La decisión de la Corte fue tomada al admitir ayer miércoles la solicitud de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) de retirar la inmunidad al mandatario e iniciar un antejuicio contra él por un presunto financiamiento electoral ilícito que habría llevado a Morales al poder en 2015.
El expediente, presentado el 10 de este mes por el CICG, debe ahora ser remitido al Congreso para analizar y someterlo a la votación, ha informado a la agencia de noticias Efe una fuente conocedora de la decisión.
Según la investigación preliminar, Morales recibió contribuciones de forma anómala en 2015, en su calidad de secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y no las registró en los libros contables del partido. Varios grandes empresarios del país han admitido su responsabilidad en el caso.
El dinero se utilizó para pagar a los fiscales de mesa en la primera y segunda vueltas de las elecciones, después de que Morales asegurara durante la campaña que no quería recibir contribuciones privadas para distanciarse de los partidos tradicionales.
Además, los investigadores han encontrado que se utilizó dinero del que no se dio cuenta al Tribunal Supremo Electoral para el pago de octavillas y calendarios de bolsillo de FCN-Nación, lo que constituiría “financiamiento electoral ilícito”.
El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, ha asegurado que el Gobierno respeta las decisiones judiciales y la independencia judicial, y ha adelantado que las actividades del Ejecutivo seguirán su curso habitual.
En agosto de 2017, Morales había sido ya denunciado por el mismo delito. El caso llegó hasta el Congreso, pero la solicitud para retirar su inmunidad fue entonces rechazada y archivada.
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