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Incendiaron un local de La Cámpora en Villa Tesei

(16/06/18 - Hurlingham)-.El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, mientras transcurría la votación en Diputados. El referente de esa agrupación en Hurlingham y presidente del Concejo Deliberante local, Martín Rodríguez, se había pronunciado a favor de la legalización del aborto.
    
Un local de la agrupación peronista “La Cámpora”, ubicado en Villa Tesei, partido de Hurlingham, fue atacado ayer por desconocidos que rompieron el vidrio y prendieron fuego el interior.

Según da cuenta el portal InfoBaires24, las llamas consumieron moboliario y donaciones realizadas por vecinos. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar y controlaron el incendio, que no alcanzó a propagarse.

El hecho podría estar vinculado a un sector ultraconservador que rechaza el posicionamiento del Concejal de Unidad Ciudadana, Martín Rodríguez, en favor de la despenalización del aborto.

En tal sentido, La Cámpora emitió un comunicado de repudio y el propio Martín Rodríguez subió un mensaje en las redes: “No sé si este nuevo ataque a la unidad básica habrá sido por nuestro pronunciamiento a favor de la legalización del aborto, porque todos los diputados de La Cámpora votaron a favor de la ley, o si es un hecho más de violencia política, de los que se vienen sucediendo desde 2015. Lo que sé es que la sociedad en su conjunto rechaza la intolerancia y la violencia”, enfatizó.

“Lo que sé -agregó Rodríguez- es que queremos vivir en un país mejor, distinto, en libertad. Y lo vamos a lograr de la misma manera que las mujeres lograron hoy una victoria clave en el Congreso: militando mucho, con alegría y en paz. Son un ejemplo para la democracia.”

El ataque fue repudiado por buena parte del arco político local: Nuevo Encuentro, Ate Verde y Blanca, La Mayo, Somos Nosotros, CTA Regional, Kolina, Frente Milagro Sala, el intendente Juan Zabaleta y el socialista Lautaro Aragón, entre otros.

Este no es el primer episodio de este tipo que sufre el local de La Cámpora. En 2015, poco antes de la campaña electoral, fue objeto de un ataque similar, aunque el fuego no se había propagado tanto como en esta oportunidad.

Abrazos y tomas de universidades en el centenario de la Reforma

(16/06/18 - Gestión Macri, Política Educativa)-.A cien años de la Reforma Universitaria, Conadu realiza hoy toma de universidades en todo el país. La idea es visibilizar el repudio de la comunidad universitaria frente al ajuste salarial y presupuestario del gobierno nacional.

La Semana Nacional de Lucha impulsada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en defensa del derecho a una educación superior pública y gratuita -realizada al cumplirse los 100 años de la reforma universitaria- finaliza hoy, en una jornada signada por la realización de abrazos simbólicos y actividades en todo el país, y que, en los casos de Córdoba y San Luis, incluía la toma de sedes académicas.

De esta forma, bajo la consigna “la universidad pública es una responsabilidad indelegable del Estado”, la Conadu cerrará una semana de protestas, que ayer incluso sumó la realización de un paro, en coincidencia con la medida de fuerza realizada a nivel nacional por las dos CTA y el gremio de camioneros.

“Con esta ‘Semana de Lucha’ reafirmamos que la universidad pública no va a retroceder en este contexto de ajuste”, sostuvo Federico Montero, secretario de Organización de Conadu y secretario general de Feduba.

Como cierre de las protestas, hoy se realizaban abrazos simbólicos a distintas sedes de las facultades de la Universidad de Buenos Aires y la jornada finalizará con un “banderazo”, a las 19, frente a la Facultad de Medicina y un debate sobre el centenario de la Reforma Universitaria.

“A 100 años de la Reforma, en la UBA pusimos en evidencia que los universitarios seguimos de pie”, afirmó la Conadu a través de un comunicado de prensa.

En tanto, las protestas de docentes universitarios incluían en Córdoba y San Luis la toma pacífica y simbólica de sedes universitarias.

De hecho, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se encuentra tomada desde esta mañana por el gremio docente en protesta por el “desfinanciamiento” de la universidad pública y en reclamo de paritarias.

La acción gremial fue promovida por la Asociación Gremial Docente (AGD) y, según su titular Guillermo Ashworth, “la toma es pacífica con el cierre de todos los accesos” del predio universitario.

En tanto, en la capital puntana, la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) mantenía hoy tomado el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), núcleo político y administrativo de esa casa de altos estudios, en reclamo de una reactualización salarial y mayor presupuesto para la Educación.

