En septiembre del año pasado el Concejo Deliberante de Villa Mercedes recibió una nota “invitando a adecuar” la ordenanza municipal al decreto Nº1962 del Ministerio del Campo provincial, de 2014. Las distancias fijadas en el decreto son, para fumigaciones terrestres, de 100 m para productos clase 4, 200 m para los clase 3, 400 para los clase 2 y 1000 para productos clase 1.
La nota estaba firmada por miembros de la COPROSAVE (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal) el CIAPA (Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesiones Afines de San Luis), Sociedades rurales, Ministerio del Campo del Gobierno de la Provincia, AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y representantes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y la UNSL (Universidad Nacional de San Luis).
Este grupo de entidades argumentaba que “cuando la normativa es excesivamente restrictiva (…), existiendo fundamentos técnicos para que no lo sea, corremos el grave riesgo que termine por no cumplirse y lo que es más grave en este caso, que las aplicaciones de agroquímicos se hagan de manera clandestina en horarios nocturnos, con condiciones climáticas altamente riesgosas. (…) Estos casos se han dado y los daños terminan siendo mayores a la situación inicial de ausencia de normativa.”
Vemos en esas frases que reconocen la necesidad de distancias de restricción, pero afirman, llamativamente, que es mejor que no haya normativa…
A pesar de que en la COPROSAVE participaron varias instituciones del Estado provincial y Nacional, la propuesta del decreto estaba basada en los intereses privados de las empresas productoras de agroquímicos, los vendedores, los profesionales afines y los productores de granos bajo el modelo del monocultivo de granos transgénicos. Y fue elaborada a puertas cerradas y en secreto, a espaldas de los amplios sectores de la sociedad que estamos preocupados por el problema de los agrotóxicos.
La propuesta de este grupo era clara: Reducir las distancias mínimas de las fumigaciones, en las zonas periurbanas, priorizando el lucro sobre la salud y el ambiente.
A fines de Noviembre de 2014 un grupo de organizaciones (Acción por la Biodiversidad, Asociación Campesinos del Valle del Conlara, Naturaleza de Derechos, Cepronat (Centro de Protección de la Naturaleza), GRAIN, Madres del Barrio Ituzaingó Anexo y Reduas – Red Universitaria Ambiente y Salud. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba) presentamos un escrito mostrando la preocupación por el pedido de derogación de la ordenanza, y pidiendo su reglamentación. También buscamos promover el debate amplio y abierto, para avanzar colectivamente en la discusión de un tema tan sensible. Trabajamos en conjunto con el concejal Yáñez y con Luis Echevarría, ingeniero agrónomo autor de la primera ley de agroquímicos de la provincia. Dos fuentes importantes para la crítica a las propuestas desregulatorias fueron el documento conjunto “Pautas de Ministerio de Agricultura para las pulverizaciones periurbanas”: ausencia de ciencia, ocultamientos de daños y falta de legitimidad” y el trabajo de recopilación de Marcos Tomasoni "No hay fumigación controlable. Generación de derivas de plaguicidas"
En el documento presentado exponemos información sobre por qué los agroquímicos son agrotóxicos, o venenos, sobre los impactos en la salud y en la calidad de las aguas, legislación que nos ampara, lo precario de la argumentación de las instituciones que impulsaron el decreto, las derivas de los agrotóxicos, y nuestras propuestas:
- Que el Concejo Deliberante responda a la COPROSAVE de forma urgente por la negativa.
- Que se convoque a audiencia pública para debatir democráticamente el problema, para no repetir el error de la COPROSAVE, que propuso un decreto en forma secreta y a puertas cerradas, sin participación de voces críticas como afectados, profesionales críticos, ONGs, etc.
- Que el Concejo Deliberante solicite que se debata al interior de INTA, el Senasa y la Universidad de San Luis, y todos los ciudadanos podamos conocer todas las voces, en su diversidad, que hay dentro de dichas instituciones.
Hace unos días, el 8 de Junio, recibimos la buena noticia: el HCD de Villa Mercedes pasó a archivo el pedido de derogación, oyendo el reclamo de las organizaciones de lucha contra el agronegocio, por la salud y el ambiente, a favor de un modelo de Soberanía Alimentaria y Agroecología.
Relatamos en esta ocasión lo sucedido, para difundir argumentos para otras luchas similares en el país.
San Luis no es ningún otro país
Muchas veces se escucha como chiste o como crítica a otros gobiernos provinciales que “San Luis es otro país”. Un ejemplo claro de que esto no es así es el avance del agronegocio: Como muchos otros gobiernos provinciales, el de San Luis vio como oportunidad el avance empresario para hacer negocios, económicos y políticos, provincialmente.
La embestida nacional del documento “Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas” encontró su correlato provincial en la Provincia de San Luis. Envalentonados con el documento, con demasiados sellos y firmas y muy pocas referencias científicas presentadas, el grupo ad hoc presentó la nota en Septiembre. No pudieron lograr sus objetivos esta vez.
