No es cierto, porque aunque este canje sea exitoso, seguirán quedando afuera cerca de un 4% de bonistas, muchos de los cuales no han sido localizados. A estos habría que sumarle las posibles reacciones del 92% de los bonistas que entraron al canje y bastaría que usaran la cláusula Ruffo para reclamar y tener los beneficios de los holdouts, para entrar en un conflicto muchísimo mayor. En suma, no se sale del default y no vendrán créditos baratos, entre otros motivos, por la recesión actual y la falta de capitales productivos.
Otra vez el canje no es acompañado por la documentación que muestre el origen de los bonos, sus tenedores y lo que se paga de capital e intereses. Es el mismo discurso que hemos oído ante cada canje de deuda, acompañado con la amenaza de los peores males para el país si no se acata el dictamen de los fondos buitre que se apoyan en acuerdos y procedimientos de neto perfil neocolonial.
Es hora de que los argentinos digamos Nunca Más y exijamos la Conadep de la Deuda Externa: una comisión independiente de los intereses partidarios integrada por expertos nacionales e internacionales y parlamentarios. Las comisiones anteriores fueron un fracaso como lo demuestra la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda creada en 2014 y que terminó en otra frustraciòn. Ahora, el proyecto oficial le ha sacado su carácter investigativo.
Deuda y macrocorrupción: La deuda externa es uno de los mayores conflictos que arrastra nuestro país y aunque parezca un tema técnico o ajeno, es una suerte de sangría que modifica nuestra condición de vida, nuestro futuro y bienestar. Fue y es el principal foco de macrocorrupción política y económica que nos contamina y debilita. Basta saber que desde su inicio en la dictadura de Videla hasta hoy, se han pagado en concepto de servicios, intereses y capital más de 400.000 millones de dólares que incluyen el pago de más 40..000 millones de dólares a los organismos internacionales.
En lugar de haber transformado la multimillonaria suma en miles de escuelas, cientos de hospitales, millones de viviendas, autopistas, energías de todo tipo, fábricas y universidades, asistencia social y el 82% móvil para los jubilados, la deuda se llevó el excedente de riqueza del trabajo argentino en estos últimos 40 años, se llevó nuestro bienestar y la posibilidad de haber colocado a la Argentina entre los grandes países emergentes. Pero no es todo: el Ministro Prat Gay confirmó en el Senado de la Nación, que el país debe hoy 225.000 millones de dólares.
Cultura de la deuda
Con el tema de la deuda, la desinformación y las campañas interesadas han impuesto mitos y una suerte de cultura de la derrota de la que será muy difícil salir y que ha reemplazado a la cultura de vivir con lo nuestro, como vive la inmensa mayoría de familias en todo el mundo. Aquí estamos de nuevo ante un gobierno que no tiene un plan con el objetivo puesto a salir de la deuda y la dependencia, sino todo lo contrario.
En lugar de convocar a un gran debate nacional, económico y social, que fije las prioridades y defienda los bienes y recursos del país para vivir y crecer con lo que tenemos, el proyecto es financiarse con deuda y como en los tiempos de Cavallo, endeudarse para financiar el déficit. No hay mayor acto de suicidio económico que pretender salir de una deuda tomando otra y a tasas altas del 8% anual, como lo indicó el Ministro Prat Gay.
El cuento es el de siempre: faltan capitales, no hay recursos, pero los diarios nos informan que se van del circuito productivo, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales. El país está exigiendo un acuerdo económico social que discuta la reforma tributaria y una nueva ronda de coparticipación federal.
La misma y vieja deuda
Muchos ciudadanos creen que la deuda que hoy se debate, nada tiene que ver con la vieja deuda externa, pero es la misma que se ha venido reciclando. La deuda actual tiene su origen en la dictadura de Videla y Martínez de Hoz que modificó el Código Procesal Civil y Comercial para poder delegar la inmunidad soberana de nuestros tribunales en foros extranjeros.
