La causa tiene más de 270 víctimas y 45 imputados. Las pruebas aportadas por la CPM resultan valiosas para determinar las responsabilidades de las fuerzas armadas y de seguridad en el despliegue represivo, y el rol de la inteligencia en el espionaje, vigilancia y persecución de las víctimas.
Para la ejecución del plan sistemático de represión durante la década del 70, el Ejército Argentino dividió el país en cuatro zonas. El territorio de la provincia de Buenos Aires estaba bajo la órbita operacional del comando del I Cuerpo de Ejército (zona I) que, a su vez, se dividía en sub-zonas. La sub-zona XV abarcaba los partidos de General Alvarado (Miramar), General Pueyrredón (Mar del Plata), Lobería, Necochea y San Cayetano. Más de 40 años después, los delitos de lesa humanidad cometidos en esas localidades que tramitaban en distintas causas se unificaron en este megajuicio, el primero de estas características en territorio provincial.
En ese marco, y por requerimiento del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un extenso y valioso informe elaborado con los diversos fondos documentales que forman parte de su centro de documentación: la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), el Archivo Prefectura Naval y documentación de las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
Los documentos de inteligencia presentados a la justicia permiten reconstruir cómo operó el circuito represivo en la sub-zona XV, bajo un doble comando de control conformado por el Ejército y la Armada, que también contó con el aporte de agentes de la Policía Bonaerense y parte de sus dependencias. Asimismo, en estos archivos se revela cómo se intensificaron las acciones de inteligencia en los años previos al inicio de la dictadura para perseguir a los militantes sindicales y políticos de la región.
Al menos 272 personas fueron secuestradas por estas fuerzas represivas que actuaron de manera combinada e integrada. De estas 272 víctimas, 111 fueron liberadas, 28 de ellas fueron asesinadas y se encontraron sus cuerpos, y las restantes 133 permanecen desaparecidas. Entre el material aportado por la CPM se encuentra información sobre la mayoría de las víctimas: sólo cinco de ellas no tienen fichas personales ni legajos en la DIPPBA.
Por su parte, de los 45 imputados, 8 pertenecen al Ejército Argentino, 26 a la Armada, 3 a la Fuerza Aérea, 1 a la policía provincial y 5 a la Prefectura Naval. Dos imputados -Remigio Molina de la Fuerza Aérea y Guillermo Costa de la Marina- fallecieron.
Sobre este punto, los legajos de inteligencia dan cuenta de la participación de los imputados en operativos de persecución, espionaje, detención de personas cuyos antecedentes y actuación político–gremial fueron analizados previamente; esas detenciones tenían como primer objetivo neutralizar una posible reacción de los sectores afectados, quitándole a sus personalidades más representativas. Esas detenciones también contemplaron a “elementos con antecedentes izquierdistas y/o subversivos”.
La documentación del archivo DIPPBA que la CPM custodia y gestiona desde el 2001 ha sido reconocida y valorada por todos los tribunales en los distintos juicios de lesa humanidad que se desarrollaron no sólo en la provincia de Buenos Aires. Esta nueva presentación vuelve a evidenciar las actividades de inteligencia que se desplegaron para la persecución y el seguimiento ejercido por las Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre las víctimas del terrorismo de Estado. 40 años después, es indispensable seguir avanzando en la condena de estos delitos
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