Según indicó el miércoles la Fiscalía de Panamá, la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada inició la indagación con el apoyo de la Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.
Los equipos de investigación, adujo, registraron desde el martes tanto la sede del bufete como otras filiales del grupo y el 'data center' de la empresa telefónica que brinda apoyo informático a esa firma, ubicada en la capital del país, Ciudad de Panamá.
Los agentes involucrados en el proceso de investigación, liderado por el fiscal Javier Caraballo, criticaron la poca colaboración por parte de los abogados de Mossack Fonseca. “Mossack Fonseca no está colaborando con el fiscal, sino que "está dilatando el proceso”, denunciaron fuentes judiciales.
No obstante, Caraballo afirmó que al concluir 27 horas de un trabajo consecutivo y “casi sin dormir”, el equipo de investigación salió llevando una “gran cantidad de documentación” que apunta a la empresa panameña como responsable de prácticas ilegales a través del establecimiento de sociedades 'offshore' (con ventajas fiscales) en paraísos fiscales.
El fiscal panameño descartó, además, por el momento, tomar medidas contra Mossack Fonseca ante la falta de "elementos contundentes que nos permitan tomar algún tipo de decisión".
De acuerdo con el fiscal, la investigación es complicada porque la firma mantiene la mayoría de sus archivos de forma virtual, y no física, en más de un centenar de servidores.
Las autoridades de este país centroamericano intentan averiguar una posible implicación del bufete de abogados de Mossack Fonseca en hacer entrega de los documentos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). La Fiscalía califica de “ilícitas” esas actividades.
El pasado 3 de abril, el ICIJ publicó una serie de documentos que revelan cómo una firma panameña creó empresas en paraísos fiscales para personalidades mundiales. Un día después, la Fiscalía panameña anunció que investigaría los hechos para comprobar la existencia de posibles delitos y responsables.
El Gobierno panameño asegura que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados, no de la actuación del país, y añade que, en un intento por profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la transparencia, hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal.
Mossack Fonseca, por su parte, asegura que sus negocios se llevan a cabo de forma “lícita” y que el único crimen fue la sustracción ilegal de más de 11,5 millones de documentos de sus servidores.
En los documentos filtrados relativos al periodo 1977-2015, aparecen nombres de 140 políticos de 50 países, entre ellos jefes de Estado, ministros y altos cargos —e incluso de miles de empresarios, artistas y deportistas— vinculados a empresas 'offshore' en 21 paraísos fiscales.
