No hubo denuncias de ningún tipo, salvo el exabrupto de tres ex presidentes latinoamericanos, que a las cuatro de la tarde (dos horas antes de la conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ganador de la contienda.
Fuera de esto, la “dictadura chavista” volvió a demostrar una transparencia y honestidad del acto electoral que más quisieran tener muchos países dentro y fuera de América Latina, comenzando por Estados Unidos.
El reconocimiento hecho por el presidente Nicolás Maduro ni bien se dieron a conocer los resultados oficiales contrasta favorablemente con la actitud de la oposición, que en el pasado se empecinó en desconocer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir de Washington, que al día de hoy no reconoce el triunfo de Maduro en las presidenciales del 2013. Unos son demócratas de verdad, los otros grandes simuladores.
Segundo, resaltar lo importante de que luego de casi 17 años de gobiernos chavistas y en medio de las durísimas condiciones prevalecientes en Venezuela, el oficialismo siga contando con la adhesión del cuarenta por ciento del electorado en una elección parlamentaria.
Tercero, el resultado desplaza a la oposición de su postura facilista y de su frenético denuncialismo porque ahora, al contar con una holgada mayoría parlamentaria, tendrá corresponsabilidades en la gestión de la cosa pública. Ya no será sólo el gobierno el responsable de las dificultades que agobian a la ciudadanía. Esa responsabilidad será de ahora en más compartida.
Cuarto y último, una reflexión más de fondo. ¿Hasta qué punto se pueden organizar “elecciones libres” en las condiciones existentes en Venezuela? En el Reino Unido debían celebrarse elecciones generales en 1940. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a postergarlas hasta 1945. El argumento utilizado fue que el desquicio ocasionado por la guerra impedía que el electorado pudiera ejercer su libertad de manera consciente y responsable. Los continuos ataques de los alemanes y las enormes dificultades de la vida cotidiana, entre ellos el de la obtención de los elementos indispensables para la misma, afectaban de tal manera a la ciudadanía que impedían que esta ejerciera sus derechos en pleno goce de la libertad. ¿Fueron muy distintas las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela? No del todo. Hubo importantes similitudes. La Casa Blanca había declarado en Marzo que Venezuela era “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos”, lo que equivalía a una declaración de guerra contra esa nación sudamericana. Por otra parte, desde hacía muchos años Washington había destinado ingentes recursos financieros para “empoderar la sociedad civil” en Venezuela y ayudar a la formación de nuevos liderazgos políticos, eufemismos que pretendían ocultar los planes injerencistas de la potencia hegemónica y sus afanes por derrocar al gobierno del presidente Maduro.
La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y mediática acabaron por erosionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los precios y auge de la inseguridad ciudadana.
Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los gruesos errores en la gestión macroeconómica del oficialismo y los estragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por el gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que terminar como terminó.
Desgraciadamente, el “orden mundial” heredado de la Segunda Guerra Mundial, que un documento reciente de Washington reconoce que “ha servido muy bien” a los intereses de Estados Unidos, no ha sido igualmente útil para proteger a los países de la periferia de la prepotencia imperial, de su descarado intervencionismo y de sus siniestros proyectos autoritarios.
Venezuela ha sido la última víctima de esa escandalosa inmoralidad del “orden mundial” actual que asiste impertérrito a una agresión no convencional sobre un tercer país con el propósito de derrocar a un gobierno satanizado como enemigo. Si esto sigue siendo aceptado por la comunidad internacional y sus órganos de gobernanza global, ¿qué país podrá garantizar para sus ciudadanos “elecciones libres”?
Por algo en los años setenta del siglo pasado los países del capitalismo avanzado bloquearon una iniciativa planteada en el seno de la ONU que pretendía definir la “agresión internacional” como algo que fuese más allá de la intervención armada.
Leyendo la reciente experiencia del Chile de Allende algunos países intentaron promover una definición que incluyese también la guerra económica y mediática como la que se descargó sobre la Venezuela bolivariana, y fueron derrotados.
Es hora de revisar ese asunto, si queremos que la maltrecha democracia, arrasada hace unas semanas en Grecia y este domingo pasado en Venezuela, sobreviva a la contraofensiva del imperio.
Si esa práctica no puede ser removida del sistema internacional, si se sigue consintiendo que un país poderoso intervenga desvergonzada e impunemente sobre otro, las elecciones serán una trampa que sólo servirán para legitimar los proyectos reaccionarios de Estados Unidos y sus lugartenientes regionales. Y pudiera ocurrir que mucha gente comience a pensar que tal vez otras vías de acceso al -y mantenimiento del- poder puedan ser más efectivas y confiables que las elecciones.
