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Avanza plan de obras viales en Ingeniero Allan

(23/12/16 - F. Varela)-.En las etapas preliminares al tratamiento químico del suelo y al aporte del material rodante, operarios iniciaron labores de saneamiento hidráulico mediante la ampliación de la red pluvial, acciones contempladas en el Financiamiento Provincial por Infraestructura. 

En los últimos días se realizó la instalación de caños que componen los cruces de calle y las instalaciones pluviales de los frentistas ubicados sobre la calle 1145, en el tramo que une 1130 y 1134. Previamente, se ejecutó el desbarro, limpieza y nivelado de la calzada para poder continuar con los procedimientos de mejora vial. 

Por otro lado, los equipos viales municipales realizaron mejorados sobre Los Tehuelches -entre 1149 y 1147- y 1146 -entre 1137 y 1143-, fortaleciendo las condiciones de transitabilidad. 
Red pluvial

Los equipos viales realizaron esta mañana operativos hidráulicos, que incluyeron la limpieza e instalación de caños y conductos de desagüe. 

Ejecutaron labores sobre Okinawa -entre Monserrat y San Clemente-, en Don Orione; en Santa Inés, sobre Blas Parera -entre Las Casuarinas y Los Álamos-; y finalizaron en la esquina de las calles 14 y 35 en La Sirena, con la instalación de caños.

El gobierno aceptó negociar con los cientìficos mientras continua la toma

(22/12/16 - Gestión Macri, Desarrollo Científico)-.El pasado 20 de diciembre, sucedió una jornada sin precedentes en el ámbito de ciencia en el país. Trabajadoras y trabajadores del sector amanecieron tomando la sede del MINCyT (Ministerio de Ciencia y Técnica) y resolvieron en asamblea sostener la toma durante el día, hasta que se realice una nueva asamblea. 

La repercusión de esta lucha en medios de comunicación y redes sociales, sumando adhesiones de todo tipo de organizaciones sociales, sindicales y de científicos individuales en enorme número, así como el apoyo notable de vecinos palermitanos, fue coronada con la asamblea de la noche.

Los y las 600 asambleístas de la noche celebraron el comienzo de la misma con la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y la estela de la fecha, que era 20 de diciembre. La energía que desbordaba el mítin generaba de por sí un consenso con la necesidad de continuar la toma del MINCyT, así como un reconocimiento con la organización JCP (jóvenes científicos precarizados) que viene conduciendo el proceso.

El debate se dio alrededor de la convocatoria de Lino Barañao a negociar el miércoles 21 a la mañana a todas las organizaciones del sector, excepto a JCP. Tras exigirse el repudio a la maniobra divisionista del movimiento, las organizaciones presentes (delegadxs de ATE CONICET, científicos autoconvocados, espacio de ciencia y técnica, becarios empoderados y AGD-UBA) apoyaron unánimemente que la reunión con el Ministro no se realice sin la presencia de JCP y reafirmando que las casi 500 personas investigadoras que fueron recomendadas para ingresar a carrera, tengan un ingreso efectivo a la misma.

También hubo acuerdo en torno a que la lucha es por el respeto al trabajo de cinco años de los y las becarias precarizadas, que demostraron su idoneidad para pasar a “carrera”, es decir a la estabilidad laboral en su trabajo como científicos. Y que sólo así la ciencia en Argentina puede sostener un desarrollo económico que dé respuestas a las necesidades sociales.

La tensión se dio en torno a que las organizaciones en las que el kirchnerismo tiene mayor influencia buscaron contramociones que no nombraran el repudio al llamado divisionista a reunión. Tras un contundente respaldo de la gran mayoría de asambleistas a JCP, llegó una llamada del ministerio que invitaban a la organización de jóvenes científicos precarizados a participar también de la misma. También se expresó un gran malestar con la convocatoria oficial a que también forme parte de la negociación UPCN, ampliamente repudiado en la asamblea por ubicarse más junto a la patronal que a los trabajadores del sector.

