Este episodio se suma a la larga lista de humillaciones y violaciones de derechos a los que ha sido expuesta Milagro desde su detención en enero de 2016, hasta su sorpresivo traslado en horas de la madrugada de forma violenta, esposada, descalza y en pijama, en octubre de 2017, siempre en un marco político y mediático de estigmatización y descalificación constante hacia su persona.
A más de dos años de su ilegal detención, la líder de la Túpac no tiene sentencia firme por ninguna de las causas que se le imputan y espera el desenlace de toda esta puesta en escena en prisión, al mismo tiempo que son incumplidas de manera sistemáticas todas las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, Milagro cumple la mayor condena de su vida: la de convertirse en presa política por su condición de lideresa social, mujer negra e india.
Estamos convencidos que las determinaciones impuestas para su prisión domiciliaria violan normas elementales de los derechos de las personas. Por este motivo, desde la CTA-A responsabilizamos al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la integridad física de Milagro, exigimos juicio político al juez interviniente, Pablo Pullen Llermanos, y denunciamos al Poder Judicial provincial por el incumplimiento de la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que debía cumplir detención domiciliaria en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya, y no en un lugar alejado de la ciudad como en el que está confinada, donde las condiciones para acceder ante una emergencia como la de hoy se vuelven inhóspitas.
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