Por el caso hay cinco efectivos acusados, tres de los cuales tuvieron prisión preventiva hasta finales de diciembre de 2015 y que comenzará el próximo 16 de marzo.
Pablo Pimentel, presidente de la APDH-La Matanza, estuvo acompañado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los abogados Alejandro Bois y Christian Blanco, patrocinantes de la familia Blanco e integrantes de la Asamblea.
José Schulman señaló que "a cuarenta años del último golpe de estado estamos aquí para decir Nunca Más a la violencia estatal", al tiempo que consideró que "la causa que nos convoca es un claro ejemplo de una práctica que, lejos de ser aislada o casual, es sistemática y creció en los últimos años con los decretos de emergencia en Seguridad, que hizo el ex gobernador Daniel Scioli, en 2014, y con la constitución por decreto las policías locales. Todo esto generó una situación, para finales de 2015, que la Comisión Provincial por la Memoria caracterizó como un 'colapso de los derechos humanos'".
Nora Cortiñas expresó que "la prueba irrefutable que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar" y que en este caso, como en el Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices". Dijo que "las Madres estaremos en la calle el próximo 16 de marzo cuando comience el juicio y el 24, cuando se cumplan cuarenta años del último golpe". "Siempre acompañaremos a las víctimas de violencia institucional y a la Asamblea porque peleamos por Memoria, Verdad y Justicia", agregó.
Pablo Pimentel afirmó que "no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos; en la gestión gubernamental anterior tuvimos una relación independiente, como la tuvimos siempre, Hemos dicho lo que estaba bien y lo que estuvo mal, como los casos de Jorge Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo. Pero habían alguien con quien hablar. Hoy no tenemos con quién. Ahora, sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero. Esto es grave, porque si logramos denunciar este caso de Gabriel Blanco se va a caer una política de persecución y venganza que se va a dar territorialmente, como en Jujuy con Milagro Sala. Lo que va a pasar con la causa de Gabriel Blanco se va a dar en La Matanza, un lugar que marca tendencia en lo político y social."
Respecto de las últimas decisiones del TOC 5 que actúa en este caso, Pimentel contó que "a los tres policías acusados se les negó la prisión domiciliaria durante años. Sin embargo, en diciembre pasado, con el cambio de gestión nacional y provincial, les dieron ese beneficio, además de declarar la nulidad de la reconstrucción del hecho que había realizado Gendarmería"; al mismo tiempo que "nos niegan la recusación del TOC 5 a quien consideramos parcial. Ahí es donde comenzó a obrar esta nueva administración que no le importa en absoluto lo que significa la defensa de los derechos humanos".
"Hay que revertir esta situación con la construcción de contrapoder popular, debemos estar juntos para el comienzo del juicio el 16 de marzo y la marcha del 24, una movilización que avance y no pare", sostuvo Pablo Pimentel.
El doctor Alejandro Bois expresó que "es difícil lograr Verdad y Justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad". Como antecedentes del TOC 5 Bois recordó que es el mismo que falló "en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados; también intervino en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y que fue linchado por cinco vecinos a quienes el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda".
Bois reseñó que "muchas de nuestras conclusiones se nutren de la reconstrucción ahora anulada, la misma que la Cámara de Apelaciones había validado cuando le tocó intervenir en la causa". Entonces, este Tribunal "no sirve como árbitro porque tiene puesta una camiseta" y además nos señala que por nuestros planteos de parcialidad podemos caer en una infracción a la ética profesional de los abogados". "Así -agrega- el resultado del juicio está un poco anticipado". "El caso de Gabriel Blanco es emblemático respecto de lo que puede pasar con un chico marginado", definió Alejandro Bois.
El doctor Christian Blanco se refirió a "un cambio de paradigma" respecto de las decisiones judiciales como la validez de la reconstrucción del hecho y la prisión de los acusados hasta el momento del juicio oral y público, ambas cuestiones revocadas por el TOC 5.
Estuvieron presentes medios de comunicación alternativos, organizaciones políticas, sindicales y sociales como La Garganta Poderosa; SUTEBA-Seccional La Matanza; HIJOS-La Matanza; Nuevo Encuentro-La Matanza; Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Todos contra la impunidad; Bachillerato Popular Coihue; Asociación Justicia por Franco Zárate; Asociación Civil Yanapacuna y el diputado provincial Miguel Funes (FPV). También adhirieron a la convocatoria el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que preside el Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
Causa Blanco: Comenzó el juicio oral
Gabriel fue detenido en el barrio “La Borgward”. Era hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones. Quería a su familia y se esforzaba por criar a su pequeño hijo.
