"Estas tierras deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión", denuncian al tiempo que reconocen que la minería y su modo de vida no pueden convivir.
Las comunidades originarias llegaron a la conclusión que la actividad minera y la producción agroganadera, tal como la practican ellos, es decir respetando a la naturaleza no pueden convivir. También cuestionaron muy seriamente el otorgamiento de tierras, muchas veces dentro de sus territorios ancestrales, a empresas para que extraigan minerales, produciendo contaminación ambiental.
Pueblos originarios de Cochinoca, Yavi, Rinconada, Santa Catalina y Atacama emitieron un comunicado muy crítico hacia el gobierno de Gerardo Morales, quien ganó las elecciones con promesas reivindicativas hacia las comunidades aborígenes que viven en la puna, pero una vez en el gobierno, comenzó a pactar con las grandes empresas extractivistas, cediéndoles enormes porciones de tierra para la explotación minera.
El comunicado es enfático al enunciar la preocupación de estas comunidades por los "permisos de exploración y explotación a empresas mineras para trabajar en la región sin el consentimiento libre, previo e informado de sus pobladores" Les reclaman tanto al gobierno provincial, como nacional que les otorguen los titulos de propiedad de sus tierras encestrales que hace años vienen reclamando.
La explotación minera "produce innumerables consecuencias negativas. Promueve el desarraigo de nuestras poblaciones, la desertificación, el empobrecimiento del suelo y un uso desmesurado del agua, que es escasa en nuestra zona", afirma el documento. "La contaminación de la explotación minera es una amenaza a nuestra explotación hortícola y ganadera, que desarrollamos en total armonía con la naturaleza", completa.
Las comunidades critican y cuetionan la minería a gran escala y a cielo abierto. "En la Puna sufrimos la contaminación por la omisión y el descuido de los cuidados ambientales del Estado, y empresas como Metal Huasi, Pan de Azúcar, Pirquitas y Mina El Aguilar, afectan nuestros suelos y salud"
Con el cambio de gobierno el horizonte pareció oscurecerse para estos grupos poblacionales que viven en la soledad de la Puna, en un territorio preciado por sus recursos minerales. Al considerar a la minería como una economía regional, el gobierno nacional levantó las retenciones a la industria y significó una apertura y un llamado internacional para que las mayores empresas extractivistas vengan a invertir y dañar nuestro medio ambiente.
Días pasados se conoció el caso de la cesión de 90.000 hectáreas de tierra a la empresa canadiense Dajin Resource para que opere en total libertad, dentro de un territorio que tiene dueño: los pueblos originarios Kolla y Atacama, quienes jamás fueron consultados acerca de este proyecto.
Los manifestantes denunciaron que “no existe plan de remediación ambiental y humana, con graves secuelas en la salud de los habitantes. Exigimos al gobierno provincial y nacional la entrega inmediata de los títulos de propiedad a sus ocupantes ancestrales libres de proyectos que no hayan sido consensuados con nuestras asambleas”, acotaron.
"Estas tierras deben ser aptas para la vida, la agricultura familiar, el desarrollo de nuestra cultura, tradiciones y cosmovisión. De nuestra agricultura y ganadería vivimos las familias y la sociedad en su conjunto, la minería amenaza nuestras fuentes de vida y la autosubsistencia”.
(Indimedia)
