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El bloque de concejales del FPV-PJ repudió la intervención a la AFSCA y la represión en Cresta Roja

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:52

(24/12/15 - Avellaneda)-.Los ediles de Avellaneda emitieron un comunicado, en el que piden a Macri "no utilizar las atribuciones propias de su investidura para atacar a quiénes pensamos diferente". También repudiaron la represión a trabajadores de "Cresta Roja".

El texto completo del comunicado de los concejales del FPV-PJ de Avellaneda sobre la intervención en AFSCA es el siguiente: 

 El bloque de Concejales del Frente Para La Victoria - Partido Justicialista (FPV - PJ) de la ciudad de Avellaneda, repudia enérgicamente a través del presente, la intervención arbitraria llevada adelante por Decreto del presidente de la Nación Mauricio Macri, de los organismos AFSCA Y AFTIC.

 Este honorable bloque legislativo considera un verdadero atropello a los valores democráticos la forma por la cual el Gobierno Nacional intenta destituir funcionarios públicos como Martín Sabbatella y Norberto Berner, quienes deben cumplir mandato en los mencionados organismos hasta el año 2017 según se votó en el Honorable Congreso de la Nación de forma democrática y como la ley lo dictamina.

 La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crea un ente autárquico y descentralizado, declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, consideramos que la intervención de los mismos guardan un espíritu profundamente autoritario y retrógrado que nos devuelven a momentos de nuestra historia a los que no estamos dispuestos a retornar. 
Consideramos como débiles los argumentos del Ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad, en los que menciona el carácter militante de Sabbatella de manera perversamente connotada, entre otros desafortunados comentarios. Reivindicamos ante esto, la libertad de expresión de todos los sectores y llamamos al Sr. Presidente a no utilizar las atribuciones propias de su investidura para atacar a quiénes pensamos diferente.

 Interpelamos al poder judicial a que se expida y manifieste sobre este tema, atendiendo la comparecencia de las autoridades de la AFSCA y AFTIC, ya que en pleno uso de sus facultades están siendo removidos sin contemplación alguna, como si de un gobierno de facto se tratara. Aguardamos que la justicia actúe en el marco de las normativas vigentes hasta el día de hoy y se ubique del lado del orden democrático y sus valores.

 Consecuentemente, solicitamos al Presidente Mauricio Macri que reflexione y analice los reiterados atropellos contra la Constitución Nacional que ha encabezado a escasos días de su asunción y a comprometerse realmente con el diálogo, del cual nos habló en épocas de campaña electoral.

 También, sobre la represión a trabajadores de Cresta Roja
Los concejales del FPV-PJ también emitieron el siguiente comunicado sobre los episodios ocurridos durante el conflicto de la mencionada empresa: 

 El bloque de Concejales del Frente Para La Victoria - Partido Justicialista(FPV - PJ) de la ciudad de Avellaneda, manifiesta mediante el presente comunicado, su más enérgico repudio ante la brutal represión ejercida en el día de ayer por parte de las fuerzas policiales, hacia los/as trabajadores/as de la empresa “Cresta Roja”.

 Entendemos que éste lamentable acontecimiento, responde a expresa definición política del Presidente de la Nación Mauricio Macri, por lo cual, hacemos responsable al Gobierno Nacional de criminalizar la protesta social y tomar una postura completamente antidemocrática ante el reclamo legítimo de cientos de trabajadores/as.

 Por su parte, seguimos sosteniendo que éste modelo neoliberal que libra los destinos de millones de familias argentinas a la mano del mercado, no cierra sin represión. Expresamos nuestra preocupación ante la evidente incapacidad de mediación pacífica de los ministros del gabinete nacional pertinentes y solicitamos al Presidente Mauricio Macri a reflexionar y a comprometerse realmente al diálogo, del cual nos hablaba en épocas de campaña electoral.

 Desde nuestra ciudad, éste honorable bloque legislativo seguirá tomando postura por quienes más lo necesiten. Seguirá comprometido con un modelo de ciudad que garantice el trabajo y la libertad de expresión. Continuará apoyando al gobierno local del Ing. Jorge Ferraresi, que es fiel reflejo de las políticas de Estado que en estos últimos doce años, le han devuelto la dignidad a nuestro Pueblo.