Gabriel estaba nervioso. En la comisaría, su compañera pidió hablarle y que viera a su hijo, convencida de que así se calmaría. Los policías le dijeron que ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Por la noche, un patrullero se acercó a la casa de Teófilo para informarle que Gabriel, su hijo, se había suicidado.
Durante el velatorio dudaron sobre la versión oficial y advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban piezas dentales. Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.
El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte.
La apelación a la prisión preventiva fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.
Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Sin embargo, fueron ellos quienes cambiaron sus dichos siete años después para deshonrar a los militantes.
Además, integrantes de la Asamblea fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, mientras que familiares de Gabriel fueron amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.
Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra Pablo Pimentel y otros miembros de la Asamblea.
Tras varias movilizaciones, una marcha multitudinaria el 18 de mayo de 2015 y una audiencia con el entonces gobernador provincial Daniel Scioli, el fiscal José Luis Claudio Longobardi archivó la causa. Sin embargo, advirtió que, si durante el juicio oral y público contra los policías aparecían elementos nuevos, abriría el expediente.
Criminalizar a los organismos de derechos humanos y a sus militantes, tanto como difamarlos, es el camino que siguen quienes persiguen la impunidad de la violencia institucional.
El juicio oral y público por la muerte de Gabriel Blanco será el próximo 16 de marzo. Su familia espera un castigo ejemplar para los responsables. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza acompaña a los familiares de Gabriel en cada paso para velar que se haga justicia.
Como anticipo, el Tribunal en lo Criminal nro. 5 (TOC 5) tomó las siguientes decisiones:
- Anuló la prisión preventiva de los tres acusados y les otorgó la prisión domiciliaria el 22 de diciembre de 2015.
- Además, declaró nula la pericia de reconstrucción del hecho que hizo Gendarmería Nacional y Policía Científica en marzo de 2012 porque, asegura, los testigos –Balbuena, Suárez y Gómez- no contaron “con la debida representación” para controlar sus manifestaciones y “no fueron relevados del juramento de decir verdad”, siendo que esos dichos fueron posteriormente “utilizados en su contra”.
Vale destacar que, en base a esa pericia de reconstrucción, el juez Alí mandó a la cárcel a los imputados el 23 de febrero de 2013 y, con posterioridad, la Sala de Apelaciones denegó la solicitud para esperar el juicio en libertad. En ese momento, ningún estamento judicial advirtió sobre la transgresión de principios constitucionales como ahora sostiene el TOC 5 (no está demás decir que la última determinación se genera en una etapa del país donde las autoridades nacionales plantean una liberalización del accionar policial).
En el marco de la ley, la APDH-La Matanza participará tanto dentro como fuera del juicio. Desde ya pedimos a todos los militantes, sindicatos y partidos, a los barrios y a los medios que nos acompañen para que a Gabriel Blanco no lo maten con el tiro de la impunidad.
Si los policías acusados por la muerte de Gabriel quedan en libertad por decisión de la Justicia de La Matanza, el fallo sería una demostración de poder de la corporación policial, judicial y política. Una forma de disciplinar a los pobres que se rebelen ante el abuso de poder y la violencia institucional.
Los organismos de derechos humanos –que siempre se han solidarizados con víctimas de violencia institucional- serán perseguidos. La causa por “extorsión” que anida en un cajón de la Fiscalía General de La Matanza seguramente será alimentada con nuevas mentiras y difamaciones para criminalizar a los militantes sociales.
Una herramienta fundamental es la comunicación para explicarle a la sociedad qué sucedió con la muerte de Gabriel Blanco, la lucha de sus padres por alcanzar la verdad y que la militancia de derechos humanos está siendo sometida a presiones y acciones mafiosas impropias de una democracia.
La violencia institucional viola los derechos del pueblo. Si articulamos poder popular vamos a terminar con la impunidad política, judicial y policial. Para esto, pedimos un acompañamiento activo, solidario con la familia Blanco y la Asamblea.
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