(03/01/19 - Pres@s Polític@s)-.Marcela, Norma y Vilma acusaron a la Bonaerense por extorsionarlas para dejarlas trabajar. Los mismos delincuentes y sus cómplices judiciales les armaron una causa que las llevó tras las rejas.
Marcela vende barriletes. Su hija, plantines. Su compañera Norma se gana la vida con la venta de carteras. En tanto Vilma ofrece pochoclo en su puesto de la feria del Parque Pereyra Iraola, ese extenso territorio que une los partidos de Berazategui y La Plata.
“Ustedes van a quedar detenidas, con o sin pruebas”, les dijeron hace casi un año. Y así fue.
Las tres mujeres feriantes pasaron este 2018 las fiestas presas, como rehenes de un entramado de intereses poderosos, en el que la Policía, el Poder Judicial y el poder político han avasallado sus derechos, con tareas de inteligencia sobre ellas como si se tratara de peligrosas jefas de una banda narco. Son jefas, sí. Pero de hogar. Porque llevan el sustento a sus casas, de donde faltan desde febrero.
“La orden política parece haber sido limpiar el Parque de ‘estos sujetos’, y la Policía quiere coima a toda costa. Pero aún antes de las detenciones ellas se movieron para conseguir otro lugar y les cerraron todas las puertas, les dijeron que no había diálogo con ellos y después las mandaron presas, porque es un caso donde este era el objetivo”, explicó a La Izquierda Diario el abogado Christian Parodi.
“Hay una justicia clasista que encarcela a los pobres, las compañeras están destruidas, tienen fobias, depresión y ataques de pánico, los peritos oficiales dijeron que les den la domiciliaria pero no hacen lugar”, agregó el letrado.
Marcela es devota de la Virgen. Lourdes, su hija mayor, de 28 años, le armó una capillita en el patio de la comisaría. Rocío, de 24, y Ángel, de 18, también la extrañan, como sus compañeras y compañeros de la feria.
Marcela Gutiérrez, Vilma Díaz y Norma Marín, todas de unos cincuenta años, se hicieron vendedoras ambulantes en 2002 en el Parque Pereyra Iraola. Trabajaron nivelando el terreno, poniendo empalizadas en la zona del Camino Centenario y habilitando baños para visitantes y trabajadores.
Para consolidar el proyecto y trabajar con permiso gestionaron y obtuvieron su personería jurídica como Asociación Civil del Molino Holandés (resolución 5277).
Aunque la crisis fue aumentando el número de vendedores, algunos quedaron por fuera de la feria. Pero ellas avanzaron sin problemas durante quince años. Ante la justicia la Asociación presentó todos los documentos de su actividad comercial y su estatuto.
El desalojo
“No saben qué hacer con los que sobran del sistema, nuestro destino está signado por la suerte de los trabajadores desocupados”, escribieron en una carta pública luego del desalojo del 28 de febrero de este año.Ese día la feria amaneció con la presencia de cuatrocientos policías de la Guardia de Infantería de la Policía Bonaerense, que con topadoras arrasó con todo.
Hubo luego allanamientos en los domicilios de las mujeres, donde no secuestraron nada que las comprometiera. Las tres feriantes fueron esposadas y encarceladas en la Comisaría Quintra de Florencio Varela, en calabozos de cuatro metros por tres y medio, junto a otras veintiséis mujeres.
A Marcela una vez le subió la presión arterial y por la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria fue trasladada a la alcaidía de Melchor Romero, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. En tanto sus compañas siguen en la comisaría de Florencio Varela, con una sola visita permitida por semana y solo de familiares directos.
Este diario preguntó al abogado Parodi cómo comenzó todo esto
La causa madre está armada. Todo inició con una denuncia de corrupción policial contra ocho uniformados. Esa causa la paralizaron y, mientras tanto, armaron otro expediente paralelo por dos feriantes que “se pelearon”.
Pero ninguna de ellas había participado nunca en ese episodio. Solo hubo un gazebo roto. Pero la AFI intervino las líneas telefónicas de todos los feriantes. Viola toda proporcionalidad ordenar escuchas porque un ingeniero se peleó con otra persona que no tiene nada que ver con Marcela.
