La denuncia, por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, la presentaron los diputados Martin Doñate y Rodolfo Toilhade y quedó radicada en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luis Rodríguez, con la fiscalía de Carlos Stornelli.
Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex Ceo de la filial argentina de la trasnacional petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones “clase A” de la empresa Royal Dutch Shell”.
Las mismas, reseñaron los legisladores, fueron parte de las bonificaciones que el ahora funcionario recibió de Shell Companía Argentina de Petroleos S.A., firma en la que se desempeñó a partir de 1979 y como presidente local entre 2003 y junio del año pasado.
Doñate y Toilhade relataron que 28 y 29 de marzo pasados, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oificial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell.
Por esa decisión se autorizó la “compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia”.
También -expresan los denunciantes- puso “en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado por Shell), la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino”.
Los diputados dejaron constancia que 16 de marzo alertaron a sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, pero que no obtuvieron respuesta alguna.
“Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación.
Denunciaron en tal sentido una “flagrante vulneración” del artículo 13 de La Ley de Etica Pública que establece que un funcionario debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones “relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.
“El Ministro de Energía debería renunciar inmediatamente y la justicia actuar con celeridad por la gravedad institucional que implica que las medidas tomadas por Aranguren no sólo asfixian a la población, sino que lo benefician directamente al ministro en su actividad privada”, dijeron los legisladores del FPV.
