La Sala II del máximo tribunal penal del país abrió hoy las puertas a una intervención de la Corte al conceder un recurso extraordinario presentado por la defensa de la líder de la Tupac Amaru, a raíz de los reclamos de organismo internacionales para que sea liberada. Fuentes de la Corte Suprema confirmaron que la aceptación de un recurso extraordinario presentado por la defensa de la lider de la Tupac Amaru obliga al maximo tribunal a tratar el tema, pero destacaron que la decisión sólo será "sobre la competencia de su caso, es decir si debe ser juzgada por la justicia provincial o federal".
"La Corte no opinará sobre su detención sino solamente si corresponde que sea juzgada por la justicia federal o provincial", aseveró el vocero.
El caso podría ser tratado en la próxima reunión de acuerdo de la Corte, prevista para el martes próximo, en caso de que el tribunal resuelva darle esa prioridad. Si no le diera prioridad, el tema pasaría para el próximo año, luego de la feria de enero.
La Sala II de Casación, integrada por los camaristas Angela Ledesma y Alejandro Slokar, consideró que correspondia habilitar el recurso extraordinario para que la Corte dictamine, dado que existe un "posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional".
A raíz del recurso interpuesto por los letrados Juan Grabois y Elizabeth Gómez Alcorta, Casación consideró que "habiéndose invocado la Decisión 31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional, corresponde habilitar la vía intentada".
Cuando se trata de organismos o tratados internacionales a los que el Estado nacional está adherido, la Corte Suprema es la única instancia con competencia para revisar la cuestión.
Milagro Sala está detenida desde enero pasado en la cárcel jujeña de Alto Comedero, con acusaciones sobre asociación ilícita y fraude contra la administración pública, entre otras. Además, la dirigente social está a las puertas del veredicto en un juicio que se desarrolla en el Juzgado Federal de Jujuy por el "escrache", en 2009, al actual gobernador Gerardo Morales.
Choque entre policía y manifestantes
Un saldo provisorio de al menos nueve manifestantes y tres policías heridos tuvieron los incidentes de esta mañana en las inmediaciones del Juzgado Federal de Jujuy, lugar en el que se desarrollaban las audiencias del juicio a Milagro Sala por el escrache de 2009 al actual gobernador Morales.
Unas 40 personas, entre ellas la diputada Mayra Mendoza, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada e integrantes de organismos de derechos humanos, que pugnaban por ingresar a la sala de audiencias, se enfrentaron con uniformados de la policía jujeña y la Federal.
La sala tiene capacidad para 63 personas, y todos los días del juicio se registraron inconvenientes en el ingreso, aunque nunca de la magnitud de los de hoy. Mendoza pidió explicaciones por la detención de dos personas durante los incidentes, que se registran en medio de un operativo policial con más de cien efectivos. Si bien se preveía que hoy pudiera conocerse el veredicto, la decisión se comunicaría mañana, ya que todavía no finalizaron las declaraciones testimoniales previstas.
Nuevo juicio, esta vez por el acampe
La dirigente Milagro Sala y la organización que lidera, Tupac Amaru, en tanto persona jurídica, serán juzgadas a partir de este jueves en Jujuy por la ocupación del espacio público y alteración del orden, durante un acampe y protesta que llevaron adelante durante 51 días en la plaza Belgrano de esta ciudad, entre diciembre y enero de 2016.
La audiencia comenzará a las 18 del jueves, según confirmaron esta tarde a Télam fuentes del Juzgado Contravencional 1, que llevará adelante el proceso judicial en su sede ubicada en Fascio al 600, de esta ciudad.
El inicio del debate será posterior al pleito que el Tribunal Oral Federal inició contra Sala y otros dos integrantes de la Red de Organizaciones Sociales, por un “escrache” al entonces senador Gerardo Morales, hoy al frente del Ejecutivo provincial, el 16 de octubre de 2009.
El juicio contra Sala por el acampe y protesta que lideró en la plaza Belgrano, de San Salvador de Jujuy, “será un proceso corto, todo quedará resuelto antes de fin de año”, indicaron las fuentes consultadas.
Este proceso estaba previsto inicialmente para el 23 de noviembre, pero el Juzgado había decidido suspenderlo para permitir que se incorporaran nuevas pruebas, entre ellas material fílmico y artículos periodísticos relacionados con el hecho.
Sala y la Tupac Amaru, como persona jurídica, llegan a esta instancia imputados por infracción al artículo 113 y artículo 7 del Código Contravencional, que alude a la ocupación del espacio público, alteración del orden y obstaculización del tránsito vehicular y peatonal.
Para la defensa de Sala "lo que pretende el gobierno es juzgar un hecho que claramente no es delito ni contravención, que se realizó entre diciembre y enero de 2016, y que tiene como único objetivo la persecución política. Además, la presunta investigación está hecha con notas periodísticas, videos y fotos del acampe".
Tienen previsto brindar sus testimonios en las audiencias el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma a nivel nacional, Fernando Acosta; José del Frari, secretario general de ADIUNJU; Anabel Yaciancia, de ATE Jujuy y el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz y diputado nacional mandato cumplido Horacio Pietragalla, todos testigos ofrecidos por parte de la Tupac Amaru.
Desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, la Red de Organizaciones Sociales realizó un acampe en Plaza Belgrano, para reclamar al gobierno provincial, según la Tupac Amaru, la apertura de una instancia de diálogo y por la continuidad de miles de puestos de trabajo.
Debido a la protesta, comerciantes ubicados alrededor de la plaza resultaron damnificados y en su momento fueron resarcidos económicamente por el gobierno.
Por otra parte, Sala está imputada en varias causas por los delitos de "fraude a la administración pública", "asociación ilícita", extorsión", "enriquecimiento ilícito", "evasión impositiva" y, a principio de mes el juez Pablo Pullen Llermanos la procesó por "homicidio agravado en grado de tentativa por promesa remuneratoria". La dirigente social se encuentra detenida en el Penal de Alto Comedero desde enero de este año.