Del Caño cuestionó la represión de Gendarmería: “mostraron su peor cara”

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:52

(24/12/15 - Represión en Cresta Roja)-.El diputado nacional remarcó que “se habla de protocolos con palabras muy lindas, pero lo que concretamente se está debatiendo es cómo van a reprimir la protesta social”.

El diputado nacional Nicolás Del Caño cuestionó la represión de la Gendarmería y el desalojo de los trabajadores de Cresta Roja ocurridos en la Autopista Riccheri, al asegurar que “es totalmente repudiable y toda esta provocación que han dicho alrededor de supuestos infiltrados de izquierda ha sido una cosa vergonzosa”.

 “Se habla de protocolos con palabras muy lindas, pero lo que concretamente se está debatiendo es cómo van a reprimir la protesta social y el martes mostraron su peor cara, que quien no quiera aceptar las condiciones, va a ser reprimido”, remarcó.

 Además, Del Caño señaló que “la represión será un método que no puede no ser habitual con las políticas que se están planteando”.

 Por último, el ex candidato presidencial del FIT destacó que “en pocos días con el levantamiento de las retenciones y la devaluación de la moneda se ha beneficiado a unos pocos, mientras que para los jubilados se otorga un bono de 400 pesos”.

“Juicio a los Jueces”: el debate entró en receso hasta el 11 de febrero

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:51

(24/12/15 - Lesa Humanidad)-.En la última audiencia del año, el tribunal continuó escuchando el alegado de Fernando Peñaloza, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

 El eje fue la relación entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales. El debate pasó a un cuarto intermedio hasta luego de la feria judicial. Entre los acusados, se encuentra el ex camarista Otilio Romano.

El megajuicio por delitos de lesa humanidad conocido como “Juicio a Jueces”, en Mendoza, entró en un receso hasta el 11 de febrero. En la última audiencia, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, continuó con su alegato, que ya ocupó cuatro jornadas en el debate.  La relación entre las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales fue el eje.  

 “La justicia no sólo que no investigó sino que montó una farsa en hacer oficios que nunca se profundizaron. Y muchas veces se resolvía que no había delitos en los casos, es decir, dictaminaban sin investigar que no se podía hacer nada. 

 Esa conducta consolidó una impunidad, que se perpetuó en la democracia porque la mayoría de estos jueces y fiscales fueron los jefes de la corporación judicial”, dijo a Infojus Noticias el abogado querellante por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MED), Carlos Varela Álvarez.

 En los pasillos judiciales se especulaba que Peñaloza iba a solicitar las penas, pero no concluyó y el tribunal, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, decidió pasar a un cuarto intermedio para después de la feria judicial, a partir del 1 de febrero del próximo año. 

 El fiscal Dante Vega pidió al Tribunal y a las partes que se busquen mecanismos para que los alegatos tengan un desarrollo menos extenso, ya que calificó de inédito lo que sucede en Mendoza. “Aquí no se permitió la unificación de los alegatos de las diferentes querellas, como sí se hizo en el juicio de la ex ESMA”, dijo. 

 Un juicio singular
El juicio, que comenzó el 17 de febrero de 2014, es inédito: además de juzgar a policías, militares y la participación de ex funcionarios judiciales en el terrorismo de Estado contempla, por primera vez en la provincia, los ataques sexuales que sufrieron las ex detenidas y secuestradas, como un delito independiente de otros delitos como torturas y secuestros.

 Son juzgados 31 imputados contra 200 víctimas, entre ellos, el ex camarista Otilio Romano; otros ex magistrados que prestaron funciones en la última dictadura, como Luis Miret y Guillermo Petra Recaberren; y el ex juez federal Rolando Carrizo. 

 El punto común de la acusación a los ex funcionarios judiciales es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos. Hay testigos, además, que vieron a algunos de ellos en los centros clandestinos de detención.

 El listado de imputados también lo integran Ricardo Benjamín Miranda Genaro; Amando Osvaldo Fernández Miranda; Luis Alberto Rodríguez Vázquez; Juan Agustín Oyarzabal Navarro; Alcides Paris Francisca Beccaria; Dardo Migno Pipaon; Paulino Enrique Furió Etcheverri; Ramón Ángel Puebla; Carlos Horacio Tragant Garay; Eduardo Smaha Borzuk; Mario Alfredo Laporta Chielli; Miguel Ángel Ponce Carrera; Juan Carlos Ponce Ochoa; Héctor Rubén Camargo Granda.