En diálogo con Télam, el secretario general de ADU, Ernesto Elorza, manifestó que la toma es “la continuidad del plan de lucha” por el que esta semana se realizó un paro por 72 horas y en el marco de los 100 años de la Reforma Universitaria.

El dirigente aclaró que la medida se lleva adelante en coordinación con otras universidades del país y reclama “la readecuación de la pauta salarial acorde a la inflación, que lleva a los docentes a sufrir un 50 por ciento de recorte en el poder adquisitivo de sus salarios”.

Las actividades realizadas con motivo del centenario de la Reforma se iniciaron el domingo pasado, con el “Encuentro Latinoamericano contra el Neoliberalismo y en defensa de la Universidad Democrática y Popular” en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Al día siguiente, en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), 10 mil universitarios marcharon en defensa de la Universidad Pública desde la Plaza España hasta el viejo rectorado de la UNC, en la capital cordobesa.

Carrefour cerró un centro de ventas en Tucumán

(16/06/18 - Gestión Macri, Despidos)-.Tal como sucedió en Chaco, ahora bajará las persianas un centro de ventas en Tucumán· Son las consecuencias del acuerdo firmado con el Gobierno y el sindicato.

En base al acuerdo firmado hace unos meses, Carrefour sigue implementando el ajuste anunciado. En virtud del Proceso Preventivo de Crisis que rubricaron también Armando Cavalieri, del Sindicado de Empleados de Comercio, y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, la empresa comienza a cerrar locales.

La primera que cerrará, según se comunicó en estos días, será una que está ubicada en pleno centro de Resistencia, la capital chaqueña. Pero se sabe ya que no será la única.

El portal Contexto informó este viernes que el súper de la calles 25 de mayo al 300, en San Miguel de Tucumán, también cerrará pronto sus puertas.

Ante esta situración, los trabajadores apuntan a defender sus empleos. Desde la firma, en cambio, ofrecerían retiros voluntarios de los empleados con una oferta que rondaría el 150 por ciento de indemnización.

La Fiscalía solicitó penas de hasta nueve años de prisión para cinco agentes penitenciarios por torturas a dos jóvenes en la cárcel de Ezeiza

(16/06/18 - Violencia institucional)-.Al concluir sus alegatos, los fiscales requirieron penas de 8 años para tres imputados y de 9 años de prisión para los dos restantes, en calidad de coautores del delito de torturas. El próximo miércoles 13 de junio a las 10:00 horas será el turno de los alegatos de las defensas.

El último lunes, el fiscal general Carlos Dulau Dumm y el auxiliar fiscal Horacio Galdós, de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales Federales N°1 de La Plata, alegaron en el debate oral y público que comenzó en marzo pasado en el que se juzga a cinco  agentes del Servicio Penitenciario Federal -Rubén Oscar Constantin, Jorge Enrique Puppo, Víctor Darío Salto, Sergio Hernán Giménez y Pablo Andrés Jara- por torturas a dos personas privadas de la libertad que en el año 2007 se encontraban alojadas en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

A modo de introducción, el fiscal general Dulau Dumm realizó un breve análisis sobre las distintas etapas por las que transcurrió el caso y la relevancia que representa el alcance de este tipo de hechos a instancias de juicio oral y el trabajo institucional realizado en la temática por el Ministerio Público Fiscal. Luego de ello, el auxiliar fiscal Galdós se encargó de detallar la hipótesis acusatoria y sostuvo que se tenía por acreditado que en la celda de alojamiento transitorio de la Unidad Residencial II del referido Complejo Penitenciario, denominada “leonera” en la jerga penitenciaria, los imputados  arrojaron a las víctimas al piso, boca abajo, esposados con sus manos a la espalda, para luego proceder a golpearlos fuertemente en distintas partes del cuerpo y, mientras eran sujetadas por la fuerza en la posición descripta, procedieron a golpearlos con palos y/o bastones en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas, práctica de tortura que se conoce como “pata pata” en la jerga carcelaria argentina o “falanga”, conforme las descripciones del Protocolo de Estambul confeccionado por la Organización de Naciones Unidas, a la vez que intentaron, sin quitarles los pantalones, abusarlos sexualmente con los bastones institucionales que habían utilizado para golpearlos.

