En una pelea siempre desfavorable y con viento en contra, la comunidad trans y travesti del país impulsa una nueva ley de cupo laboral a nivel nacional.
Desde que asumió el gobierno actual, los casos de violencia física van en aumento. Como el caso de detención a lesbianas y festejos de un policía asesino.
En la provincia de Buenos Aires, la denominada “Ley Diana Sacayán”, -en homenaje a la referente trans asesinada en 2015- establece que el 1% de las plantas de los distintos municipios deben estar pensadas para contratar a una persona transexual o travesti.
Sin embargo, desde los colectivos de la comunidad denuncian que “no se cumplen” ni respetan, a pesar de ser una ley vigente.
En este marco, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex se congregaron para pedir que se cumpla la ley Diana Sacayán y para impulsar una nueva ley a nivel nacional.
"Todo lo que no sea hombre heterosexual está relegado a un segundo plano" sostuvo Camila Ruano, de la comisión de Mujeres y Diversidad de Unidad Ciudadana Quilmes.
De esta forma, se buscará que los derechos de las personas que quedan fuera de la heterosexualidad puedan tener mayor acceso a un trabajo digno, situación que afecta a la calidad de vida de muchas mujeres y hombres trans.
Todavía no hay estadísticas serias sobre la cantidad de personas trans que existen en la provincia y el país, por lo cual su implementación queda a voluntad de gobiernos más o menos formados en el tema de Género.
“Los tiempos que corren hacen de la sociedad, una con pensamiento único, donde todo lo que no sea hombre heterosexual, está relegado a un segundo plano”, explicó Camila Ruano, quien admitió que esto “pasa con las mujeres” y claramente con la comunidad trans y travesti.
“No nos contratan porque podemos traer problemas en los empleadores. Podemos generar molestias en los clientes. En los casos de hombres trans pueden quedar embarazados, entonces hay doble razón para no contratarlos”, criticó Ruano.
Para muchas de las mujeres y hombres trans y travestis, la violencia institucional más fuerte se percibe cuando se tiene que salir “a pelear por un derecho humano básico, que es el trabajo”.
“Desde que asumió el gobierno actual, los casos de violencia física van en aumento. Como el caso de detención a lesbianas y festejos de un policía asesino”, enumeró la activista.
El proyecto actual le da beneficios a las empresas que contraten a personas trans, como reducción de impuestos, para alentar la incorporación de trans y travestis en el mercado laboral.
“Necesitamos una oportunidad, el 99% de las mujeres trans presas están detenidas por narcotráfico o prostitución”, recordó Ruano, hablando del cambio que un trabajo puede generar en sus vidas.
