En el nuevo proceso, que se celebra a puerta cerrada y únicamente con la presencia de las víctimas, los defensores del ex jefe de Estado (1982-1983), Jaime Hernández y Luis Rosales, y de los querellantes adheridos, quienes intentaron sin éxito separar del debate al también general retirado José Mauricio Rodríguez.
Al inicio de la audiencia, Hernández argumentó que no se puede juzgar a los dos al mismo tiempo, debido a que el caso de Ríos Montt es un “juicio especial para la aplicación de medidas de seguridad” y el de Rodríguez, uno “ordinario”.
El debate contra Ríos Montt, enfatizó el jurista, “se tiene que celebrar independientemente porque así lo manda la ley”.
Asimismo, el abogado Edgar Pérez, quien representa a las víctimas, dijo que es “manifiestamente ilegal” que se realice este juicio de forma conjunta, por lo que dejaron asentada su protesta ante el tribunal.
Formalismos
La presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, que lleva el caso, María Eugenia Castellanos, expresó que son “puros formalismos” los que utilizan los abogados y que la decisión de celebrar el juicio conjunto se adoptó en agosto de 2015.
El Ministerio Público (MP) confirmó el inicio del nuevo proceso, en el que la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por Hilda Pineda, acusó a Ríos Montt de los delitos de genocidio y lesa humanidad, por el asesinato de 1,771 indígenas ixiles en el departamento de Quiché. La misma imputación se hizo contra Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia Militar.
Las pruebas que el MP presentará serán las mismas que las de 2013, que incluyen desgarradores testimonios de sobrevivientes de las masacres en el denominado Triángulo Ixil.