Mientras se desarrollaban las agresiones los acusados  interrogaban a las víctimas preguntando insistentemente “¿dónde están los fierros?”, “justo en esta guardia hacés quilombo”, a la vez que los amenazaban con bajar sus calificaciones criminológicas. Más tarde,las víctimas fueron reintegradas a su pabellón en calidad de sancionados, previo paso por la enfermería para efectuar curaciones a las lesiones que acababan de provocar, a la vez que confeccionaron actuaciones administrativas estableciendo una versión falsa de los hechos con el objeto de procurar la impunidad de sus actos.

La hipótesis fue sostenida mediante un pormenorizado análisis de la prueba en su conjunto y la importancia de cada una, como así también las contradicciones que surgían entre éstas y los descargos efectuados por los imputados. Se observó especialmente la comparación de los informes del personal médico del SPF por la imprecisión que presentaban en comparación con los informes labrados por los profesionales del Cuerpo Médico Forense y de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Luego, los representantes del Ministerio Público se encargaron de atribuir responsabilidades a los cinco procesados en calidad de coautores y de realizar la adecuación de las conductas en los tipos penales previstos en el artículo 144 ter, incisos 1º y 3º del Código Penal, efectuando una pormenorizada descripción de los elementos que componen la figura de torturas, su regulación en el plano nacional e internacional y los desafíos que ésta presenta al momento de ser aplicada.

El alegato fiscal reparó en la importancia de los testimonios de las víctimas en este tipo de casos, donde el contexto de encierro, la condición de detenidos y el dominio institucional por parte de los agentes penitenciarios como funcionarios públicos agrega gravedad y complejidad a las tareas de investigación y juzgamiento de este tipo de hechos. Asimismo, se resaltó el daño psicológico que, además del sufrimiento físico, imprimen este tipo de prácticas en las víctimas de tortura, cuya finalidad resultó, en este caso, de tipo aleccionadora. En especial, se señaló como agravante que en esta empresa de cooperación en la que intervinieron Giménez, Salto y Jara, todos integrantes de la requisa del SPF y los jefes a cargo de la Sección Requisa Jorge Enrique Puppo y a cargo de la Jefatura de Turno Rubén Oscar Constantín, se asumieron diferentes roles complementarios para la producción de los hechos y no puede subestimarse la posición jerárquica de los dos últimos acusados, quienes debían velar especialmente por la integridad física de los detenidos y el buen funcionamiento institucional.

Finalmente, en concordancia con todos los argumentos vertidos, ambos magistrados requirieron al Tribunal que se condene a Salto, Jara y Gimenez a la pena de 8 años de prisión y a Puppo y Constantín a la pena de 9 años y a todos a inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso, en orden al delito de torturas en calidad de coautores.

El próximo miércoles 13 de junio, a las 10:00 horas será el turno de los alegatos de las defensas.

América Latina y el Caribe reafirmaron el postulado de la Educación Superior como un bien público social

(16/06/18 - América Latina)-.Tras cuatro días de intenso trabajo en la ciudad de Córdoba (Argentina), hombres y mujeres de América Latina y el Caribe, tanto de la academia como de la sociedad en general, dieron cierre a la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) con la firma de una declaración conjunta que "reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados".

Durante la última jornada del encuentro, Francisco Tamarit, coordinador general de la CRES 2018, indicó que la declaración suscrita "tiene que ser una película de la transformación de la educación superior”. Asimismo, llamó a todas las instituciones a comprometerse "con el fin de que podamos encontrar una guía para trabajar en el próximo decenio”.

En la inauguración del evento participó el profesor Boaventura de Sousa Santos quien dio una verdadera clase magistral, apropiada para la asamblea magisterial y estudiantil reunida. Caracterizó tres motivos por los cuales la universidad es hoy blanco de ataques del neoliberalismo: Por constituir reducto de pensamiento crítico, por tanto de resistencia; por analizar pasado y futuro, contrariando a un neoliberalismo que pretende un “eterno presente”. Por último, por ser siempre las universidades un proyecto nacional y desde ahí proyectarse internacionalmente, proyecto social de solidaridad en base al bien común que no conviene a una internacionalización de franquicias,

Aún defendiendo la necesidad de evaluar y ser evaluados, atacó la concepción de rankings de Universidades, poniendo de manifiesto cómo cuantificar calidades es prerrequisito para colocar al conocimiento en el rubro “mercancía”. Dichas mediciones dejan afuera la mayor parte de lo que constituye el mundo y la vivencia universitaria, los afectos, las relaciones intergeneracionales, las fiestas y varios etcéteras, convirtiéndose en inútiles a la hora de contabilizar las múltiples potencialidades del ámbito.

