Los abogados de Mauricio Macri acudieron hoy ante el Juzgado Civil 104 de Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga, para solicitar una “declaración de certeza” en el marco de su vinculación con empresas offshore en Bahamas y Panamá, tal como había anticipado ayer el presidente en conferencia de prensa.
Sin embargo, el fiscal federal que lo imputó por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, Federico Delgado, dijo hoy que esa presentación “no frena” la causa penal.
“Una acción de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal. Seguramente si el juez civil aclara algún tipo de duda, o dicta alguna sentencia, alguna eficacia penal podría tener. Pero eso será parte de la investigación. La acción civil no frena la investigación, son causas paralelas”, explicó a radio Vorterix.
La aclaración de Delgado coincide con la advertencia hecha ayer por la abogada Graciana Peñafort, una de las redactoras de la Ley de Medios y ex funcionaria del ministerio de Defensa, quien tras la conferencia en la Casa Rosada dijo: “Avísenle a Macri que la declaración de certeza civil no sirve de nada porque es competencia del fuero penal determinar la omisión maliciosa”.
El fiscal, por su parte, recordó que “desde 1999 todos los funcionarios públicos tienen obligación de presentar una declaración jurada, donde deben poner todas sus participaciones comerciales, incluso los bienes suntuosos, y de eso no escapa nadie”.
Luego de las revelaciones de los Panamá Papers y la imputación al presidente por su participación en sociedades offshore, Delgado indicó que su ibjetivo es “determinar si la omisión de Macri es maliciosa”.
“Hay que ver si debía declararla y no la declaró, y en segunda instancia si la escondió a propósito o si se le escapó la tortuga”, subrayó.
El juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, convocó para el lunes a prestar declaración testimonial al periodista del La Nación, Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación de los Panamá Papers. También declarará una abogada especializada en sociedades extranjeras y offshore, Silvina Martínez, actual asesora de la diputada Margarita Stolbizer.
Entre las medidas solicitadas por Delgado, también está el requerimiento de informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura Macri: Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha SA, registrada en Panamá.
En tanto, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, sugirió al fiscal de la causa pedir medidas de prueba a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales del Presidente, a la IGJ sobre reglamentaciones de las offshore y las obligaciones de sus directores, y a la Oficina Anticorrupción (OA) toda la documentación sobre sus declaraciones juradas.
Algunas de estas medidas ya habían sido solicitadas ayer por Delgado y fueron ordenadas este viernes por el juez Casanello.
