Hoy, más que nunca, se hace imprescindible recordar la responsabilidad que ha tenido la justicia en los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas en las calles. Una deuda interminable que todavía sigue vigente en nuestro país.
La agenda de agosto comenzará en San Luis, con el juicio al ex juez federal Eduardo Allende, y el fiscal federal Hipólito Saa. En la misma causa estará el ex teniente del Comando de Artillería 141, Alberto Eduardo Camps y el médico policial Jorge Omar Caram.
En Salta, por otra parte, tendrá lugar el juicio al ex juez federal Ricardo Lona, en ambos casos con los tribunales conformados. Lona llega a esta instancia por medio del proceso imputado por el juez tucumano Fernando Poviña. Su defensor, el radical Ricardo Gil Lavedra, fracasó en los planteos de nulidad que el andamiaje jurídico habilita.
Otra provincia presente en la agenda es Neuquén, allí el juez federal Gustavo Villanueva dispuso meses atrás el procesamiento del ex juez federal Pedro Duarte, el ex fiscal federal Víctor Ortiz y la entonces defensora María Ester Borghelli.
El motivo fue el de haber efectuado aportes al plan de represión ilegal de la última dictadura, en sus roles como funcionarios judiciales con desempeño en el Juzgado Federal de Neuquén en el período que abarcó desde el año 1976 y hasta el año 1984, cuando cesaron en sus cargos.
En San Juan y en Chaco la justicia sigue dilatándose. Los procesos del ex juez provincial Juan Carlos Caballero Vidal de San Juan o del ex fiscal Roberto Mazzoni de Chaco siguen con rumbo incierto, dado que la conformación del tribunal demoró ya que más de un magistrado se inhibió para integrarlo. La familia judicial de estas provincias, como en casi todas donde se ventilan estas causas, los protege.
Paraná, CABA y La Plata
En Paraná está previsto para el 6 de agosto la causa a los directores del IPP/Sanatorio del Niño. Uno de los casos emblemáticos ocurridos en este lugar es el de Sabrina Valenzuela Negro y su hermano mellizo, que nacieron en 1978 en el Hospital Militar de Paraná y fueron llevados al Sanatorio del Niño, mientras su madre Raquel Negro estaba secuestrada.
Tras el alta, Sabrina fue abandonada en un convento en Rosario y restituyó su identidad recién en 2008, en tanto su hermano continúa desaparecido. El juicio a los directores del IPP será por su participación en la apropiación y supresión de identidad de los bebés nacidos en cautiverio.
En Buenos Aires, está prevista la primera audiencia del juicio ESMA 4 para el 13 de agosto en sala AMIA de Comodoro Py. Y en los Tribunales de La Plata el comienzo del juicio al Centro Clandestino de Detención Brigada San Justo, entre otros.
El balance
De acuerdo al último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 867 los condenados, 115 los absueltos y más de la mitad de los detenidos con prisión domiciliaria.
La información comprende desde la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el 15 de junio pasado. Los prófugos son 36 y 469 personas imputadas aún no fueron llamadas a prestar declaración indagatoria.
Con relación a las medidas restrictivas de la libertad, el informe devela que son 1038 las personas privadas de su libertad en todo el país, de las cuales 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.La cantidad de causas abiertas por crímenes de lesa humanidad asciende a 597.
De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia.
Por Lucho Soria, ANRed
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