Finalizó su charla ofreciendo los conceptos de pluriversidad y subversidad que pueden constituirse en elementos para la radical defensa del conocimiento libre y la universidad de todos en la lucha contra la triple opresión del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado (o heteropatriarcado).

Declaración de la III Conferencia Regional de la Educación Superior
I. PREÁMBULO
Mujeres y hombres de nuestra América, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan, a luchar por un cambio radical por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable.

Hace un siglo, los estudiantes reformistas proclamaron que “los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan” y no podemos olvidarlo, porque aún quedan y son muchos, porque aún no se apagan en la región la pobreza, la desigualdad, la marginación, la injusticia y la violencia social.

Los universitarios de hoy, como los de hace un siglo, nos pronunciamos a favor de la ciencia desde el humanismo y la tecnología con justicia, por el bien común y los derechos para todas y todos.

La III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, refrenda los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana (Cuba) de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998, y de la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, y reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados. Estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña.

Reivindicamos la autonomía que permite a la universidad ejercer su papel crítico y propositivo frente a la sociedad sin que existan límites impuestos por los gobiernos de turno, creencias religiosas,  el mercado o  intereses particulares. La defensa de la autonomía universitaria es una responsabilidad ineludible y de gran actualidad en América Latina y el Caribe y es, al mismo tiempo, una defensa del compromiso social de la universidad.

La educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas  sin distinción social, género, etnia, religión ni edad.

Pensar que las tecnologías y las ciencias resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas.

Las diferencias económicas, tecnológicas y sociales entre el norte y el sur y las brechas internas entre los Estados no han desaparecido sino que han aumentado. El sistema internacional promueve el libre intercambio de mercancías, pero aplica excluyentes regulaciones migratorias. La alta migración de la población latinoamericana y caribeña muestra otra cara de la falta de oportunidades y la desigualdad que afecta, sobre todo, a las poblaciones más jóvenes. La desigualdad de género se manifiesta en la brecha salarial, la discriminación en el mercado laboral y en el acceso a cargos de decisión en el Estado o en las empresas. Las mujeres de poblaciones originarias y afrodescendientes son las que muestran los peores indicadores de pobreza y marginación.

La ciencia, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región, basadas en procesos de consolidación de un bloque económicamente independiente y políticamente soberano.

Las débiles regulaciones de la oferta extranjera han profundizado los procesos de transnacionalización y la visión mercantilizada de la educación superior, impidiendo cuando no cercenando, en muchos casos, el efectivo derecho social a la educación. Es fundamental revertir esta tendencia e instamos a los Estados de América Latina y el Caribe a establecer rigurosos sistemas de regulación de la educación superior y de otros niveles del sistema educativo.

Frente a las presiones por hacer de la Educación Superior una actividad lucrativa es imprescindible que los Estados asuman el compromiso irrenunciable de regular a las instituciones públicas y privadas, cualquiera sea su modalidad y promoviendo la diversidad institucional, para hacer efectivo el acceso universal, la permanencia y la titulación de la educación superior, atendiendo a una formación de calidad con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional.

De manera similar al año 1918, actualmente “la rebeldía estalla” en América Latina y el Caribe, y en un mundo donde el sistema financiero internacional concentran a las minorías poderosas, y empuja a las grandes mayorías a los márgenes de la exclusión, la precariedad social y laboral.

Con todo y los enormes logros que se han alcanzado en el desarrollo de los conocimientos, la investigación y los saberes de las universidades y de los pueblos, un sector importante de la población latinoamericana, caribeña y mundial, se encuentra sin acceso a los derechos sociales básicos, al empleo, a la salud, al agua potable o a la educación. En pleno siglo XXI millones de niños, jóvenes, adultos y ancianos, están excluidos del actual progreso social, cultural, económico y tecnológico. Aún más, la desigualdad regional y mundial es tan pronunciada, que en muchas situaciones y contextos existen comunidades que no tienen acceso a la educación superior, porque ésta aún sigue siendo un privilegio y no un derecho, como anhelaron los jóvenes en 1918.

En el Centenario de la Reforma, no somos ajenos al sufrimiento humano ni al mandato de la historia. No podemos seguir indiferentes al devenir del orden colectivo, a la lucha por la verdad heroica y al anhelo trascendente de la libertad humana. La Educación Superior debe constituirse desde los liderazgos locales, estatales, nacionales e internacionales, tal y como ahora están aquí representados plenamente.