En agosto de 1982, continuando con un proceso iniciado y del que fue inspirador Domingo Cavallo, Presidente del BCRA, determinó la estatización de la deuda privada que alcanzaba a la suma de 23.000 millones de dólares. Una deuda privada de grandes empresas y bancos privados, entre quienes estaban Fiat, Esso, Shell. Ford Motors, Loma Negra, Bank of. América, Bridas, IMPSA, Renault, Cargill, Papelera Alto Paraná, Pérez Companc , Amro Bank, Chase Manhattan Bank, Pirelli, ESSO, Banco de Galicia, Aluar, etc. con lo cual la deuda externa pública total del país llegó a los 45.000 millones de dólares. Lo grave es que se trató de la estatización de deudas ficticias, como en gran parte lo demostró la auditoria llevada a cabo en el BCRA entre 1984 y 1985.
Alfonsín o el reconocimiento de la deuda
Al volver a la democracia, el gobierno de Alfonsín se encontró con la carga de la deuda y las presiones de la corporación militar que le pedía la amnistía para los responsables de los crímenes del terrorismo de Estado. Toda America Latina estaba endeudada a la espera que Argentina denunciara la deuda con la teoría americana de la deuda odiosa que USA aplico en Irak para no pagar las deudas de Sadam Hussein.
Para esa doctrina las deudas contraídas por gobiernos dictatoriales no son deudas de los pueblos y por ende, no corresponde pagarlas. Y este proceso, que implicaba cuestionar las políticas del FMI lo comenzó el gran ministro de economía de entonces, don Bernardo Grinspun, que vanamente intentó cuestionarla y priorizar el pago de la deuda interna.
No fue esta la idea del Presidente Raúl Alfonsín, que en 1985 planteó una “economía de guerra” según el plan del nuevo ministro de economía Sourrouille y autorizó a José Luis Machinea, -al frente del BCRA- a emitir pagarés de reconocimiento de la deuda privada para que fuera asumida en forma directa por el Estado Nacional.
Cabe apuntar que fue en vano la insistencia en lograr alguna información de la justicia federal, ya que tanto el BCRA como el Ministerio de Economía no tenían registrada la deuda: solo había anotaciones sin valor contable., Desde ese momento, junto al reconocimiento en la Rondas del Club de París, se trató de legitimar toda la deuda de la dictadura, para que fuera exigible legalmente, y de allí viene el origen de todo lo que se sigue discutiendo.
Plan Brady y bonos
La deuda externa privada que estatizara la dictadura, fue convertida en bonos por el gobierno justicialista de Carlos Menem. Dada la falta de registros de la deuda, el Ministro Cavallo informó que la Argentina pagaba a los acreedores ante simple avisos de vencimiento, y sin exigirle documentación alguna que documentara la legalidad de los créditos reclamados.
A tal fin se celebró un acuerdo con el Comité de Bancos liderado por el Citibank, para que ellos nos dieran la información exacta de cuanto les debíamos, se establecieran los intereses y las formas de pago. Todo ello fue avalado por los dictámenes de la Procuración del Tesoro. A través de ese plan, llamado Plan Brady por la participación del Secretario del Tesoro americano, la deuda incobrable que tenían muchos bancos, se trasformó en miles de bonos, vendidos por esos mismos bancos a los ahorristas de diversas partes del mundo, pero además permitió que , a través de esa operatoria, se quedaran con todas las empresas públicas, ya que pagaron una gran parte con bonos defaulteados, que habían comprado al 17% de su valor, y al que el gobierno de Menem les reconoció su valor nominal.
Esa deuda, aumentada por los intereses, canjes y refinanciaciones posteriores, sigue siendo la que hemos venido pagando hasta hoy, gracias a la alternancia del bipartidismo en el gobierno y a su complacencia o complicidad. La deuda siguió creciendo y se convirtió en una suerte de fatalidad, que no se podía investigar y solo cabía pagarlas o refinanciarlas.
Las deudas deben pagarse, cuando tienen un origen lícito, pero la nuestra nació mediante la comisión de delitos e ilicitudes, y esa ilegalidad, que determina la nulidad absoluta de la misma no puede ser desconocida por ningún poder del Estado. La investigación oficial del equipo de expertos que acompañó la causa iniciada por el Dr Alejandro Olmos puso en evidencia que la deuda de la dictadura no tenía justificación económica, administrativa ni financiera, que se desconocía en una gran parte el destino de los fondos, que estaban probados los actos ilícitos denunciados.
