Desde lo que denomina su "autoexilio" en la ciudad estadounidense de Miami, el ex mandatario se burla de la justicia de su país a través de mensajes en las redes sociales y cataloga de "persecución política" las serias acusaciones en su contra.
Los casos más connotados por las sanciones que representarían, son el espionaje telefónico a sus adversarios, con 21 años de cárcel, y el despojo de tierras privadas para entregarlas a un empresario, con sanción de 11 a 20 años, mientras que otros como la compra de comida deshidratada para las escuelas podrían sumarle otra década tras las rejas.
El expediente más avanzado es el denominado "pinchazos telefónicos" (espionaje), en cuya audiencia fue declarado en rebeldía por no asistir personalmente y la Corte aprobó el 21 de diciembre pasado solicitar a Interpol su conducción por la fuerza para que responda al juicio, trámite aún no realizado.
Tal lentitud es cuestionada fuertemente por las víctimas, que exigen el cumplimiento de la medida cautelar, pero especialistas en derecho penal consultados por Prensa Latina opinaron que tal vez la estrategia de la CSJ sea acumular varios casos para solicitar la extradición por todos los expedientes.
Según las leyes de Estados Unidos, si es extraditado por una de las causas, la justicia no podrá enjuiciarlo por otros expedientes pendientes.
No obstante, algunos panameños opinan que son estrategias dilatorias para que transcurra el actual período de gobierno (2014-2019), en el entendido de que una nueva administración ofrecería un trato diferente a Martinelli, o incluso podrían archivarse sus procesos.
Un resumen de los sumarios informados por la CSJ recientemente señalan supuestos delitos financieros, peculado, contra la administración pública y la inviolabilidad y derecho a la intimidad; abuso de autoridad, extorsión, privación de libertad, tráfico de influencias y corrupción.
Mientras, el órgano Judicial aseguró que otros cuatro expedientes esperan porque los magistrados-ponentes presenten sus consideraciones al pleno de la CSJ para decidir sobre la admisión o no de los mismos, y tres querellas contra Martinelli fueron rechazadas.
Fuertes cuestionamientos a la integridad de los magistrados de la CSJ crearon una crisis en la justicia panameña, a partir de que uno de sus miembros, Harry Díaz, hizo revelaciones en enero pasado sobre irregularidades internas de la institución y señaló a varios jueces, entre ellos el actual presidente José Ayú Prado.
Las dudas de que los letrados podrían responder a los intereses de los presidentes que los nombraron en el cargo y sus partidos, cuestionaron la imparcialidad de los mismos, a partir de que cuatro fueron designados por el propio Martinelli, tres por el actual mandatario Juan Carlos Varela e igual cifra por Martín Torrijos (2004-2009).