A mí me mostraban las causas frenadas. De pronto cuando unieron todo ordenaron la detención de las tres con los fiscales actuando en bloque. Pero es ilegal su prisión, porque pedí la eximición de prisión que no respondieron. La abrí por hechos nuevos, porque todos los feriantes se desdijeron: explicaron que pagan 250 pesos para tener baños químicos, seguridad y cocheras, es para mantener el parque, y a Marcela la eligieron en una asamblea, la votaron porque dicen que saben que no se queda con la plata de nadie. Fuimos hasta Casación y la Corte Suprema, y ahora el fallo de la sala II de Quilmes no lo quieren cumplir, dicen que es confuso. Nunca me pasó en veinte años de ejercicio de la profesión.
¿Ellas sufrieron violencia policial?
De la Comisaría Tercera de Berazategui les pidieron 70 lucas, algo imposible para ellos. Y ahí fue cuando las apretaron con un cuchillo. Hay una denuncia contra el oficial Martínez, que después el fiscal lo llamó a declarar en contra de ellas. Un delirio, llama a una persona denunciada por coima y amenazas diez meses antes. Marcela también fue golpeada por un individuo de apellido Pizarro, que se jactaba de trabajar para la Fiscalía y para la Policía.
¿Qué hay detrás de tanta saña?
Es todo para la foto de la ONU. Y además hay un negocio inmobiliario con el que quieren sacar a los quinteros que están en el fondo del Parque. Pero la Policía quería la coima, cueste lo que cueste.
Ellos no son una mafia. Hacen un fondo común para sus necesidades. Todos nos cerraron las puertas, hasta el propio (intendente Patricio) Mussi en Varela y en Asuntos Agrarios lo mismo, el subsecretario (Sergio) Roberts. Les dijo ‘ustedes feriantes no valen ni un centavo en mi vida, no me llamen más’. Ellos quieren migrar la feria a otro lugar y pagar el canon correspondiente. ¿De qué actividad ilícita hablan si le están pidiendo al propio Estado un predio para seguir trabajando? Son todos monotributistas.
En ese sentido la Defensoría se pronunció a favor de ellos, ¿es así?
Salió una resolución de la Defensoría del Pueblo provincial a su favor como parte de la economía popular. Censaron a todos y dijeron a la justicia que se abstenga de detenerlas porque esta gente quería establecer una feria de manera legal. No les importó nada, a los cincuenta días fueron presas. Tenían pensado encarcelarlas más allá de cómo avanzara la causa.
El instructor de la Fiscalía, Daniel Ichazo, y el juez Gustavo Mora se lo avisaron al decirles en la cara “ustedes tres van a terminar presas”, como si la Justicia ya tuviera una postura por alguna bajada de línea política de algún sector. Estoy seguro de que tuvieron un accionar espurio porque cumplieron con lo que dijeron.
Además están mal detenidas, porque siempre se mantuvieron a derecho, fueron todas las veces que las llamaron a la Fiscalía, producimos prueba, ofrecimos testigos, dijeron que iban a apartar a los policías de la Tercera de Berazategui y al final el fiscal terminó trabajando con los mismos policías que les habían pedido las coimas bajo la amenaza de que les iban a cortar el cuello con un cuchillo o pegarle un par de tiros.
¿Cómo sigue el proceso?
Después de mucha lucha obtuvo un fallo favorable de Cámara. Pero hay una resistencia de facto a dejar a Marcela Gutiérrez en libertad. Eso pasó poco antes de Navidad y ahora el juez Mora parece que pretende que pase Fin de Año encerrada.
Nunca me notifican en domicilio, y la causa está plagada de irregularidades. Se mueven de manera muy agresiva. De hecho, no de derecho. Están cumpliendo la orden de vaya a saber quién.
La defensa técnica ejercida por Parodi proseguirá su batalla a pesar del armado de la causa. Pero no hay razón que justifique el encarcelamiento de estas trabajadoras de la economía llamada informal. En un intento de interceder por ellas la semana pasada acudió al Juzgado de Garantías el obispo auxiliar de Quilmes Marcelo Magni.
Vale recordar que el apoyo que recibieron en su momento de los curas nucleados en la Opción por los Pobres no fue suficiente para evitarles este calvario a Marcela, Vilma y Norma, que sufren por ejercer su derecho a trabajar.
Por Adriana Meyer (La Izquierda Diario)
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