"El PNUD no ha participado de ninguna injerencia política ni ha financiado partidos políticos en Nicaragua o en cualquier otro país. Servimos a los países en los cuales trabajamos y a su gente, sin ningún tipo de afinidad ni inclinación política", indica una comunicación de la Oficina para América Latina y el Caribe del PNUD divulgada en el sitio web de la legación.
El PNUD emitió el texto en reacción a una nota verbal de la Cancillería nicaragüense suscrita por la vicecanciller de Cooperación Externa, Arlette Marenco, en la que además de acusar al PNUD de injerencias políticas y financiación de agrupaciones políticas —sin ofrecer prueba ni indicios—, exigía al Plan que realice una “limpieza” en sus oficinas.
En esta línea, la nota gubernamental señala que en septiembre de 2015, el presidente Daniel Ortega dejó claro, al decretar el cierre de los proyectos del PNUD de menos de veinte millones de dólares de presupuesto, para no permitir más que los locales de la legación se usen como oficinas de partidos políticos.
En reacción a esta reducción del programa, el comunicado del PNUD esgrime que la medida hará perder el puesto de trabajo a 75 funcionarios nicaragüenses en mayo de 2016.
Tal y como precisa el documento gubernamental, el Gobierno acusa además a la misión diplomática de tergiversar las cifras del país, lo que también ha sido rechazado por el organismo, que deja claro que solo utiliza las cifras oficiales para “sus publicaciones relacionadas con el desarrollo humano”.
Bajo las presiones del Ejecutivo, ha salido del país la representante residente del PNUD en Nicaragua, Silvia Rucks, por acusaciones en su contra según las cuales habría iniciado una “campaña, comunicándose con el Cuerpo Diplomático acreditado en Nicaragua, trasladando un mensaje lesivo a nuestras decisiones soberanas, tergiversando la realidad, indicando que el Gobierno estaba sacando al PNUD del país”, dice la carta.