Acatar los fallos de la justicia
Se dice y se oye que se debe cumplir con la Justicia y acatar las sentencias, aunque sean adversas – en referencia al fallo del juez Griesa- y deberíamos agregar que de todos los fallos y no solo de algunos. En julio del año 2000 el juez federal Jorge Ballestero dictó sentencia en la mencionada causa Olmos. En ella se probaron 477 ilícitos, veinte operaciones irregulares avaladas por el Estado Nacional, todos los préstamos solicitados por empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado.
El juez remitió la causa al Congreso para que cumpliera con su obligación de tratarla, como marca la Constitución Nacional, y la decisión judicial fue enviada al archivo, sin que jamás hubiera la menor intención de ver de que se trataba la aludida investigación.
El Megacanje
Seis meses después, en enero del 2001, el gobierno de la Alianza negoció el Blindaje y ante los problemas de vencimiento de la deuda que no pudieron solucionarse, Cavallo –nuevo ministro de economía, con plenos poderes otorgados por el Congreso- cerraba el Megacanje, que fue la mayor estafa cometida contra la Nación. La reestructuración de la deuda significó un aumento de intereses por 55.000 millones de dólares, pero además este no era el peor de los daños, sino que al hacer una restructuración de la deuda, se validaba la deuda que había deslegitimado el juez Ballestero.
Fue tan escandaloso y perjudicial la gestión de los funcionarios del BCRA que participaron en el Megacanje que hoy se encuentran procesados por sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, Julio Dreizzen, Horacio Liendo, y los otros miembros del gabinete económico de aquél entonces.
El gobierno de Néstor Kirchner se encontraba en una situación excepcional para hacer cumplir el fallo del juez Ballestero, pero su plan era otro. Al asumir el presidente provisional Adolfo Rodríguez Sáa, declaraba que el país estaba en cesación de pagos porque no tenia recursos para enfrentar la deuda.
A esta situación se sumaba que los bancos extranjeros se habían llevado los depósitos en dólares de los ahorristas por la furia de éstos, se vieron obligados a blindar sus vidrieras. El gobierno de Eduardo Duhalde y su ministro Roberto Lavagna, en lugar de exigir la reposición de los depósitos apoyándose en la jurisprudencia nacional del fallo del Dr. Salvador M Lozada en la causa Swift Deltec, o declarar la quiebra de los bancos, hizo reformar la ley de quiebras para evitar que los gerentes fueran presos y emitieron un bono para entregar a los bonistas. Se terminó de pagar en el 2012 y su costo fue de 19.000 millones de dólares.
Los canjes del 2005 y 2010
En marzo del 2004, el presidente Kirchner y el ministro Lavagna, vuelven a legitimar la deuda e ignorar el fallo del Dr Ballestero, delegando las inmunidades soberanas en la justicia de Nueva York para iniciar el canje de los bonos del Megacanje y otros que provenían de la década del 90. Los bonos atados al cupón del PBI terminaron compensando en gran parte la quita conseguida de la deuda.
En febrero del 2005 se vota la Ley Cerrojo para dejar fuera a los bonistas que no lo aceptaron, pero en septiembre de 2013 vuelven a abrir la ley para un nuevo canje. Se trató de un grosero negociado armado con los bancos que compraron a precio vil los bonos que quedaron afuera.
A través de la Consultora Arcadia, creada en el año 2008 con un ínfimo capital, se armó un proyecto para hacer el canje que se efectuó finalmente en el año 2010, mediante el cual, se canjearon bonos obtenidos al 20 % de su valor por nuevos bonos con el cupón atado al PBI.
Fue inútil que desde la Cámara de Diputados se exigiera que informaran de quien eran esos bonos, de donde provenían, a cuanto habían sido comprados. Hubo algunas explicaciones sobre documentos se habían enviado, pero nada se supo, y ello determinó que iniciáramos una causa penal al entonces ministro de Economía, Amado Boudou.