Desde estos posicionamientos, será posible llevar a cabo una nueva e histórica transformación de la educación superior desde el compromiso y responsabilidad social, para garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso.

En consonancia con el cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Agenda de Desarrollo adoptada por la UNESCO (2030), instamos a los Estados a promover una vigorosa política de ampliación de la oferta de educación superior, la revisión en profundidad de los procedimientos de acceso al sistema, la generación de políticas de acción afirmativas —con base en género, etnia, clase y capacidades diferentes— para lograr el acceso universal, la permanencia y la titulación.

En este contexto, los sistemas de educación superior deben pintarse de muchos colores, reconociendo la interculturalidad de nuestros países y comunidades, para que la educación superior sea un medio de igualación y de ascenso social y no un ámbito de reproducción de privilegios. No podemos callarnos frente a las carencias y dolores del hombre y de la mujer, como sostuvo Mario Benedetti con vehemencia, “hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”.

Hace un siglo los estudiantes Reformistas denunciaron con firmeza que en una Córdoba y en un mundo injusto y tiránico, las universidades se habían convertido en el “fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”. Ha pasado el tiempo y ese mensaje cargado de futuro nos interpela y nos atraviesa como una flecha ética, para cuestionar nuestras prácticas. ¿Qué aportamos para la edificación de un orden justo, la igualdad social, la armonía entre las Naciones y la impostergable emancipación humana?; ¿Cómo contribuimos a la superación del atraso científico y tecnológico de las estructuras productivas?; ¿Cuál es nuestro aporte a la forja de la identidad de los pueblos, a la integridad humana, a la igualdad de género y al libre debate de las ideas para garantizar la fortaleza de nuestras culturas locales, nacionales y regionales?

Es por eso que creemos fehacientemente que nuestras instituciones deben comprometerse activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. Debemos educar a los dirigentes del mañana con conciencia social y con vocación de hermandad latinoamericana. Forjemos comunidades de trabajo donde el anhelo de aprender y la construcción dialógica y crítica del saber entre docentes y estudiantes sea la norma. Construyamos ambientes democráticos de aprendizaje, donde se desenvuelvan las manifestaciones vitales de la personalidad y se expresen sin límites las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

La educación superior a construir debe ejercer su vocación cultural y ética con la más plena autonomía y libertad, contribuyendo a generar definiciones políticas y prácticas que influyan en los necesarios y anhelados cambios de nuestras comunidades. La educación superior debe ser la institución emblemática de la conciencia crítica nacional de nuestra América.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un un papel preponderante en la promoción y fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región. Expresamos nuestra solidaridad con las juventudes, de nuestra América y del mundo, cuya vida celebramos, y reconocemos, en sus luchas y anhelos, nuestras propias aspiraciones a favor de la transformación social, política y cultural.

La tarea no es simple, pero es grande la causa e ilumina el resplandor de su verdad. Se trata, como profetizó el Manifiesto Liminar, de mantener alto el “sentido de un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la libertad”.

Mujeres y hombres del continente, miremos hacia el futuro y trabajemos sin pausa en la reforma educacional permanente, en el renacer de la cultura y de la vida de nuestras sociedades y pueblos.

Presentada en la asamblea de la III Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 14 días del mes de junio de 2018.

China devolvió el golpe arancelario a Estados Unidos

(16/06/18 - Guerra comercial)-.La reacción automática de China al proteccionismo de Estados Unidos dejó claro que nuevamente escaló la tensión entre la primera y segunda potencia del mundo con riesgos de una guerra comercial, ahora ensombrecida por la desconfianza.

Beijing cumplió su promesa de defender sus intereses de forma inmediata y respondió hace unas horas al anunciar un alza arancelaria del 25 por ciento y por 50 mil millones de dólares sobre 659 productos importados de la nación norteamericana.

A partir del próximo 6 de julio de 2018 pondrá en vigor los gravámenes adicionales a 545 de esos artículos que tendrán un valor de unos 34 mil millones de dólares e incluirán alimentos agrícolas y vehículos.

Aun se desconoce cuándo comenzará a regir el incremento tarifario para los restantes 114 bienes, entre los cuales figuran productos químicos, energéticos y equipos médicos.

Un comunicado de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado (Gabinete) acotó que se trata de una decisión tomada conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Exterior y del Reglamento del país sobre Aranceles de Importación y Exportación, así como los principios fundamentales del derecho internacional.