 Lo completan Armando Hipólito Guevara Manrique; Pedro Modesto Linares Pereyra; Marcelo Rolando Moroy Suárez; Miguel Ángel Tello Amaya; Felix Humberto Andrada Ferreira; José Antonio Fuertes Fernández; Diego Fernando Morales Pastrán; Oscar Alberto Bianchi Bartell; Julio Héctor La Paz Calderón; Pablo José Gutierrez Araya; Antonio Indalecio Garro Rodríguez; Rubén Darío González Camargo; y José Antonio Lorenzo Constantino.

 “Los jueces garantizaron la impunidad”
La conducta de los cuatro ex jueces imputados, que se negaron a promover investigaciones pese a las pruebas existentes y a la constante aparición de nuevos elementos aportados por familiares de detenidos–desaparecidos, quedó en evidencia durante la intervención del representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

 También quedó al descubierto, de acuerdo a los dichos de Peñaloza, que no es posible que desconocieran lo que estaba sucediendo en el marco de la represión disfrazada de lucha antisubversiva.

 Entre los casos más importantes –que llegan a 100 y 130 por querella–, Peñaloza destacó los hábeas corpus presentados por familiares de Luis Alberto Granizo y Néstor López Fornés, ambos desaparecidos y posteriormente asesinados, y cuyas causas fueran archivadas por los ex jueces Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Max Petra Recabarren y Evaristo Carrizo. Los consideró como “emblemáticos y que ejemplifican el acuerdo de impunidad armado entre las fuerzas de seguridad y los ex magistrados”. 

 Granizo fue detenido antes del golpe militar, cuando caminaba por la calle. Era la mañana del 8 de noviembre de 1975 e iba a llevarle dinero a su hermana.  Veinte días después, apareció con cuatro tiros en la cabeza y calcinado al costado del camino del Campo Las Lajas, centro clandestino de detención dependiente de la fuerza aérea.

 A Néstor López Fornés, mientras tanto, lo secuestraron el 12 de diciembre de 1975 de su domicilio, ante los ojos de su esposa y sus dos hijos. Los captores vestían uniforme de la policía mendocina. “Lo buscamos en la comisaría y todos los lugares pero negaron su detención”, dijeron sus familiares cuando declararon en el juicio.  Quince días después, el cuerpo de Néstor apareció con los ojos vendados y acribillado por once disparos.

 Ambos tenían una activa participación en el gremio gastronómico de Mendoza. La noticia sobre la  aparición de los cadáveres salió en la prensa  y sus familiares tramitaron hábeas corpus ante el Juzgado Federal. En su alegato, Peñaloza dijo que “existió prueba directa y comprobadas causales de muerte”; sin embargo, Miret y Romano rechazaron los recursos judiciales y, sin procurar la menor investigación, archivaron la causa. Éstos son, dijo, “los casos en los cuales comienza a sellarse el acuerdo de impunidad entre los magistrados y los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad”.

 Además, destacó que las particularidades de la megacausa radica en que cuatro de los imputados –Romano, Miret,  Petra Recabarren y  Carrizo– son ex funcionarios de la Justicia Federal sobre quiénes pende “la hipótesis desarrollada en la acusación y la ampliación respectiva” de que “existió delito en su accionar, tuvieron conocimiento de sus consecuencias y participaron de la estructura de poder brindando impunidad a los autores directos”.

 En este punto detalló que, para la investigación en casos de desaparición de personas, refirió a los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), donde “se daba expresa indicación a los magistrados de entonces sobre cómo proceder ante los recursos de hábeas corpus, tras advertir falencias en la tramitación de numerosos casos”. 

 Por último, sobre los ex magistrados, dijo que después de la última dictadura “procuraron garantizar la impunidad sostenida en el tiempo”, y realizó un repaso por cada una de las causas que integran la acusación.

Bolivia amenaza con cortar el suministro de gas a Argentina por una deuda incumplida

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:51

(24/12/15 - Bolivia)-.El ministro de Economía del país del altiplano, Luis Arce, aseguró el miércoles que Argentina le debe a su país unos 300 millones de dólares por ventas de gas, y amenazó con cortar el suministro si la deuda no es saldada.

 Bolivia le vende a Argentina unos 16 millones de metros cúbicos diarios de gas.“Tenemos un contrato firmado, si no se cumple, el Estado boliviano tiene la opción de tomar acciones”, advirtió Arce.