Club de Paris
La deuda con el Club de París tuvo origen en un 65% en créditos pedidos por la dictadura militar para compra de armamentos e importaciones no declaradas. Después de muchas rondas de negociación, en la última de 1992, se pactó un pago a 11 años con 4 de gracia y se comenzó a pagar. A la misma se le fueron sumando nuevos créditos contraídos durante la década del 90, y préstamos del gobierno de España.
De acuerdo con las cifras existentes en el Ministerio de Economía, la deuda, con intereses llegaba en el año 2014 a 6100 millones de dólares. Sin embargo el ministro Kicillof, acordó el pago de 9500 millones, en solo cinco años, volviendo a cumplir escrupulosamente con obligaciones contraídas por la dictadura militar, sin que haya contestado al pedido de los legisladores de conocer a quien se le había pagado y cuanto.
La deuda perpétua
Llegamos al nuevo canje de deuda con los holdouts que es otro inútil capítulo de una tragedia anunciada porque, si se continúa con la dinámica de los últimos 30 años, la deuda es impagable. Desde hace décadas Argentina se endeuda para saldar la vieja deuda porque no puede pagar. Ha intentado todo tipo de ajustes sobre las espaldas y el bienestar del pueblo y ese camino colisiona con sus derechos sociales fundamentales: trabajo estable con cobertura social, educación, salud, seguridad, vivienda, transporte, energía… Seguir endeudando al país en lugar de reconocer que está quebrado y no puede pagar, es un mecanismo irresponsable y tramposo porque la deuda aumenta y nos conduce hacia la deuda perpetua.
El actual Proyecto de Ley, no termina con el endeudamiento, es solo un capítulo de la deuda: los holdouts que no entraron en los canjes anteriores y que no son todos porque falta detectar un 3% de bonistas en Francia, Bélgica y España. Esto supone que después de este acuerdo, existe la posibilidad de nuevos litigios, por lo cual la mentada salida del default es más bien una expresión de deseos que una realidad.
El propio gobierno reconoce, en los fundamentos de elevación del Proyecto, que hay deuda por 20.000 millones de dólares, y bonistas que no han iniciado acciones judiciales, lo cual pone en evidencia que este es un arreglo parcial, que no soluciona el problema en su totalidad. Además, no hay que descartar la posibilidad que los que entraron en el canje, puedan en alguno caso hacer reclamos, aun no teniendo derecho, pero si volviendo a entorpecer cualquier negociación con acciones litigiosas.
Argentina en defaut
Si bien los juicios que tramitan ante el juzgado de Griesa están terminados, y son exigibles, no es el caso de los bonistas italianos, ya que dos demandas en el CIADI quedaron sin efecto, y la que actualmente tramita, no ha sido resuelta, ya que la jurisdicción está impugnada por el Estado, por lo cual resulta apresurado llegar a un acuerdo, en el actual estado de situación. Lamentablemente, la sentencia dictada por el Juez Griesa debe ser respetada aunque no nos guste, ya que la Argentina se sometió voluntariamente a esa jurisdicción y legislación y de lo contrario sería un desacato jurídico. De lo que no se quiere hablar y mucho menos asumir, es que el rey está desnudo: el país está quebrado y elige el camino de pagar deuda vieja con deuda nueva. Lo que nadie quiere discutir y asumir, es como y con que se pagarán los bonos que van a emitirse. Aunque la tasa de interés no está determinada, se ha dicho que rondará el 8%.
Siguiendo la tradición de oscuridad en el tratamiento de la deuda, el nuevo canje que propone el gobierno Macri tampoco brinda toda la información que muestre desagregados los pagos de capital, intereses y punitorios. Por un lado, se llegó a un acuerdo para pagar a los fondos buitre beneficiado por el fallo del juez Griesa por U$S 4.553. A estos se le suman otros holdouts elevando la deuda a U$S 7553 millones. Pero el Ministro menciona que el total de la deuda es U$S 11.684 millones. El problema radica en que si se cierra la emisión en U$S 12.500 millones, el ministro de Hacienda dispondrá, aproximadamente, de U$S 5.000 millones para decidir eventuales pagos sin la aprobación del Congreso como lo autoriza el artículo 6 del proyecto de ley.
