Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 6:00
Sociedad
(23/12/15 - Lesa Humanidad)-.Hay 22 represores que son juzgados por su accionar en ese centro clandestino de detención, que funcionó en el fondo del Batallón de Ingenieros 181. Son ex integrantes del Ejército, Gendarmería, policías y civiles. Se los acusa de delitos cometidos contra 28 víctimas. Catorce de ellas siguen desaparecidas.
El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén reanudó ayer el juicio Escuelita IV, en el que 22 represores son juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Es el cuarto debate oral en el que se ventilan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el fondo del Batallón de Ingenieros 181. Los acusados son ex integrantes del Ejército, Gendarmería, policías y civiles. Son juzgados por delitos cometidos contra 28 víctimas, 14 de las cuales continúan desaparecidas.
Entre los imputados se encuentra Raúl Guglielminetti, alias Guastavino, un ex agente civil del Ejército que fue reconocido por sus víctimas cuando llegó a ser guardaespaldas del ex presidente Raúl Alfonsín. Guglielminetti comenzó su accionar en Neuquén como personal civil del destacamento de inteligencia 182, estuvo ligado al Batallón 601 y a la banda paramilitar de Aníbal Gordon.
—Este es mi cuarto juicio —dijo el acusado en la audiencia de hoy. Fue cuando el presidente del tribunal, Alejandro Silva, le preguntó por sus antecedentes penales. Al igual que la mayoría de los acusados, el ex agente civil del Ejército se negó a declarar. Actualmente está detenido en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, en Neuquén.
La lista de acusados
La lista de procesados continúa con Enrique Braulio Olea, ex jefe del batallón militar 181 donde funcionó el ex CCD "La Escuelita"; Oscar Reinhold de Inteligencia y Luis Alberto Farías Barrera ex jefe de personal, ambos del Comando de la Sexta Brigada de Montaña; los ex miembros de Inteligencia Militar Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; y los ex jefes militares José Luera y Osvaldo Laurella Crippa. Así como el ex teniente primero Gustavo Vitton e Hilarión de la Paz Soza, ex jefe de Sanidad del Comando militar.
También están imputados por el accionar represivo y los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Río Negro Dervi Marchetti, policía de San Carlos de Bariloche; y el comisario Alberto Camarelli, el suboficial Enerio Huircain, Saturnino Martinez y los policías Miguel Ángel Quiñones y Julio Héctor Villalobo, todos de la comisaría de Cipolletti.
También serán juzgados Jorge Soza, ex subjefe, y Miguel Ángel Cancrini, ex oficial, de la Policía Federal delegación Neuquén; Gustavo Sommer y Emilio Rozar agentes de policía de Neuquén; el ex gendarme de Chos Malal Ramón Saboredo; y Enrique Sires, militar de la Compañía de Comunicaciones.
Delitos cometidos en el marco del genocidio
En las primeras audiencias públicas, el fiscal Walter Romero acusó a los imputados por delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios, mientras que la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) pidió que se los imputara por el delito de “genocidio”.
Durante el debate oral se juzgarán los casos de 28 víctimas que no han sido abordados en juicios anteriores; se espera obtener información durante las audiencias de las víctimas que continúan desaparecidas: Celestino Aigo, Orlando Cancio, Horacio Girardello, Jesús González, Felipe Lara, Horacio Magariños, Rodolfo Marinoni, José Méndez, Mateo Nieto, José Pichulman, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario y Leticia Veraldi. Se supone que la gran mayoría pasaron por La Escuelita, ubicado en las afueras de la capital provincial, a unos cuatro kilómetros del aeropuerto. Estaba conformado por dos edificios separados por unos 10 metros, incluida una casa vieja donde estaban recluidas las personas ilegalmente privadas de la libertad.
El centro clandestino disponía de una comunicación peatonal con el Batallón y el acceso principal era a través de una tranquera controlada por el Puesto de Guardia 5.En 2015, el lugar fue señalizado como "Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado" por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.