 Me imagino (que el Gobierno argentino) estará calculando el hecho de que nosotros podamos cerrar válvulas, en fin, tomar algunas medidas que pueden tener un efecto mucho más grave en la  economía argentina”, afirmó el ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce.    
El titular boliviano afirmó que las facturas adeudadas son dos y que, “de acuerdo al contrato, si entrara un tercero más en vencimiento” Bolivia tendría que “actuar mucho más contundentemente”.

 A principios de mes, el presidente boliviano, Evo Morales, pidió que el contrato de exportación de gas a Argentina sea respetado por el Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri.

 “Me imagino (que el Gobierno argentino) estará calculando el hecho de que nosotros podamos cerrar válvulas, en fin, tomar algunas medidas que pueden tener un efecto mucho más grave en la economía argentina”, indicó Arce.          

 “Seguramente van a tomar en cuenta este retraso que seguramente es administrativo por el cambio de Gobierno”, agregó.

 Argentina es el segundo comprador más importante de gas boliviano, después de Brasil, con 16 millones de metros cúbicos diarios y tiene vigente un contrato que podría ampliarse hasta 27 millones de metros cúbicos. Los ingresos por la venta de gas a Brasil y Argentina representan para Bolivia casi la mitad de sus exportaciones.

Policía disuelve una protesta de afroamericanos en Minnesota

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:51

(24/12/5 - USA)-.La Policía estadounidense ha impedido a un grupo de afroamericanos llevar a cabo una concentración contra la discriminación racial y la violencia policial en el suburbio de Bloomington (Minnesota-Estados Unidos).

 Un grupo de activistas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) se concentró el miércoles frente a uno de los centros comerciales más grandes de Bloomington, The Mall of America, para manifestar su indignación por el asesinado de un afroamericano a manos de la Policía de EE.UU. en el estado de Minneapolis (norte) el mes pasado, no obstante, fue dispersada rápidamente por los cuerpos de seguridad del Estado.

 Tras ser dispersados por la Policía y efectivos de seguridad, los indignados se desplazaron hasta el aeropuerto internacional de la ciudad, donde cerraron brevemente las vías que conducían a las terminales, dijo un portavoz del aeropuerto.

 En la terminal número 2, agregó, los dispositivos de seguridad cerraron las vías de acceso de seguridad para impedir que los indignados accedieran a aéreas de seguridad.

 Horas antes, unas 100 personas se habían dispuesto a concentrarse en el centro comercial The Mall of America a pesar de la advertencia de un juez de que los propietarios podían legalmente bloquear la protesta.

 Las protestas se desataron en Minneapolis después de que Jamar Clark, de 24 años, muriera a raíz de los disparos realizados por dos agentes de policía el pasado 15 de noviembre. 

 De acuerdo con declaraciones de la Policía, Clark, que recibió dos tiros en la cabeza, era sospechoso en un caso de asalto. En cuanto a los hechos hay personas que aseguran que fue abatido cuando se encontraba esposado.

 Pese a la promesa de las autoridades locales de abrir una investigación sobre las violaciones de los derechos civiles en el referido estado, los manifestantes afirmaron que continuarán con sus protestas hasta que se esclarezcan los hechos.

 Entre sus demandas, piden la divulgación del video que recoge el momento en el que el joven negro fue disparado, así como la identificación de los policías involucrados en los hechos.

 La violencia policial contra la comunidad afroamericana no es un fenómeno nuevo. Entre las miles de víctimas mortales de la brutalidad policial en Estados Unidos se encuentran Walter Scott, Eric Garner y Michael Brown, tres jóvenes de raza negra fallecidos en los últimos años.

 La escalada de la violencia policial y de abusos de la fuerza por parte de agentes del orden ha desencadenado una ola de protestas antirracistas en EE.UU.
En los últimos 15 años, al menos 5 600 personas han perdido la vida en EE.UU. por la brutalidad policial, según muestra un mapa interactivo basado en los datos de la organización no gubernamental Fatal Encounters, publicado el pasado mes de abril.

El Gobierno creó por decreto el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:45

(24/12/15 - Medios)-.Se encuentra en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del decreto Nº 12/15 que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, a la vez que modificó la Ley de Ministerios a través del decreto 13/15.

