La llegada al poder de Morales se alcanzó como respuesta a una degradación del ámbito político generado por décadas de gobiernos neoliberales, títeres de los intereses norteamericanos.
Morales, un humorista televisivo muy popular, una especie de Marcelo Tinelli guatemalteco, hizo campaña basado en la crítica a una clase política considerada corrupta por la sociedad y al llegar al poder brindó a su pueblo más de lo mismo, pero además desprolijo.
Producto de esta decepción generada por el mandatario, organizaciones sociales de Guatemala bloquearon el tránsito en distintos puntos del país para mostrar su repudio a la Administración del presidente Jimmy Morales.
Organizaciones campesinas, sindicales y sociales guatemaltecas protestan este lunes en varios departamentos para rechazar las políticas de Morales y expresar respaldo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el mismo día en que el mandatario presentará su tercer informe de Gobierno en una sesión solemne del Congreso.
Varias entidades han convocado movilizaciones para condenar la decisión del presidente guatemalteco de dar por terminado, de manera anticipada y unilateral, el acuerdo pactado en 2007 con la CICIG.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido este mismo lunes al Gobierno de Guatemala que garantice la libertad de expresión, opinión y asamblea en las protestas convocadas.
“La libertad de expresión, sin miedo a represalias e intimidación, es la columna vertebral de la democracia”, ha destacado Bachelet a través de un comunicado en el que ha indicado también que “una cultura de derechos humanos y de paz se fortalece cuando diversos grupos sociales pueden expresarse en el espacio público”.
Morales ha provocado una profunda inestabilidad social a partir de sus controvertidas decisiones, la más reciente: expulsar a la CICIG del país, lo que de acuerdo a especialistas, tendrá serias repercusiones económicas.
La CICIG adquirió relieve en la lucha contra la corrupción en 2015, cuando junto a la Fiscalía General reveló una estructura de defraudación fiscal en aduanas, encabezada por el expresidente Otto Pérez (2012-2015), en prisión y a la espera de un juicio.
Morales, que llegó al poder con la promesa de extender el mandato de la CICIG hasta 2021, ha sido hostil a la comisión desde el comienzo de su Administración en 2016, cuando la entidad y la Fiscalía acusaron a su hijo y un hermano de defraudación fiscal. Él mismo es acusado por la CICIG de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015.
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