanzar cifras mayores.
La primera ministra, Theresa May, resaltó en varias ocasiones la necesidad del trabajo conjunto entre gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y agencias de seguridad para enfrentar este problema.
En 2015, el Parlamento de este país aprobó el Acta de la Esclavitud Moderna para perseguir a los traficantes de personas, proteger a aquellos en riesgo de caer en las redes de trabajo forzoso e instar a las compañías a una mayor vigilancia en ese sentido.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo denunció que alrededor de 25 millones de personas en el mundo fueron víctimas de trabajos forzados en 2016, laborando en fábricas, granjas y barcos de pesca, y como trabajadoras domésticas o sexuales.