En este sentido, desde la Jefatura de Gabinete que preside Marcos Peña se emitió el Decreto N° 237/2015 que especifica que al Sistema de Medios y Contenidos Públicos le competen las funciones de "asistir al jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a las expresiones tecnológicas, artísticas, educativas, culturales, informativas y formativas, y aquellas vinculadas a la divulgación del conocimiento que el Estado propicie difundir a través de medios audiovisuales, redes digitales, parques temáticos u otros".

 Además señala que intervendrá en la administración y el funcionamiento de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) integrada por LS82 Canal 7, LRA Radio Nacional, y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).

 También sostiene que el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos tendrá injerencia "en la administración y el funcionamiento de TELAM Sociedad del Estado".

 A su vez tendrá entre sus funciones colaborar con la Jefatura de Gabinete de Ministros en la planificación y administración de la ejecución de la publicidad oficial de los actos de gobierno.

 En otro inciso se detalla que el nuevo organismo coordinará con el Ministerio de Educación y Deportes "el contenido y funcionamiento de las señales Encuentro, Paka Paka y Depor TV y del Polo de Producción Audiovisual".

 En tanto, especifica que también entenderá “en la administración y operación del Parque Temático Interactivo del “Proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte".

 “Participar en el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, pudiendo delegar dicha función en un funcionario del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos con rango no inferior a Secretario”, es otra de las funciones señaladas en el decreto publicado hoy.

 Asimismo entenderá en la administración, operación y desarrollo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), sus señales, medios relacionales y conexos.

 Otro punto señala que cumplirá con "los criterios centrales de respeto del pluralismo político, religioso, cultural, lingüístico y social en la generación de contenidos públicos".

 Finalmente el decreto expresa que el Sistema de Medios y Contenidos Públicos entenderá en la administración, operación y programación del Proyecto Centro Cultural Kirchner y en la participación del Estado Nacional en la cadena de noticias regional 

Protestas en Córdoba por una serie de proyectos del gobierno provincial aprobada por la Legislatura

Publicado por: Redacción Hora de publicación: 9:45

(24/12/15 - Córdoba)-.La legislatura unicameral de la provincia de Córdoba aprobó los proyectos impulsados por el gobernador Juan Schiaretti, que implican la reforma en el método de cálculo de haberes de jubilados, el fin del diferimiento de los aumentos a los pasivos (ley 10.078), que cobraban seis meses más tarde los incrementos que reciben los estatales en actividad y la derogación de la tasa vial, impuesto que se aplica sobre los combustibles, fondo destinado a la construcción y a la reparación de rutas.

Desde enero, los jubilados provinciales cobrarán el 89 por ciento del salario neto correspondiente a su escalafón de un personal en actividad. Hasta ahora, el cálculo se hacía sobre el 82 por ciento del salario en bruto, explicó el titular del bloque oficialista de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez.

 Los gremios entienden, en cálculos preliminares, que los jubilados pasarán a cobrar el 74 por ciento del salario en bruto, es decir que habrá un recorte del 8 por ciento.

 Ante esto, decenas de activistas se acercaron al céntrico edificio de la Legislatura, que estaba vallado y con una fuerte custodia de efectivos policiales, lanzando buena cantidad de bombas de estruendo, alterando el movimiento del comercio, cuando mucha gente efectuaba sus compras navideñas.

 Gutiérrez negó que esta medida forme parte de un ajuste y aclaró que ningún jubilado cobrará menos en enero que en la actualidad.

 "En el mundo, ningún jubilado puede cobrar igual o más que un activo. Eso ha generado un tremendo déficit. Lo que se intenta es sanear la Caja de Jubilaciones", añadió.

 El oficialismo contó con el apoyo de la Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Cívico, mientras que Córdoba Podemos (FPV), los partidos de izquierda y Aurelio García Elorrio, se manifestaron en contra, al igual que los legisladores oficialistas José Pihen (Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos) y la también sindicalista (Gráficos) Hilda Bustos.

 Asimismo, el Gobierno elevará el haber mínimo de la jubilación provincial de 4.900 a 7.500 pesos y otorgará un bono excepcional de 1.200 pesos.

 La tasa vial, que significaba entre 40 a 70 centavos más por litro, llega a su fin, luego de dos años de vigencia, cuando la aplicó José De La Sota. De tal manera, las naftas tendrán desde los próximos días, los mismos valores que en el resto del país.
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