“Llegamos a este juicio con la certeza de que a Gastón Riva, a Diego Lamagna y Carlos Almirón los mató la Policía Federal”, dijo Rodrigo Borda, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa a la familias de estos jóvenes asesinados en diciembre de 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa ordenó despejar de manifestantes la plaza de Mayo.
“Después de este debate, no tenemos duda alguna: los mató la policía”, remarcó. También señaló que el operativo que terminó con cinco personas asesinadas y cientos de heridos, tuvo “graves defectos en su organización” que “se magnificaron” porque la conducción política “priorizó que los manifestantes no llegaran a la Plaza de Mayo, por sobre la obligación de garantizarles la vida y la del propio personal policial”.
En la tercera audiencia dedicada a los alegatos de las querellas, ante al Tribunal Oral Federal 6, Borda repasó la prueba por la que atribuye la responsabilidad indirecta en los homicidios de los manifestantes a Enrique Mathov -el único funcionario del gobierno de la Alianza entre los 17 acusados-, al entonces jefe de la Federal Rubén Santos y a los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, que estuvieron a cargo del operativo.
En la sala SUM, separados de los acusados por un vidrio, estaban los familiares y amigos de las víctimas: además de los representados por el CELS, estaban los familiares de Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, asesinados también durante la represión.
El abogado continuará su alegato el próximo martes a las 8 de la mañana, cuando está previsto que haga el pedido de penas. Pero, llegó hoy a señalar que, según las pruebas aportadas durante el debate, durante esa trágica jornada Mathov -por sus deberes institucionales y las acciones que realizó- fue el encargado de “conducir”, “coordinar” y “supervisar” el accionar de la policía Federal, que estuvo a cargo de la represión en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Los llamados
“Él era el nexo entre la Policía Federal y el ministro del Interior”, resumió Borda refiriendosé a Mathov. Lo hizo luego de recordar que durante sus alegatos el ex secretario de Seguridad, intentó desligarse de su rol en la represión y contó para eso con la colaboración de Santos, al atribuir a al entonces ministro del Interio Ramón Mestre (fallecido) las decisiones sobre el operativo.
“En castellano antiguo”, ironizó Borda: “eso es echarle la culpa al muerto”. Y señaló luego que, por la mañana, cuando la jueza María Servini de Cubría, estuvo en la plaza y reclamó el cese de la represión, las comunicaciones se dan entre Gaudiero y Andreozzi con Santos, luego hay una comunicación entre Santos y Mathov, y es este último el que llama a Mestre.
Sobre los llamados, también advirtió que desmienten la versión de Mathov de que “se estaba ocupando de la situación de conmoción en las provincias, y en Buenos Aires, por los saqueos”.
“Hay solo 11 comunicaciones con teléfonos del interior desde 3 celulares que usó Mathov esos días; más de la mitad en la madrugada del 20, uno a las 7.38, uno a las 12.04 y otro a las 13.20, los restantes cuando los hechos más graves ya habían pasado”, dijo Borda. Y detalló: “•entre Santos, el jefe de la Policía Federal, y Mathov hubo 48 llamados, a un mismo celular; sin contar los que se hicieron desde teléfonos fijos u otros celulares”, concluyó.
Para terminar, agregó, “los otros jefes de las fuerzas federales no lo llamaron” (cabe aclarar que no participaron del operativo que terminó con cinco personas asesinadas y cientos de heridos).
“El superior es responsable de los actos que ejecutan sus subordinados”, dijo Borda, en el tramo de su alegato que dedicó a repasar la responsabilidad de los jefes de la represión. Y recalcó, que el estado de excepción que establecía los obligaba, además a un “mayor cuidado” para preservar la vida de la personas. En una línea que retomará en la próxima audiencia, donde abundará sobre la responsabilidad de Santos, Gaudiero (DGO) y el entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, Andreozzi.
“Una operación pésimamente organizada”
A poco de comenzar, Borda pidió que se proyectaran las imágenes tomadas por las cámaras de televisión el 20 de diciembre en las inmediaciones del cruce entre las avenidas de Mayo y 9 de Julio, después de las cuatro de la tarde.
En una se lo ve a Riva (30) agonizar sobre el asfalto; en otra, a un grupo de personas llevando el cuerpo sin vida de Lamagna (27). No hay imágenes sobre el asesinato de Almirón, pero el querellante, recordó los dichos de los testigos que lo vieron caer herido de muerte, a pocos metros.
“Todo lo ocurrido era previsible”, apuntó Borda. Y aseguró que con la implementación del estado de sitio- al que describió como “ilegitimo”- el gobierno de la Alianza, le dio a la policía “un cheque en blanco” para reprimir. Y que lo hicieron, enviando personal “inexperto” –uno de ellos durante el debate contó que había entrado en funciones dos meses antes y que esa tarde tuvo miedo-; que el personal de comisarías -entre los que se cuentan algunos de los 16 policías imputados- no estaba preparado, ni contaba con elementos para actuar en manifestaciones.
“El uso de municiones de plomo fue consecuencia de una operación pésimamente organizada", subrayó Borda, tras realizar un minucioso recorrido de la secuencia de hechos en las que se dieron los asesinatos primero de Riva y Lamagna, "que pueden ser consecuencia del impacto de la misma bala", y, luego, de Almirón, unas cuadras más adelante.
Repasó incluso, los oportunidades en la que los policías que estaban en el operativo reclamaron “apoyo y parque anti tumulto” a la Dirección General de Operaciones –encabezada por Gaudiero, uno de los imputados-. Y, apuntó: como “la orden” –transmitida a través de las vías de comunicación policial-era "contener" a los manifestantes “con los medios que tuvieran” para “que no llegaran a la Plaza de Mayo", tal como lo habían pedido las autoridades políticas, los policías usaron balas de plomo.
En la sala, también estuvieron Claudia Aguilera y Martín Galli. Ella, la tarde del 20 de diciembre, recibió un balazo con posta de goma en el ojo y estuvo varias horas detenida. A él le dispararon con munición de plomo, todavía lleva esa bala en la cabeza, en este juicio hay policías acusados por este intento de asesinato.
Rodolfo Yanzón, el abogado que alegó hoy junto al del CELS, se refirió a lo que vivieron ellos y otros 117 manifestantes que figuran por lesiones en este juicio. Yanzón recordó que aún son muchos los casos de heridos que continúan en instrucción, y les pidió a los jueces del TOF6 -José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín-que la sentencia “reconozca a todas las víctimas, más allá de la situación procesal en cada caso”.
En una audiencia que comenzó a las diez de la mañana y terminó cerca de las siete de la tarde, con una breve interrupción a la hora del almuerzo, concluyó así la segunda jornada dedicada a los alegatos de la querella del CELS.
En esta oportunidad acompañaron a los familiares y amigos de las víctimas, integrantes del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa"; la directora del área de Justicia y Seguridad del CELS Paula Litvachky y otros integrantes del organismo; el referente de Autodeterminación y Libertad Luis Zamora, la fiscal Cristina Caamaño y militantes de distintas organizaciones abocadas a la promoción y protección de los derechos humanos.
