El pasado 1 de agosto de 2017, una represión ilegal en territorio mapuche por parte de Gendarmería, terminó con la desaparición del joven mochilero y tatuador.
¿Cómo no pretender una investigación imparcial de las fuerzas de seguridad cuando desde las más altas autoridades del Gobierno se avalaron sistemáticamente el accionar de las mismas?
Santiago Maldonado, un rostro y un nombre que se volvió consigna y bandera por miles de personas, apareció muerto el 17 de octubre, 78 días después de su desaparición forzada.
Hoy, a nueve meses de aquel hecho que marcó un nuevo hito oscuro en la democracia argentina, la investigación por su desaparición seguida de muerte no está clara, pese a que la autopsia reveló que el mismo habría muerto por “inmersión ayudado de hipotermia”.
Es que todavía falta saber algo fundamental: si Santiago murió ahogado, ¿En qué circunstancia fue?
Teniendo en cuenta que los testimonios de los gendarmes implicados en el hecho, afirman haber llegado a la orilla del río, donde supuestamente habría muerto el joven oriundo de la localidad bonaerense de 25 de Mayo.
¿Ninguno de ellos vio a Santiago ahogarse?
Por su parte, los testigos mapuches sostuvieron desde un comienzo que Maldonado en realidad fue golpeado y subido a un camión que había ingresado al predio, para llevárselo por la ruta con destino a Esquel.
La Gendarmería sigue en la mira por la defensa de la familia, que enumera las irregularidades en el operativo y la posterior investigación. Para eso, desde noviembre viene exigiéndole a la Justicia que incorpore un “grupo de expertos independientes” para garantizar imparcialidad en la causa, algo que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos había advertido.
Por esta razón, el primer juez a cargo –Guido Otranto- fue separado por ser “parcial” en la investigación.
Es por esto que la familia no confía en la Justicia, que desde un comienzo desvió toda posibilidad de que la fuerza de seguridad sea responsable de la muerte del joven de 28 años.
Ahora, la causa llegará a la Corte Suprema, buscando que el Tribunal superior dé el aval para los investigadores independientes.
“Estamos pidiendo una vez más que la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte se inicie, porque hasta ahora no hubo una que sea independiente e imparcial”, dijo la abogada Verónica Heredia a Página 12.
“¿Cómo no pretender una investigación imparcial de las fuerzas de seguridad cuando desde las más altas autoridades del Gobierno se avalaron sistemáticamente el accionar de las mismas?”, dijo la abogada de la familia, quien puntualizó el rol de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la principal defensora de la Gendarmería.
El rol de Patricia Bullrich y Pablo Noceti
Bullrich había puesto en duda que Santiago haya estado el 1 de agosto durante la represión, así como también es recordada por decir que se negaba a “tirar un gendarme por la ventana” a pesar de que las primeras pericias, apuntaban a la fuerza.
La familia también recuerda que la ministra “ocultó y negó información” de personas afectadas en el operativo donde se vio por última vez a Santiago Maldonado. Principalmente, sobre la participación de su jefe de gabinete, Pablo Noceti, quien habría sido uno de los cerebros de la represión que terminó con la vida del joven mochilero.
Sin embargo, lejos de separar a gendarmes y funcionarios implicados, la ministra Bullrich ascendió a los miembros de la fuerza más complicados en la investigación como el Alférez Emanuel Echazú y recientemente, al propio Pablo Noceti.
Tras una serie de cambios en el Ministerio de Seguridad, Noceti dejará de ser jefe de gabinete para pasar a ser Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. Un puesto de poder clave que coordina entre las fuerzas y la justicia.
