Nuestro bloque viene reiterando el pedido para que se convoque a extraordinarias desde hace más de 20 días luego de que el presidente Macri, en una decisión abiertamente inconstitucional, intentó nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, sin el insoslayable aval del Senado de la Nación. De hecho continuamos en el análisis del modo de poder realizar la autoconvocatoria y en busca del apoyo del resto de los bloques que compartan nuestra opinión para su concreción. Queremos además que sea respetada la libertad ciudadana.
A ese decreto le siguieron otros ilegales y violatorios de la Constitución Nacional y las instituciones de la República, que incluyen la reforma y hasta la derogación de leyes sancionadas democráticamente por este Congreso, la remoción de funcionarios también designados democráticamente por el Parlamento, y el intento de legislar por decreto en cuestiones penales –otra cuestión expresamente prohibida por la Constitución en su artículo 99-. Todo esto sumado a que muchas disposiciones se aplicaron de facto, antes incluso de su publicación en el Boletín Oficial y desoyendo medidas judiciales.
Si hay algo necesario y urgente es que el Congreso se reúna para validar o rechazar esta batería de decretos, tal como lo dispone la Constitución Nacional en su artículo 99, y para legislar en toda cuestión que el Ejecutivo considere pertinente. Pero para reunir a las Cámaras no basta con la voluntad de los legisladores: fuera del periodo ordinario de sesiones –como nos encontramos hasta marzo-, la Constitución en su artículo 63 dice que “pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación”, convocatoria que a la fecha no se ha producido.
Paralelamente, las autoridades de ambas Cámaras se niegan a firmar actos administrativos, con lo cual asistimos a una virtual disolución del Parlamento. Por citar sólo dos ejemplos, la designación del titular de la AGN fue inexplicablemente demorada hasta ayer; y aún estamos a la espera de la firma para el segundo miembro del Consejo de la Magistratura que por ley le corresponde a este bloque, y que en otro atropello institucional pretendieron otorgársela a un integrante de un bloque minoritario -intento frenado por varias medidas cautelares y que derivó en una denuncia penal contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó-.
En noviembre, Mauricio Macri fue elegido para conducir el Poder Ejecutivo de la Nación. Pero antes, en octubre, los argentinos elegimos a nuestros representantes en el Congreso. Y desde el 10 de diciembre, a los representantes del pueblo democráticamente electos no nos dejan trabajar.
Por eso invitamos a los diputados de todos los bloques políticos a que se sumen a este reclamo para que se nos permita cumplir con los derechos y las obligaciones que nos confiere la Constitución Nacional. A los dirigentes que se rasgaron las vestiduras en nombre de las instituciones y la República, los invitamos a abandonar el silencio cómplice y acompañarnos en la defensa de las instituciones y la República. A los legisladores de la alianza gobernante les pedimos que se saquen la careta y recuerden que fueron ellos quienes presentaron un proyecto para que el Congreso quede automáticamente convocado cuando se dicte un DNU. Al presidente de la Nación le exigimos que ponga fin al avasallamiento de las instituciones y convoque inmediatamente a sesiones extraordinarias.
