La relación del gobierno de María Eugenia Vidal y el Poder Judicial no pasa por su mejor momento. El eje de conflicto es político, pero se traduce en el plano económico y golpea la gestión. Uno de los puntos más álgidos de la puja tiene que ver con los fondos para el funcionamiento del Poder Judicial y está vinculado al virtual congelamiento de la ley de autarquía que promocionaba el gobierno de Daniel Scioli.
De haberse aprobado esa ley, la Provincia habría quedado obligada de llevar el presupuesto del Poder Judicial al 7 por ciento del Presupuesto total de la Provincia, de manera gradual, en los próximos cuatro años, y a partir de un piso de 5.5 por ciento.
La cifra destinada por la administración Vidal está bastante lejos de ese número: de los 354 mil millones del presupuesto, se destinaron menos de 16 mil a Justicia, es decir un 4.4 por ciento. Para equiparar lo que ofrece el proyecto de ley congelado en Legislatura, el número mágico debería haberse situado en 20 mil millones este año.
A caballo de esa premisa, la Corte remitió al Ejecutivo, durante la elaboración de la ley de leyes, su propio cálculo, que terminó siendo un 25 por ciento menos de lo que pretendía, lo cual abrió el juego para el sinnúmero de conflictos que atraviesa hoy el Poder Judicial.
Uno de ellos es el sindical. La AJB no acepta la propuesta salarial del Gobierno y paraliza la administración de justicia. En Tribunales advierten que no se trataría tanto de la intransigencia de los sindicatos sino de la impericia o la falta de voluntad de parte de Vidal y los suyos.
En concreto, achacan a la Provincia haber generado una suerte de “multisectorial” junto a CICOP, SOEME y los bancarios, con lo cual le dan consistencia al reclamo sindical. Si a ese cóctel se le agregan como ingredientes el retiro de los pliegos de jueces y funcionarios que estiran en el tiempo las vacantes, la falta de obras para el Poder Judicial –que quedó afuera de las variadas emergencias que impulsa el Ejecutivo- y la falta de diálogo con el ministro Mahiques, no es difícil prever que puedan aparecer densos nubarrones en el horizonte.
La Corte no es el único conflicto abierto. Por el lado del Ministerio Público, el objetivo de conseguir la cabeza de la procuradora María del Carmen Falbo se viene dilatando y suma tropiezos. En principio, Angelici había prometido ese puesto para Carlos Mahiques, el ministro ausente del Gabinete que sólo se muestra en La Plata los lunes.
En las últimas semanas, otro exponente del Gabinete mostró sus ambiciones. Julio Conte Grand, actual Secretario de Legal y Técnica, empezó a sonar con fuerza para suceder a Falbo, a quien se le atribuyeron a través de operaciones de prensa intenciones de renunciar al cargo o jubilarse anticipadamente.
