Nahuel murió baleado por la espalda el 25 de noviembre pasado, dos días después del desalojo ordenado por el juez federal subrogante Gustavo Villanueva, quien luego del hecho permitió a los mapuches volver al lugar que reclaman como ancestral y que Parques Nacionales denunció como usurpado.
Ese día fueron detenidos Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes entregaron a Nahuel malherido para su atención de urgencia –murió camino al hospital de Bariloche-, y luego liberados; pero la Cámara de Casación Penal Federal ordenó su nueva detención, por lo que son los únicos procesados en el caso.
La presidenta de la APDH nacional, Norma Ríos, afirmó que la entidad decidió acompañar a la familia de Nahuel porque entendió que “fue asesinado en el contexto de su lucha por los derechos del territorio, contra un puñado de terratenientes y un gobierno nacional que sólo beneficia a unos pocos”.
“Es una vergüenza cómo la justicia oculta y protege al que lo mató, que ya se conoce por las pericias, se oculta a la prensa el nombre del asesino y además está libre”, agregó.
Según fuentes judiciales, las pericias balísticas y otras pruebas científicas, establecieron que fueron seis los miembros de Prefectura que dispararon contra los mapuches, fuera del predio de la comunidad, que Villanueva los dejó a cargo de su custodia para evitar una nueva toma, en tanto otros dos participaron de esa incursión. Pero el juez no llamó a ninguno de esos efectivos ni realizó contra ellos imputación alguna.
Según el diario Página/12 el asesino de Nahuel ya fue identificado y es el cabo 1º Francisco Javier Pintos (foto), el albatros que más disparos efectuó -unos cuarenta- tanto con una pistola Beretta como con un subfusil MPF -ambos de calibre 99 mm.-, siendo una bala disparada por este la que impactó en un gluteo del joven mientras este escapaba monte arriba.
La dirigente nacional afirmó que “este asesino está libre y sin imputar, igual que los otros de Prefectura que dispararon contra jóvenes inocentes, y en cambio sí lo hicieron con dos compañeros de Rafael que lo bajaron del cerro moribundo” y destacó la contradicción con otros jueces federales que “por cualquier cosa disponen preventivas”.
La APDH nacional se presentará como querellante con el patrocinio del abogado local Sebastián Feudal, quien explicó a Télam que la presentación se hará en los próximos días y “será confirmada por el juez Villanueva, porque los argumentos y elementos de la presentación son por demás suficientes”.
Junto a Ríos estuvieron los padres del joven muerto, Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, quienes expresaron que “lo único” que persiguen es que “vaya preso el asesino y se haga justicia por ‘Rafita’”.
