El pleno de la CSJ decidió ordenar la “detención provisional con fundamento en la declaratoria de rebeldía en firme dictada el 11 de diciembre” pasado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, porque no asistió a una audiencia a la que fue citado por el caso de las escuchas ilegales a más de 150 personas.
Los magistrados del Supremo decidieron además “autorizar al magistrado juez de garantías a diligenciar el cumplimiento de esta medida cautelar personal”.
Así lo indica la resolución judicial tomada este lunes por el pleno de la CSJ, leída al término de una audiencia oral y pública por el magistrado Luis Mario Carrasco, relator de la diligencia judicial.
En la audiencia, que comenzó poco después de las 15:00 hora local y finalizó cerca de las 22:40 hora local los magistrados debían decidir si autorizaban la detención de Martinelli, como solicitó por el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, y querellantes.
“Es notorio que la actitud asumida” por Martinelli “de sustraerse de la jurisdicción nacional (…) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue” por el caso de las escuchas, argumentó el pleno.
Añadió que “existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales” del expresidente, que se encuentra ahora en Estados Unidos según sus abogados.
Martinelli es ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y dada esa investidura solo puede ser procesado por la Corte Suprema y mediante el novedoso sistema penal acusatorio, que establece procesos orales y abreviados.
El magistrado fiscal Díaz acusa al ex jefe de Estado de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y delitos contra la administración pública, que suman un total de 21 años de cárcel.
Martinelli, un magnate de 63 años con variados intereses económicos, dice ser un “perseguido político” del actual Gobierno de Panamá, que dirige quien fuera su vicepresidente Juan Carlos Varela, debido a que la Justicia le ha abierto al menos seis expedientes por diversos delitos de corrupción.
El expresidente salió de Panamá el pasado 28 de enero, cuando el Supremo abrió la primera causa penal en su contra, por un caso de compra con supuestos sobrecostes de alimentos a través del gubernamental Programa de Ayuda Nacional (PAN).