Algunos excesos del Proyecto de Ley
Resulta sorprendente -y por ende inaceptable- las facultades ilimitadas que se delegan en el Ministro de Hacienda y Finanzas, muy parecidas a las otorgadas a Cavallo en el año 2001. Son un cheque en blanco. También es inaceptable que se vuelva a resignar la jurisdicción en jueces extranjeros, y que se deje sin efecto la Comisión Investigadora de la Deuda Pública, limitándose a una Comisión de Seguimiento.
Por estas razones, no aceptamos que nos pongan unilateralmente una fecha tope para llegar a un acuerdo. Ningún bonista que acaba de acordar se bajará del mismo porque haya que esperar quince días o un mes cobrando altos intereses diarios. La verdad que encierran las presiones y los apuros es la necesidad del gobierno nacional de tener acceso al crédito y que entren dólares que le permitan superar la crisis.
La necesidad de obtener divisas se contradice con la política de seguir con los millonarios subsidios a las corporaciones petroleras que comenzaron la ex presidenta Cristina Kirchner y su ministro Kicillof. Este año superarán los 10.000 millones de dólares, con lo que se podrían comprar todos los activos petroleros del país cuyo valor es un tercio de lo que valían dos años atrás por la caída del precio del barril de crudo.
Las dos opciones
Aunque pensamos que es injusto habiendo fallado en contra del pais todas las instancias de apelación, incluida la Corte Suprema de los Estados Unidos, jurídicamente no quedaría otra solución que pagar lo determinado en la sentencia para no correr el riesgo de no terminar con este juicio, que no se levante la medida cautelar que impide pagarle los intereses a los bonistas que entraron en los otros canjes y se correría el riesgo de una demanda mayor.
La otra opción es política y tambien dolorosa e implica un debate mayor: asumir que el pais no está en condiciones de pagar porque está quebrado –como sucedió a fines del 2001-, significa priorizar el pago de la vieja deuda interna que Argentina tiene con su pueblo y honrar la deuda que se considere y que se reconozca legìtima por la Comisión Investigadora, a largo plazo y en condiciones que no estén reñidas con sus posibilidades económicas y sociales.
¿Pero como llevar esto a cabo a contramano de la realidad? Hoy el Estado está destruido, infectado por años de prácticas corruptas. No tenemos un empresariado con proyecto y conciencia nacional y los trabajadores organizados no tienen la fuerza para resistir la extranjerización de la economía y el saqueo del país. El Papa Francisco advierte: “la realidad es superior a la idea, la unidad es superior al conflicto”.
Por estas razones llamamos a no acompañar el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y proponemos las siguientes modificaciones:
1) Que solo se cierre el acuerdo con los holdouts del fallo del juez Griesa
2) Que los bonistas renuncien a nuevos juicios o demandas…
3) Que los demás procesos de negociación deban tratarse y aprobarse en el Congreso
4) Que nunca más el país delegue soberanía en tribunales extranjeros
5) Que el Congreso no delegue sus facultades constitucionales de negociar la deuda en funcionarios del Poder Ejecutivo y de participación a la Auditoría General de la Nación.
6) Que se cree la Conadep de la Deuda Externa, una comisión investigadora independiente con expertos y juristas nacionales e internacionales y legisladores.
La deuda fue y sigue siendo una de las líneas divisorias entre la política nacional y la antinacional. Parafraseando a don Alejandro Olmos podemos decir hoy: de un lado los que están a favor del país, los que no quieren vivir de prestado y desean crecer con lo nuestro, los que quieren cuidar los generosos bienes naturales que tenemos; del otro lado, los especuladores, agiotistas, oportunistas y corruptos, más todos aquellos que ya no creen ni están dispuestos a pelear por un país democrático, justo y libre de ataduras neocoloniales.
* Por Fernando Solanas (senador nacional Proyecto Sur)
