La familia Sub Laban ha estado envuelta en una batalla legal para conservar su casa desde hace décadas. Como residentes palestinos de Jerusalén Este, su batalla no es en absoluto un caso aislado.
En la década de 1980, la familia necesitó realizar algunos trabajos de mantenimiento de la casa, pero las autoridades israelíes se lo negaron, obligándoles a reubicarse en otra casa de Jerusalén. Poco después, todos los vecinos palestinos de la familia fueron desalojados y los pisos vacíos fueron ocupados por colonos israelíes, los cuales impidieron a los Sub Laban entrar en su casa. Aquí comenzaron las penurias.
“Mi familia inició una batalla legal que se prolongó durante más de 20 años en los tribunales israelíes”, dice Rafat. Ganaron el pleito en 2000, pero los colonos judíos se han seguido presentando en la puerta de la escalera durante los cinco últimos años para intentar expulsar a la familia.
A pesar de la situación de la familia Laban como inquilinos protegidos, en 2010 llegó una orden judicial que les comunicaba que las autoridades israelíes habían transferido el control de la propiedad a una conocida organización de colonos, Ateret Cohanim, que había presentado una solicitud de desalojo. El arrendamiento protegido era un estatus que se concedía a algunos palestinos de Jerusalén Este que habían tenido un contrato de alquiler con las autoridades jordanas en una “propiedad del enemigo” (propiedad previamente habitada por residentes judíos) antes de la ocupación israelí de Jerusalén Este en 1967. Después de este año, las autoridades israelíes se hicieron con la gestión de estas propiedades, que inicialmente mantuvieron los contratos de alquiler con las familias palestinas.
Los colonos judíos han utilizado una ley israelí de 1970 que les permite reclamar propiedades en Jerusalén Este que pertenecieron a judíos antes de 1948 y que las abandonaron cuando la ciudad fue dividida. Los herederos de la propiedad original pueden presentar una reclamación legal y, en teoría, volver a ella y expulsar a sus actuales residentes. Los actuales residentes solo pueden defenderse si han pagado el alquiler de forma continuada desde antes de 1968. Una de las condiciones para conservar este estatus de inquilino protegido es que se resida en la vivienda. Ateret Cohanim, una organización sin ánimo de lucro, ha afirmado que la familia Laban ha estado ausente de la propiedad desde 1999 hasta la actualidad, aportando como prueba el testimonio de un vecino israelí.
“Por lo que se refiere a mi casa, el objetivo es conseguir que todo el edificio esté habitado exclusivamente por judíos. Somos los únicos palestinos que quedamos en estas viviendas”, dice Rafat. Sobre la decisión de recurrir la orden de desalojo, que debe cumplirse antes de mayo, dice: “Sabemos que no es un tribunal justo, que la decisión está basada en pruebas falsas. No existe ninguna prueba real que sugiera que no estamos viviendo aquí”.
Desde principios de la década de 1990, grupos como Ateret Cohanim y Elad —otra organización de colonos judíos— han estado trabajando para conseguir una mayoría judía en Jerusalén. Con el apoyo financiero de multimillonarios judíos norteamericanos derechistas y del gobierno de Israel, estos grupos se han apropiado de tierras y propiedades palestinas para sus proyectos colonizadores. Cuando no logran que la ley les apoye en sus pretensiones, utilizan documentos falsos o falsificados (por ejemplo, una casa en Wadi Hilweh, en Jerusalén Este, fue vendida a los colonos en base, entre otras cosas, a unos documentos firmados póstumamente por el propietario de la propiedad), intermediarios y empresas fantasma, o simplemente se aprovechan de la desesperación de palestinos que necesitan dinero.
En 2010, el diario israelí Haaretz informó del apoyo que estos grupos reciben del gobierno israelí. Por medio de alquileres, ventas y arrendamientos, encontró que la Administración de Tierras de Israel, la autoridad responsable de la gestión de las tierras en el estado judío, había transferido centenares de edificios y tierras a los dos grupos. Un informe realizado por el Comité Klugman, un organismo creado en 1992 para supervisar las relaciones entre el estado y las organizaciones sin ánimo de lucro, concluyó que algunas casas palestinas habían sido expropiadas en base a declaraciones juradas presentadas por estas dos organizaciones, sin verificar la veracidad de dichas declaraciones ni comprobar si dichas casas estaban realmente vacías.
El comité descubrió, también, que, en sus transacciones con estas organizaciones de colonos, el estado hizo un uso desmesurado de la Ley de Propiedad Ausente. La ley de 1950 clasifica a los ciudadanos o personas con propiedades en Israel, pero que están presentes en un territorio o país “enemigo” (como Cisjordania en el primer caso o Jordania y Líbano en el segundo), como “ausentes” y permite, en consecuencia, que el estado confisque sus propiedades. Miles de palestinos huyeron a países “enemigos” escapando de la violencia judía que rodeó la creación del estado de Israel. La ley ha servido para que el estado judío confisque las tierras y las propiedades abandonadas por estos palestinos que se vieron obligados a refugiarse en otros lugares en 1948.
Recurriendo a leyes discriminatorias y negocios turbios, estos grupos han conseguido ocupar grandes espacios en los barrios palestinos de Jerusalén Este. Cada propiedad arrebatada es un paso más hacia su objetivo declarado: expulsar a los palestinos de Jerusalén.
Si los palestinos utilizaran su misma lógica (“redimir la tierra” en base a reclamos de propiedades anteriores a 1948), ¿podrían, entonces, regresar a las ruinas de Beit Yibrin o a las antiguas casas árabes ahora habitadas por israelíes en Yafa?
*Por Jessica Purkiss, Traducción: Javier Villate
