El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia leyó la sentencia: penas de hasta 4 años y seis meses por el delito de sedición agravada para 17 policías que en diciembre de 2013 tomaron la Jefatura Departamental y permitieron una ola de saqueos que dejó tres muertos.
“El 15 de julio se leerá la sentencia completa”, indicaron fuentes judiciales a Infojus Noticias. Los jueces Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud condenaron a los 17 policías por sedición agravada por su condición de funcionarios públicos y los absolvieron por los delitos de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes, lesiones leves reiteradas e instigación pública.
La pena más alta fueron para el oficial Carlos Zaragoza –por su alta jerarquía- y los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho –señalados como cabecillas de la rebelión policial-. El tribunal los condenó a 4 años y 6 meses y los inhabilitó por 9 años para el ejercicio de cualquier tipo de cargo en la función pública.
Alfredo Horacio Imaz, Daniel Eduardo Chávez, Diego Federico Differding, Juan Manuel Rosas, Juan Pedro Lacuadra, y Luis Alberto Gómez fueron condenados a cuatro años. Andrés Maximiliano Paredes, Carlos Alcides Rosas, Hugo Fabricio Troncoso, José Orlando Troncoso, Luis Alberto Paredes, Luis Roberto Jesús Carlino, Ricardo Hernán Paredes, y Romeo Fabián Valdez recibieron tres años y seis meses. Todas las penas son de cumplimiento efectivo. Los efectivos, además, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble de la condena. El agente Esteban Eliseo Cendra fue absuelto de todos los delitos.
El debate comenzó el 13 de abril. Todos los funcionarios policiales llegaron al juicio en libertad, pero con licencias. A lo largo de 54 audiencias se ventilaron los hechos ocurridos el 8 y 9 de diciembre de 2013. Durante esas dos jornadas un grupo de efectivos tomó la Jefatura Departamental de Policía de Concordia en reclamo de mejoras salariales, en el marco de los acuartelamientos y saqueos que habían comenzado en Córdoba y se extendieron a lo largo de gran parte del territorio nacional
Según sostuvo el fiscal Mario Guerrero durante el debate, la cadena de mandos se rompió. Dijo que la toma de la Jefatura "estuvo organizada y planificada" con el objetivo de instigar los saqueos posteriores y de esa manera generar “caos social”. El funcionario explicó que los policías plantearon una “situación extorsiva” y obligaron al gobernador Sergio Urribarri a firmar un acuerdo. Cuando la situación se tranquilizó, el mandatario dio marcha atrás con el aumento salarial, reconociendo que había sido logrado por los sublevados "de manera extorsiva".
Guerrero indicó que durante la protesta hubo "una distribución de tareas". Un grupo coordinó la toma y dirigió las operaciones y el otro sostuvo la protesta. También explicó que hubo agentes que anticiparon a grupos de delincuentes que no habría policías en las calles.
La procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los policías sublevados “no respetaron la cadena de mandos” y llevaron adelante “un hecho institucionalmente grave”. En esta misma causa, la justicia entrerriana ya condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a una pareja que participó de los saqueos, en el primer fallo que involucró a civiles.