Otro aspecto destacado fue la participación de delegados estatales de organismos con importante trabajo de personas científicas e investigadoras, como la CNEA, INTA, Ministerio de Economía entre otros.

(ANRed)

Para Reina la libertad

(22/12/16 - Violencia Institucional)-.El TOC 1 de Quilmes ordenó hoy la libertad de Reina Maraz Bejarano: mujer boliviana, quechua parlante, enjuiciada por la muerte de su marido y condenada a reclusión perpetua en 2014. El tribunal decidió otorgarle el beneficio de la excarcelación mientras espera la decisión de la sala VI del Tribunal de Casación Penal, ante la cual el defensor oficial ha pedido un cambio de carátula que podría modificar la situación de Reina y dejarla efectivamente en libertad. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) celebra la libertad de Reina y espera que Casación se expida con celeridad.

Reina es de nacionalidad boliviana, quechua-parlante y pasó más de un año encerrada sin comprender cabalmente el proceso penal por el cual estaba detenida. En el año 2012, en una de las inspecciones que la CPM realiza regularmente en los lugares de encierro, Reina fue entrevistada y a partir de ese momento, el organismo comenzó a intervenir en el caso.

Fue un camino largo que, entre otras cuestiones, logró que la Suprema Corte le asigne una intérprete de lenguas originarias para que ella pudiera comunicarse con mayor fluidez y comprender con claridad el proceso judicial al que debía someterse.

A su vez, la CPM realizó una veeduría del proceso judicial, el registro audiovisual de todo el juicio y se promovió el caso y la voz de Reina para que sea escuchada, garantizando la mayor amplitud probatoria que permitiera impartir justicia.

En 2014 Reina fue sentenciada a cadena perpetua por el Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes, que la encontró culpable del asesinato de su marido Límber Santos, ocurrido en noviembre de 2010. 

Durante las audiencias judiciales en 2014 estuvieron presentes el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el en ese momento vicepresidente, Aldo Etchegoyen (hoy fallecido) y representantes de la embajada boliviana y otras organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los derechos de migrantes y pueblos originarios y de género, que han acompañado el trabajo realizado por la CPM desde los inicios.

Para la CPM el caso Reina Maraz ha visibilizado la situación de extrema vulnerabilidad en tanto víctima de las múltiples violencias que promueve y sostiene el sistema judicial. Reina es mujer, pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de violencia género, algo que la justicia en primera instancia no quiso ver ni oír. 

Si lo hubiera hecho Reina no habría padecido todos los sufrimientos de los que fue víctima durante estos seis años.

Desde la CPM celebraron su libertad esperando que pronto Casación se expida en un sentido favorable para que puedan comenzar a repararse los daños producidos por una condena injusta, arbitraria y discriminadora del mismo tribunal que hoy la libera.

La CIDH condena a Guatemala por desaparición forzada de pueblos indígenas maya

(22/12/16 - Guatemala)-.La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó ayer que encontró culpable al Estado guatemalteco por desapariciones forzadas y por no haber investigado la masacre de pueblos indígenas mayas perpetrada por agentes estatales entre 1981 y 1986, durante la acción contrainsurgente del gobierno, también llamada guerra civil.

El caso se relaciona con una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones de miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en el marco del conflicto armado interno que vivió esa nación (1960-1996).

La sentencia, notificada hoy a las partes, indica que el Estado guatemalteco es responsable por la desaparición forzada de 22 personas y por no haber adoptado medidas necesarias para revertir los efectos de la situación de desplazamiento.

“La falta de investigación de las ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de tortura, violencia sexual y trabajos forzosos, entre otros, ocurridos entre agosto de 1981 y agosto de 1986 en el marco del conflicto armado, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales”, concluyeron los jueces.

