Según se expresa en el escrito presentado por el abogado platense Jerónimo Guerrero Iraola, la acción de amparo tiene fundamento "en la manifiesta inconstitucionalidad" de ambos decretos, por medio de los cuales "se suspende la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley 27.063" y por otro lado "se transfiere el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la Procuración General de la Nación del Ministerio Público a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Aduce que estos dos decretos representan "el debilitamiento del sistema republicano democrático" y alerta sobre las modificaciones estructurales en "materia penal" que conllevan estas medidas: "los DNU citados introducen modificaciones orgánicas que en los hechos conllevan grandes cambios en relación al sistema penal".
La transferencia del Departamento de Interceptación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "podría implicar la obstaculización de investigaciones en ciernes, sin que se aprecien en forma clara los porqués de dicha media. Es decir, se opta por el descalabro institucional, antes que la configuración de un sistema respetuoso y protectorio de derechos/garantías" asegura el escrito.
A su vez, aclara que esto puede implicar "un efectivo desfinanciamiento de la Procuración General de Nación, lo que claramente implicaría una injerencia desmedida por parte del Poder Ejecutivo en otro Poder del Estado, por vía de la intromisión en su dimensión presupuestaria".
Entre los justificativos que se hallan en el escrito, el abogado Guerrero Iraola, se basa en que "La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que la reforma constitucional de 1994 enunció entre sus objetivos el de “atenuar el presidencialismo”, al tiempo que consignó la necesidad de “modernizar y fortalecer el Congreso”.
"Sería importante puntualizar cuáles son los fundamentos por los que el Poder Ejecutivo ha decidido desoír las mandas constitucionales, dejando al pueblo argentino a merced de un hiperpresidencialismo lesivo de las garantías fundamentales que deben primar en el Estado de Derecho" expresa la demanda redactada por el abogado platense.
