Las peticiones de defensa del agua, territorio y la Madre Tierra también serán entregadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Marcha por el Agua comenzó con el objetivo de exigir la recuperación de nacimientos de ríos, lagos, lagunas y costas marinas que han sido contaminadas, robadas y desviadas, según afirmaron participantes en la caminata.
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) y representante de la Asamblea Social y Popular, dijo que tendrán cita con el presidente de la CSJ, Rafael Rojas, para entregar el pliego de peticiones que exige la liberación de “presos políticos”, acusados de secuestros y asesinatos en diferentes lugares, como el caso de la industria minera en La Puya, así como los daños causados a los ríos Pacayá y Mopán, “pues constatamos que están destruidos y contaminados”, explicó.
Pascual indicó que pedirán fortalecer la articulación, lucha y coordinación en la defensa del agua, la tierra y los alimentos, aportar a la toma de conciencia del pueblo guatemalteco sobre las políticas públicas, actividades económicas que impactan negativamente la tierra, el agua y la vida de todos los seres vivos. También reiteran su oposición a las industrias extractivas, hidroeléctricas y el cultivo de la palma africana.
El dirigente del CUC afirma que no ven ninguna política agraria ni de desarrollo rural por parte de este gobierno, y “creemos que es justo y necesario hacer nuestra petición”.
La vertiente del sur denunció el “secuestro” de ríos en la Costa Sur, por la cual responsabilizan a ingenios azucareros y otras agroindustrias.
Bien Público
Luis Ferraté, exministro de Ambiente y Recursos Naturales, indica que el problema del agua se acrecienta por la vulnerabilidad social y del territorio, así como por el “incremento poblacional absurdo que tenemos en el país”
“El agua debe salir como entra”, indica Ferraté, al referirse a que bajo ninguna circunstancia un individuo debe afectar a otro con el uso que haga de este bien, que, dicho sea paso, considera como “bien público e inalienable a todo ser humano”, de modo que no se afecte al vecino y menos a las generaciones venideras.
“No podemos hablar de agua sin hablar de saneamiento”, puntualizó el experto. Aseguró que casi el 95% del agua que se consume en el país está contaminada.
Ferraté señaló que la creación de una ley que permita la regularización del recurso hídrico debe estar acompañada por expertos, científicos y un sustentable apoyo social, a fin de que la normativa responda a las necesidades.
A este respecto, el Instituto de Investigación y proyección sobre ambiente natural y sociedad (Iarna) estima que durante el quinquenio 2006-2010 se perdieron más de 132 mil hectáreas anuales de bosque. Asimismo, los suelos se agotan a ritmos acelerados, conduciendo la sobreutilización de por lo menos el 15% del territorio nacional.
Río Cahabon
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, fue consultado por una denuncia presentada contra el supuesto abuso en el río Cahabón, en Alta Verapaz, por parte de una hidroeléctrica.
El comisionado indicó que todavía no estaba al tanto del caso, pero no descartó una pesquisa. “En este como en muchos otros casos, el actuar en conjunto con el Ministerio Público está antecedido por una conversación que la fiscal y yo adelantamos y que en esa medida examinamos la conveniencia de acción conjunta. No descarto nuestra participación. Será objeto de valoración”, expuso.
