La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, suspendió por decreto y por el plazo de 180 días las discusiones paritarias. Lo hizo a través del decreto 26/15 con fecha del 15 de diciembre de 2015 pero publicado recién el miércoles pasado en el Boletín Oficial.
La decisión de Vidal, tomada apenas unos días después de asumir y oficializada recién esta semana suspende por seis meses la ley que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de los trabajadores municipales bonaerenses y establece como nuevo marco normativo una vieja ley del duhaldismo que le abre las puertas a los intendentes a fijar los salarios de este año de manera unilateral.
Según advirtió en su edición de este sábado Página/12, "a través del decreto, Vidal restablece la vigencia de la ley 11.757, una vieja norma sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde y que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos, como consecuencia del reclamo sindical".
En 2015 había comenzado a regir una nueva ley, la 14.656, presentanda por el diputado provincial avellanedense Hernán Doval, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados como planta permanente. Sin embargo "la última etapa de implementación de la ley quedó en manos de Vidal, que a cinco días de asumir la borró de un plumazo".
En su artículo 104, la ley de Duhalde sancionada en 1996 establece que "el Departamento Ejecutivo determinará por vía reglamentaria el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la administración municipal".
Las críticas a la gobernadora bonaerense no se hicieron esperar. "El decreto es absolutamente inconstitucional y significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los trabajadores", denunció Lucas Arakaki, abogado de ATE.
En la misma línea Marcelo Ponce Núñez, representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida apunta a "disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial y represión", y adelantó que desde la central buscarán judicializar el decreto.
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley. "Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos", advirtieron en un comunicado.
"Se suspende, hasta la culminación del proceso de acompañamiento y reglamentación, la aplicación de la Ley Nº 14.656, quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley Nº 11.757 y modificatorias", reza el artículo clave del decreto, que lleva las firmas de Vidal y de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Gobierno, Federico Salvai y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, con fecha del 15 de diciembre.
El plazo establecido para la anulación de las paritarias es de 180 días. "Eso es una falacia", explicó Arakaki, "porque en general los decretos de este estilo se prorrogan automáticamente, por lo que es esperable que el decreto funcione como una ley". "Y si suponemos que es sólo por 180 días la paritaria para los municipales se anuló, porque estarían discutiendo salarios recién en junio", aseguró.
La ley 14.646 establecía los derechos básicos de los trabajadores municipales, entre ellos la discusión paritaria libre, que de todas formas, señalan desde CTA, no se aplicaba a todos los municipios
"No se entiende cual es la urgencia, en ningún tramo del decreto está justificada", aseguró Ponce Núñez, para quien no es casualidad la fecha de publicación, en plena feria judicial. "La situación de precarización de los trabajadores ya era de por sí preocupante, dado que en la mayoría de los casos eran contratados", afirmó sobre la planta de municipales, que estimó en más de 300 mil empleados. "Pero ahora, con represión, ajuste sobre el salario y sin paritarias, la situación es cada vez más grave".
