En la última audiencia del año en el juicio conocido como “Nuna Puka” (Almas Rojas) tres testigos precisaron cómo fueron los operativos de secuestros y dieron detalles de los tormentos padecidos. Es el cuarto juicio de lesa humanidad en Jujuy y, para el fiscal Pablo Pelazzo, hasta aquí “los testimonios confirmaron el circuito represivo, con la existencia de torturas, interrogatorios y los secuestros direccionados según los operativos”, según dijo a Infojus Noticias.
El debate se pasó para el 3 de febrero, y de acuerdo al cronograma oficial, quedarían tres meses para la sentencia.
En este proceso oral y público se investiga el secuestro de 17 militantes del Partido Comunista y la desaparición de ocho de ellos, de quienes no se sabe nada desde el 15 de diciembre de 1976, momento en que algunos de ellos fueron trasladados en un vehículo -en simultáneo al traslado de otros detenidos-, del penal de Villa Gorriti al Aeropuerto “Horacio Guzmán”.
Por estos hechos hay 14 ex militares, agentes retirados de las policías Federal y Provincial, y personal del Servicio Penitenciario imputados, entre los que se encuentran autores materiales que “participaron del traslado y deben saber dónde están”, explicó Paula Álvarez Carreras, una de las abogadas querellantes.
Para Pelazzo, el motivo del secuestro de los militantes aún es un misterio. “Ese grupo no estaba tan inserto en lo sindical –dijo-, pero algunos eran críticos del sistema económico. El resto eran muy jóvenes. Lo que se suponemos es que fue una especie de escarmiento. Una hipótesis todavía no confirmada es que la policía los castigó porque habrían atentado contra una comisaría”.
Como balance del juicio, el fiscal aclaró que la represión en Jujuy ocupó todas las zonas, no sólo la ciudad de San Salvador, sino pueblos del interior de la provincia. “También confirmamos un centro clandestino que funcionó en la Central de Policía”, dijo y agregó: “En este proceso, hubo una inteligencia previa con este grupo de militantes, con detenciones seleccionadas y un foco operacional”.
Secuestros, torturas y traslados
En la última jornada declararon los testigos Teresa Ramona Postigo y Carlos Elías, ambos ex compañeros de trabajo del desaparecido Paulino Galean. Además, testimonió la víctima Pablo Roberto Lacsi. Galean era dibujante en la Dirección de Arquitectura de la provincia. Lo secuestraron de su lugar de trabajo.
En su intervención, Lacsi contó que fue detenido en la localidad quebradeña de Volcán durante 1976: "Policías me sacaron de un bar, me llevaron a la Seccional 12, donde estuve unos días. Me torturaron, nos pateaban, nos pegaban”, dijo ante los jueces.
Además contó que lo interrogaron con vendas en los ojos. Primero lo trasladaron a la Comisaria de Humahuaca y posteriormente a la Central de Policía de la capital jujeña. “Me preguntaban qué relación tenía con el comunismo”, dijo.
La víctima recordó que al ser trasladado a la central policial vio detenidos a Paulino Galean, Cresente Galean, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Rosa Santos Mamaní, Manuel Vivas, todos militantes del PC.
Ante las preguntas de fiscalía, detalló que “en ese lugar también fui torturado, nos ponían boca abajo, nos desvestían y nos pegaban, comíamos lo que nos llevaba los familiares, pero no podíamos verlos, sólo podíamos hablar entre nosotros y dormíamos en un lugar adaptado como una celda”.
Lacsi indicó que después de unos días lo trasladaron al penal de Gorriti y recordó que en diciembre del mismo año "nos llevaron al aeropuerto" y les decían que los iban a trasladar a Buenos Aires, "pero eso no sucedió”, agregó.
En la causa están imputados ex militares, agentes retirados de las policías Federal y Provincial, entre ellos, Alberto Callao, Juan Carlos Vaca, Siro Goyechea, Armando Ruíz, Armando Claros, Carlos Alberto Gutiérrez y Ramón Herrera. También están acusados Catalino Soto, Melanio Portal, Federico Colmenares, Teodomiro Batalla y Jorge Ernesto Mendoza, que llegaron al juicio oral en libertad. Completan la lista de imputados Rafael Mariano Braga y Eduardo Bulgheroni, ya condenados a prisión perpetua durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en la provincia.
Tras la audiencia la abogada querellante de la Asociación HIJOS Regional Jujuy, Andrea Llupiañez, dijo que “se transita la recta final del juicio y estamos con muchas expectativas”. “Como querellantes pudimos recabar un cúmulo de pruebas que hacen procedente la condena de los que hoy están sentados en el banquillo”, sostuvo la abogada a la vez que señaló que “estaríamos acreditando la veracidad de los dichos”, para demostrar que los imputados “son los responsables”.
Las audiencias se retomarán en febrero del próximo año. Está previsto que se realice una inspección ocular en las instalaciones de la Unidad 1 del Servicio Penitenciario de Gorriti.
