Se trata de la entonces secretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, una psicóloga y dos miembros del “Pequeño Hogar de Belén” de Banfield. Algunos de ellos también están acusados por violaciones cometidas durante el cautiverio de los niños en el lugar.
El fiscal federal Sergio Mola requirió la elevación a juicio de una emblemática causa por apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar: la que tuvo por víctimas a los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, quienes en 1977, con 2, 4 y 5 años de edad respectivamente fueron sustraídos luego de ser testigos del homicidio de su madre a manos de las fuerzas armadas y de seguridad, en la localidad bonaerense de San José.
El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal -que alcanza a la ex titular del “Pequeño Hogar de Belén” de Banfield, Dominga Vera; al ex “padrino” de esa institución, Juan Carlos Milone; a la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, y a la psicóloga María Teresa Gómez- es por delitos tales como la sustracción y ocultamiento de los niños, la alteración de su estado civil y los abusos cometidos durante su cautiverio de más de seis años en el hogar.
En el requerimiento, que deberá ser resuelto por el juez subrogante de Lomas de Zamora Federico Hernán Villena, Mola consideró acreditado que la psicóloga María Teresa Gómez y la abogada Nora Susana Pellicer, junto a la jueza Marta Delia Pons, el asesor de menores Raúl Abel Donadío y el funcionario judicial Lisandro Luis Chiavaro -estos tres ya fallecidos- sustrajeron y ocultaron a los hermanos “a partir del momento en el que fueron entregados en el Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora, en el que cumplían funciones (…) impidiendo que su familia -su padre Julio Ramírez Domínguez y su tía paterna Lucila Domínguez- conociera su paradero”.
Y más aún, cuando ambos parientes lograron determinar que los niños estaban a disposición del Tribunal, “activa e ilegítimamente impidieron no solo la restitución a su progenitor y tía que los estaban buscando y reclamando, sino que también les vedaron (a ellos y a los niños) cualquier tipo de contacto”. La acusación contra Gómez pesa también por “haber colocado a los niños Ramírez en una situación de desamparo abandonándolos a su suerte, al omitir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo” como psicóloga del gabinete asistencial.
En relación a ello, imputó a todos ellos y a Dominga Vera -la titular del hogar- haber “tornado incierto el estado civil de los menores”. En el caso de Vera, junto a su ya fallecido marido Manuel Maciel, también le adjudican haberlo alterado al asignarles “el apellido Maciel o adicionándole ese apellido al paterno”, tal como lo consignaron en las tarjetas de recuerdo de su bautismo, que tuvo lugar el 7 de agosto de 1977 en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth.
Por otra parte, la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora acusó al miembro de la comisión directiva del “Hogar Casa de Belén” a la época de los hechos, Juan Carlos Milone, de haber abusado sexualmente de María Ester, quien para esa época tenía menos de 12 años. Respecto a ese punto, también le endilgó a Maciel haber intervenido en esos episodios como partícipe necesaria, porque “promoviéndolos y facilitándolos” eran perpetrados también por su esposo, uno de sus hijos y un hombre conocido como “Marcelo” o “Gordo”.
Cronología de una persecución política
“La familia compuesta por Vicenta Orrego Meza, Julio Ramírez y sus tres hijos Carlos Alberto, María Ester y Alejandro Mariano, ha sido objeto de persecución por parte de las fuerzas de la represión ilegal en el marco del Terrorismo de Estado, en virtud de la militancia social desplegada por Julio (acompañado por Vicenta) en la Sociedad de Fomento Bernal Oeste, de la que fue Presidente, cuyo objeto era el de bregar por mejoras en el barrio y brindar atención a los vecinos necesitados”, reseñó el fiscal federal.
El padre de la familia “fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 12 de diciembre de 1974”; desde entonces, Vicenta y sus hijos “sufrieron una persistente presión del accionar ilegal de las fuerzas de la represión”: debieron buscar protección en la Parroquia Nuestra Sra. de Itatí, pero a la semana el cura “Pepe” fue asesinado y tuvieron que volver a mudarse.
En febrero de 1977 consiguieron instalarse en una vivienda precaria ubicada en Nother y Santa Cruz de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown, junto a Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. Pero en la madrugada del 15 de marzo, “un gran número de efectivos pertenecientes a fuerzas conjuntas del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en su mayoría vestidos de civil, fuertemente armados, sin intimación previa alguna rodearon la casa y abrieron fuego contra la vivienda”.
Luego de pedir que cesaran los disparos, Vicenta reunió a sus hijos y los preparó para salir de la vivienda, lo que hicieron por la ventana trasera: primero sacó a Carlos y luego a María Ester. Mientras salía con Alejandro en brazos y portaba un pañuelo blanco “le dispararon a quemarropa en la cabeza”, detalló Mola.
Los pequeños quedaron al cuidado de un vecino, bajo la promesa de que las autoridades de que irían a recogerlos. Como no aparecieron, tras una semana los llevó a la Comisaría de Adrogué, en donde los derivaron directamente al Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora.
La magistrada Pons no averiguó las circunstancias en las que los hermanos llegaron a los vecinos ni pidió informes sobre los hechos que derivaron en la muerte de su madre. Según el fiscal Mola, tampoco se intentó buscar a sus familiares "porque no había ninguna intención de entregárselos, sino todo lo contrario".
Así, Pons ordenó que los niños fueran alojados en el Hogar de Belén, donde estuvieron en total seis años hasta que fueron restituidos a su padre y viajaron al exilio, en Suecia, donde actualmente residen. Al respecto, Mola indicó que la apropiación y ocultamiento “pudo acontecer” con la intervención del personal del tribunal: “la jueza no podía cometer éstos hechos sin la cooperación de otros funcionarios. Irremediablemente necesitaba el aporte de los responsables de la secretaría y del área asistencial (asistente social y psicólogos)”.
Por ejemplo, allí se tramitó el expediente de guarda como NN cuando ya se conocía la verdadera filiación, y en 1978 se falseó el acta de comparecencia de la tía de los hermanos, que había viajado desde Paraguay y los reclamaba, tratándola con “iniquidad y engaño”.
Maltratos y abusos
Asimismo, el agente fiscal puso de resalto que durante la permanencia de Alejandro, María Ester y Carlos en el “Pequeño Hogar de Belén” -que se prolongó hasta diciembre de 1983, año en el que fueron restituidos a su padre tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- “fueron objeto de golpizas y otros tratos humillantes por parte de quienes se encontraban al frente”.
Y precisó que “el maltrato respondía claramente al hecho de que sus padres eran militantes políticos catalogados de enemigos del gobierno de facto. En este sentido les decían cosas tales como que eran ‘hijos del diablo’ (…), ‘que la madre era una prostituta’, ‘que no los quería’, ‘que los había abandonado’, ‘que el padre era terrorista’, ‘que era alcohólico’, provocándoles además del sufrimiento físico, padecimientos de naturaleza psicológica y moral, de una crueldad intolerable que se acrecienta si se toma en cuenta la edad de las víctimas”.
En octubre de 2013 la causa tomó impulso luego de que, a pedido del fiscal, los acusados fueron detenidos. El procesamiento fue confirmado en mayo del año pasado por la Cámara Federal de La Plata, y ahora, con el requerimiento firmado por Sergio Mola, el expediente se encamina hacia el debate oral y público.