El gigante asiático respondió así a la subida unilateral de gravámenes también del 25 por ciento y por 50 mil millones de dólares que Estados Unidos impuso ayer a sus importaciones de artículos que contienen tecnología de importancia industrial.

La medida de Washington contempla los productos relacionados con el plan 'Hecho en China 2025', la apuesta gubernamental por mantener un crecimiento sostenido basado en la innovación y la alta calidad.

Al incremento tarifario lo acompañan barreras a las inversiones y a las importaciones del gigante asiático vinculadas con el sector tecnológico.

La administración de Donald Trump justifica sus acciones en que durante mucho tiempo China incurrió en supuestas 'prácticas desleales relacionadas con la adquisición de propiedad intelectual y tecnología estadounidenses'.

Esos argumentos incluso los elevó ante el órgano de disputas de la Organización Mundial del Comercio, donde Beijing los rechazó y calificó de infundados porque el intercambio de experiencias y conocimientos en esas materias entre firmas mixtas se basan en términos acordados mutuamente y por voluntad propia de las partes.

Las fricciones entre ambas potencias tuvieron su clímax en abril pasado con un cruce de medidas lesivas para los negocios en lo bilateral e internacional.

Luego a mediados mayo bajaron las tensiones con pláticas de alto nivel que arrojaron un entendimiento sobre no desatar una guerra comercial y cesar de imponerse alzas arancelarias sobre las respectivas importaciones.

Pero Estados Unidos rompió lo pactado solo 10 días después, un movimiento sorpresivo y contradictorio para Beijing.

Aunque urgió a Washington a respetar la reciente declaración bilateral, actuar conforme a lo estipulado por voluntad propia de cada gobierno y se declaró abierta a negociar, China reafirmó en todo momento que tiene confianza, capacidad y experiencia para defender los intereses del pueblo.

A juicio de expertos, resulta impredecible saber en qué parará la confrontación ahora con el añadido de la desconfianza, pues quedó demostrado que los intentos por frenarla pueden esfumarse de un momento a otro.

Además, se avizora que se caldee la situación porque Estados Unidos aplicará más gravámenes adicionales ante la respuesta de China, la cual a su vez advirtió que no se quedará cruzada de brazos y está lista para enfrentar el peor escenario posible.

Por Yolaidy Martinez Ruiz, Prensa Latina

Macri y Asnaghi abandonan a lo abuelo de Ensenada

(16/06/18 - Ensenada)-.La ciudad contaba con el servicio de emergencias de la empresa UDEC que tenía base y ambulancias en Ensenada. A partir del 2016 las autoridades del Cambiemos otorgaron la concesión del servicio a la empresa capitalina Vital que no cuenta con base operativa ni ambulancias en la ciudad.

A los reclamos por falta de medicamentos, y cobertura en las prestaciones, se suma el abandono de las ambulancias en nuestro distrito desde el 2016, año que Cambiemos se hizo cargo del gobierno.

Los concejales de Cambiemos, encabezados por Asnaghi, se negaron a votar el pedido para que regresen las ambulancias y la base operativa a la ciudad.

El Concejal del Interbloque Sekista, Esteban Spivak, sostuvo que “los inconvenientes con el tema de emergencias y traslados se vienen agravando día a día; hemos recibido un montón de denuncias de familiares que nos plantean casos donde la demora es terrible. Solicitamos en la sesión del concejo que las autoridades de PAMI revean esta situación y que le exijan a la empresa que ponga una ambulancia para los afiliados de Ensenada. Además nos parece una medida discriminatoria porque los afiliados de La Plata tienen ambulancias y base operativa en su distrito y los abuelos de Ensenada tienen que esperar una ambulancia que venga de La Plata”.

La incitativa del Interbloque Sekista fue acompañada por el Frente Renovador y la UCR pero, los concejales de Cambiemos se opusieron al pedido.

Lo llamativo es que mientras los concejales de Cambiemos defendían su postura, en la ciudad se registraba una denuncia grave por el caso de un abuelo que esperaba por una ambulancia y la misma llegó 4 horas y media tarde.

El caso de que funcione mal un servicio privado, repercute también en el sistema estatal porque se sobrecarga la emergencia pública. La estadística de cobertura en el servicio público aumento más de un 50%. “La eficacia de un servicio médico es que el móvil esté disponible, no ocupado, y luego que este cerca” finalizó el edil del Interbloque Sekista.