En la apelación, que tendrá que resolver la Sala I de la Cámara Federal porteña, Papaleo pidió además que se revoquen los sobreseimientos al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; a la dueña del diario, Ernestina Herrera de Noble; y a los propietarios de La Nación, Bartolomé Mitre, además de Juan Pío Podestá y Guilermo Gainza Paz, según el escrito presentado, al que accedió Télam.
El abogado de Papaleo, Héctor Rodríguez, pidió declarar "insanablemente nula" la resolución de Ercolini, quien la semana pasada sobreseyó a todos los imputados al entender que no hubo delito en el traspaso de la empresa que perteneció a Graiver y que el precio de venta de sus acciones fue el de mercado y no un valor "vil".
En la apelación, Papaleo pidió que se revoquen los sobreseimientos, que continúe la investigación y que se cite a los imputados a declaración indagatoria.
También sostuvo que "debe separarse al magistrado interviniente del entendimiento del proceso para, de ese modo, garantizar a las víctimas (conforme se desprende de la letra de los tratados internacionales aplicables al caso, para protección de quienes resultan afectados por delitos de lesa humanidad) la intervención de un juez imparcial".
En ese contexto, remarcó que el nuevo magistrado debe conservar "la templanza necesaria para el tratamiento del caso, con la dedicación que el mismo exige".
"Al mismo tiempo, debe resultar insospechable de cualquier compromiso que pudiera afectarlo, a partir del objeto procesal y de las connotaciones político criminales que envuelven a un caso que resulta sensible para los intereses de la Nación, porque claramente puede finalizar generando responsabilidad internacional del Estado argentino", agregó la apelación.
Sobre el juez, Papaleo sostuvo que demostró "una absoluta carencia de condiciones para tratar una cuestión de la envergadura de la apropiación indebida de una gran empresa, por parte de un conglomerado de integrantes de la asociación ilícita cívico militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983 en nuestro país".
La querellante en la causa aludió también a la "falta de fundamento de la decisión de mérito que pretende, como maniobra consumadora de delitos de lesa humanidad, consolidar un temperamento exculpatorio para con los aquí querellados".
Además, sostuvo que hubo un "no accionar del juzgado", y una "elección antojadiza, arbitraria y direccionada para beneficiar intereses de manera espuria".
En la causa se investiga si la empresa productora de papel para diarios fue vendida a precio vil durante la dictadura por los herederos de Graiver, tras sufrir secuestros y torturas.
