Los diputados del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Democrático Trabajista (PDT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) tacharon de “herramienta del golpe parlamentario” el informe del relator de dicha comisión Jovair Arantes, que, de hecho, el pasado jueves se mostró a favor de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Wadih Damous, del PT (el mismo partido de Rousseff), denunció que el “elocuente” informe ignora la defensa del Gobierno, y destaca que necesitaron "más de 150 páginas para decir que hubo indicios de algún tipo de delito".
"Resulta inadmisible que la situación de impopularidad del gobierno suponga una pérdida de mandato (y que) la denuncia está siendo procesada con claras violaciones a los principios constitucionales ya que las denuncias de crimen fiscal son inconsistentes", advirtió el diputado brasileño Weverton Rocha, del Partido Democrático Trabajista (PDT).
Por su parte, Jandira Feghali, del PCdoB, calificó el informe de "ilegal e inconstitucional", puesto que está demostrado que no hubo ninguna violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal que supusiera un crimen de responsabilidad, así que lo que hay “es un golpe de estado", aseguró.
Según Chico Alencar, del PSOL, el informe se redacta "después de una larga maniobra del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien, a su juicio, busca beneficiar la sucesión del vicepresidente Michel Temer o la suya propia, lo que Alencar considera "una línea de sucesión que va cada vez a peor", opinó.
"Resulta inadmisible que la situación de impopularidad del gobierno suponga una pérdida de mandato (y que) la denuncia está siendo procesada con claras violaciones a los principios constitucionales ya que las denuncias de crimen fiscal son inconsistentes", advirtió, a su vez, Weverton Rocha, del PDT.
Pese al apoyo de dichos diputados y del de un grupo de 8000 expertos en Derecho, la mandataria brasileña tendría que abandonar la Presidencia en mayo, si la citada comisión –creada por la Cámara de diputados con 433 votos a favor y 1 en contra– aprueba someter a la mandataria a juicio.
Sin embargo, Rousseff, cuestionando una y otra vez la legalidad del juicio político en su contra, aseguró el pasado lunes que no tiene pensado renunciar a su cargo, pese a las presiones que le impone la derecha brasileña.
