Un sector importante del empresariado argentino participó activamente en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, a partir de la conformación de una “alianza represiva” que excede largamente la “complicidad” o la “colaboración” con las fuerzas armadas y de seguridad.
En las 25 empresas analizadas en el libro “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” hubo 354 trabajadores desaparecidos, 65 fueron asesinados y más de 450 fueron detenidos y torturados.
El informe fue presentado en el auditorio "Emilio Mignone" de la sede de FLACSO-Argentina (Ayacucho 555) por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, el director del Área de Economía y Tecnología de FLACSO, Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta.
“En el territorio de los establecimientos fabriles se combinaron con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar empresarial para ejercer el poder represivo contra los trabajadores”, sostiene el trabajo, realizado en conjunto por el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).
Durante un año y medio, aproximadamente, un colectivo de abogados, historiadores, sociólogos y antropólogos trabajaron en dos instancias conectadas: en una mesa de coordinación y un equipo de investigación.
Las 25 empresas
El trabajo se basa en 22 informes sobre 25 de las principales empresas del país. Entre ellas las automovilísticas Ford, Fiat y Mercedes-Benz, la firma La Veloz del Norte, dedicada al transporte automotor de pasajeros, cargas y correo, los ingenios Ledesma, la textil Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Loma Negra y el diario La Nueva Provincia.
Actualmente, casi todas están siendo investigadas por la Justicia Federal en causas por delitos de lesa humanidad. El caso más avanzado contra un empresario es el de La Veloz del Norte, donde su ex dueño, Marcos Levín, enfrenta un juicio oral y público.
El informe aporta cifras que demuestran la responsabilidad empresarial en la represión. En el 88 por ciento de las empresas analizadas hubo secuestro de trabajadores en las fábricas y despido o retiro forzado de obreros activistas, en el 76 por ciento se entregaron listas de delegados a las fuerzas represivas, el 72 por ciento de las firmas contaban con presencia militar al interior de las fábricas y en el 68 por ciento oficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad ejercían cargos directivos.
En más de la mitad de las firmas hubo agentes de inteligencia infiltrados y operativos militares dentro de los predios fabriles.
Otras empresas hicieron aportes económicos a las fuerzas represivas o prestaron vehículos para los operativos de detención y secuestro, como en el caso de Ledesma, en Jujuy. En un 24 por ciento de los casos, incluso, funcionaron centros clandestinos de detención dentro de la propia fábrica.
“La variedad, gravedad e impacto de este accionar empresarial y su centralidad para la tarea represiva volvió insuficiente el uso de términos como “complicidad” o “colaboración”, que denotan un papel complementario o subsidiario respecto de una acción desarrollada por otro actor. A partir del análisis de esta evidencia optamos por señalar que existe una “responsabilidad empresarial” respecto de estas políticas represivas”, sostiene el trabajo que será presentado hoy.
