La Comisión acogió hoy el penúltimo día de audiencias del actual periodo de sesiones en su sede de Washington, una jornada que aprovechó para presentar un informe sobre la situación de las familias y menores migrantes centroamericanos en Estados Unidos.
Desde el momento más álgido de esta crisis, en verano de 2014, el Gobierno de Estados Unidos habla de “crisis humanitaria”, mientras que la Comisión, tras investigar el caso, considera que la mayoría de estas personas son refugiados y solicitantes de asilo. La CIDH explicó hoy en la presentación de su informe por qué es clave esta distinción: los refugiados tienen derecho a una mayor protección internacional y no pueden ser devueltos a sus países de origen inmediatamente sin acceso que se estudie su caso.
“La detención migratoria es perjudicial al bienestar de las personas que buscan protección internacional y dificulta el acceso a dichos mecanismos y a obtener representación legal”, consideró la comisionada Rosa María Ortiz, relatora sobre los derechos de la niñez. La Comisión muestra en su informe especial preocupación por que, en muchos casos, los menores no acompañados devueltos a su país de origen regresan a las mismas condiciones de las que huyeron e incluso hay informaciones que apuntan a que algunos han sido agredidos o asesinados.
La subsecretaria adjunta para Política Migratoria del Departamento de Seguridad Nacional, Mary Giovagnoli, aseguró que el Gobierno de Estados unidos “recoge muy seriamente” cada recomendación y observación, como las contenidas en el informe de la CIDH.
“Reconocemos que es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria increíblemente dinámica que requiere una respuesta evolutiva. Lamentablemente no podemos solucionar todos los aspectos sin una reforma integral del sistema migratorio”, afirmó Giovagnoli. Colombia fue otro de los protagonistas de la jornada en la CIDH y organizaciones de la sociedad civil del país denunciaron 70 muertes de líderes y reclamantes en el proceso de restitución de tierras, así como la “ineficacia” de la ley que lo regula desde hace cuatro años.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, consideró “exitosa” la aplicación de la ley y aseguró que “no ha sido asesinado ningún campesino que ha vuelto a su tierra”.
Ante esta afirmación, el director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, respondió que el Gobierno se refiere solo a que no ha habido muertes tras los fallos judiciales, pero el proceso de restitución de tierras, subrayó, “no empieza con el fallo, sino con el despojo”. La sorpresa de la jornada la dio Honduras al no enviar representantes del Estado a ninguna de las dos audiencias que abordaban temas clave en el país centroamericano, como la corrupción de las instituciones públicas y la independencia judicial.
“Es extremadamente desafortunado que no haya venido el Estado de Honduras”, consideró la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine. “Quiero expresar sorpresa por que no haya venido el Estado a esta audiencia. Mi deseo es que el Estado responda por escrito, aunque evidentemente eso no equivale a su presencia aquí”, dijo, por su parte, la comisionada Tracy Robinson.
Durante las audiencias, todas las organizaciones peticionarias, entre las que se encontraba el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), expresaron su indignación, sorpresa y enfado por la ausencia de los representantes gubernamentales. “Si no podemos ni siquiera tener diálogos en estos foros, ¿en qué estamos?”, se preguntó Marcia Aguiluz, de Cejil.
Aguiluz recordó que el Estado no se ausentó de las audiencias públicas que la CIDH celebra bianualmente en su sede de Washington ni siquiera después de que, el 28 de junio de 2009, el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fuera depuesto y expulsado del país por un golpe de Estado.
En la jornada, cinco organizaciones denunciaron ante la CIDH la falta de independencia judicial en Honduras y el robo de 350 millones de dólares por los implicados en el polémico desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
“A día de hoy, apenas se han procesado a siete personas por el desfalco del Seguro Social y los avances para recuperar el dinero robado son pocos o nulos”, aseguró ante la Comisión Martín Fernández, abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) durante la primera audiencia del país centroamericano.