La Corte determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, de las 22 víctimas de desapariciones forzadas. Lo último que se supo de ellas es que se encontraban bajo custodia estatal.

También concluyó que el Estado no adoptó medidas para garantizar a las víctimas desplazadas un retorno digno y seguro a sus lugares de residencia, un nuevo asentamiento voluntario o una indemnización adecuada, por lo que, violó el derecho de circulación y residencia.

La sentencia además indica que no se cumplió con las obligaciones para prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada de personas, y por no prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“La Corte determinó que la actuación del Estado en la investigación de los hechos del caso demostró una clara voluntad por parte de las autoridades de que los mismos permanezcan en la más absoluta impunidad”, explica la sentencia.

La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que lo ocurrido se enmarca “dentro de una política de Estado, con fundamento en la doctrina de seguridad nacional y el concepto de enemigo interno, destinada a eliminar la supuesta base social de grupos insurgentes de la época”.

El tribunal internacional solicitó reabrir las investigaciones para sancionar a los responsables, así como brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas.

El Estado de Guatemala también debe realizar las acciones necesarias tanto para determinar el paradero de los miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas desaparecidos forzadamente, así como localizar, exhumar e identificar a las personas fallecidas.

Por daños materiales e inmateriales la CorteIDH ordenó entregar 55.000 dólares por cada una de las 183 personas incluidas en un listado general de víctimas de desaparición forzada.

Además de 5.000 dólares a las personas que fueron desplazadas y 30.000 dólares para cada familia de víctimas, que deben ser divididos entre madres, padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes.

También contempla 10.000 dólares para los hermanos de las víctimas por daño inmaterial.

La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado guatemalteco haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Israel busca evitar que la ONU condene la presencia de sus colonias

(22/12/16 - Genocidio Palestino)-.Israel está haciendo lo posible por evitar que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución de condena de sus asentamientos en territorio palestino ocupado, que se someterá a votación esta tarde, a propuesta de la Liga Árabe, informa agencia Efe.

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha instado al presidente estadounidense Barack Obama a que utilice su derecho a veto para impedir el paso de la resolución. "Estados Unidos debería vetar la resolución anti-israelí en el Consejo de Seguridad el jueves", señaló hoy en un mensaje difundido desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, el embajador permanente de Israel en la ONU, Dany Danon, ha señalado también en esa red social: "Esperamos que nuestro gran aliado no permita que esta resolución sesgada y anti-israelí sea adoptada por el Consejo". Además, señaló que "es absurdo que en un momento en el que miles son masacrados en Siria, el Consejo de Seguridad dedique tiempo y energía a reunirse y discutir una condena a la única democracia real en Oriente Medio".

La aprobación de esta resolución, en su opinión, sería "una hipocresía" y solo serviría para "recompensar la política palestina de incitación y terror", y no para promover un proceso de paz entre las partes. 

La resolución fue presentada por Egipto en nombre de la Liga Árabe y señala que los asentamientos levantados por Israel en territorio palestino ocupado desde 1967 no tienen validad legal y suponen una grave violación de la ley internacional. El texto añade que las colonias judías son un obstáculo para la solución de dos estados y para una paz sostenible en Oriente Medio e insta a Israel a cesar sus actividades de colonización.

También llama a tomar medidas para impedir la violencia contra los civiles palestinos.

Hace cinco años, Washington impidió la aprobación de un texto similar, en el único uso del derecho a veto hecho durante la presidencia de Obama.

Rossi responsabilizó políticamente al gobernador Gerardo Morales y al presidente Mauricio Macri por los hechos de represión ejercidos contra diputados nacionales

(22/12/16 - Gestión Macri, Represión)-.El Parlamentario del Mercosur, Agustin Rossi, manifestó su enérgico repudio a los hechos de represión ejercidos por la policía de la provincia de Jujuy contra diputados nacionales y en particular a la agresión sufrida por la diputada Mayra Mendoza.Rossi responsabilizó “políticamente por los hechos al gobernador Gerardo Morales y al presidente Mauricio Macri”.

