Nadie discutió, tras los atentados del 13 de noviembre en París (capital gala), la necesidad de declarar un estado de excepción, pero cuando el Gobierno de François Hollande quiere hacer de la excepcionalidad, la norma diaria, las voces se levantan para denunciar un retroceso democrático.
Las organizaciones ciudadanas, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONG acusan al Gobierno de querer hacer callar las voces de protesta que llegan desde la sociedad, de querer amordazar la voz popular contra una política que ha sumido al país en la crisis.
La sociedad francesa pide que se respete la libertad de manifestación, de reunión, de expresión, que se levante el estado de emergencia, que se abandone la persecución judicial contra los militantes asociativos, piden que se respete la democracia.
La utilización política del estado de emergencia ha llevado a una parte de la ciudadanía a rebelarse contra el Gobierno pues manifestaciones contra el desempleo, o en defensa de los derechos sociales, no tienen nada de subversivas, ni ponen en peligro la seguridad del Estado.
*Por Juan José Dorado, Hispan TV, París
