La causa judicial investigaba los presuntos pagos de sobornos en el ámbito de la cámara alta para lograr sancionar Ley de Flexibilización Laboral en abril del 2000. En diciembre, Casación absolvió a todos los acusados.
El fiscal que llevaba la causa Javier de Luca y la Oficina Anticorrupción habían acordado no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, al considerar el agotamiento de los pasos procesales, que el máximo círculo de la Justicia seguramente confirmaría la absolución y la proximidad de la fecha de prescripción.
Según fuentes periodísticas, la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen interno en el que los señalaron que las chances de que la Corte revocara el fallo de la Casación eran remotas. En ese mismo texto, el organismo habría estimado que la prescripción debería entenderse como un fallo tácito.