En el marco de un encuentro organizado por el Movimiento Alfonsinita de Vicente López, del que participaron Leopoldo Moreau y Carmela Moreau, el dirigente kirchnerista manifestó “si atacan así a un diputado nacional que se puede esperar para los demás, nosotros repudiamos fervientemente una barbarie más dentro de una gran injusticia que es la detención de Milagro Sala, sobre la cual se han expresado casi todos los organismos internacionales, recientemente lo ha hecho el Consejo Mundial de Iglesias pero anteriormente, Naciones Unidas, OEA, la Comisión Interamericana de DDHH, el Parlamento Europeo han pedido por su liberación”.

“El ejercicio de violencia contra Mayra Mendoza, la detención del presidente del Concejo de Hurlinghan, Martin Alberti, demuestran el nivel de intolerancia y la ausencia del estado de derecho que existe en la provincia de Jujuy.Lamentablemente estos hechos se han tornado una constante en nuestro país, comenzamos el 2016 con la represión en Cresta Roja y lo terminamos con represión en Jujuy

Papel Prensa: Lidia Papaleo apeló los sobreseimientos y pidió que se aparte al juez Julián Ercolini

(22/12/16 - DD HH)-.La viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo, apeló hoy los sobreseimientos dictados en la causa que investiga la venta de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón en la última dictadura cívico militar, y pidió que se aparte del caso al juez federal Julián Ercolini. 

En la apelación, que tendrá que resolver la Sala I de la Cámara Federal porteña, Papaleo pidió además que se revoquen los sobreseimientos al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña del diario, Ernestina Herrera de Noble; y a los propietarios de La Nación, Bartolomé Mitre, además de Juan Pío Podestá y Guilermo Gainza Paz, según el escrito presentado, al que accedió Télam.

El abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, pidió declarar "insanablemente nula" la resolución de Ercolini, quien la semana pasada sobreseyó a todos los imputados al entender que no hubo delito en el traspaso de la empresa que perteneció a Graiver y que el precio de venta de sus acciones fue el de mercado y no un valor "vil".

En la apelación, Papaleo pidió que se revoquen los sobreseimientos, que continúe la investigación y que se cite a los imputados a declaración indagatoria.

También sostuvo que "debe separarse al magistrado interviniente del entendimiento del proceso para, de ese modo, garantizar a las víctimas (conforme se desprende de la letra de los tratados internacionales aplicables al caso, para protección de quienes resultan afectados por delitos de lesa humanidad) la intervención de un juez imparcial".

En ese contexto, remarcó que el nuevo magistrado debe conservar "la templanza necesaria para el tratamiento del caso, con la dedicación que el mismo exige".

"Al mismo tiempo, debe resultar insospechable de cualquier compromiso que pudiera afectarlo, a partir del objeto procesal y de las connotaciones político criminales que envuelven a un caso que resulta sensible para los intereses de la Nación, porque claramente puede finalizar generando responsabilidad internacional del Estado argentino", agregó la apelación.

Sobre el juez, Papaleo sostuvo que demostró "una absoluta carencia de condiciones para tratar una cuestión de la envergadura de la apropiación indebida de una gran empresa, por parte de un conglomerado de integrantes de la asociación ilícita cívico militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 en nuestro país".

La querellante en la causa aludió también a la "falta de fundamento de la decisión de mérito que pretende, como maniobra consumadora de delitos de lesa humanidad, consolidar un temperamento exculpatorio para con los aquí querellados".

Además, sostuvo que hubo un "no accionar del juzgado", y una "elección antojadiza, arbitraria y direccionada para beneficiar intereses de manera espuria".

En la causa se investiga si la empresa productora de papel para diarios fue vendida a precio vil durante la dictadura por los herederos de Graiver, tras sufrir secuestros y torturas.