La UE no esconde la inquietud con la que espera que remita la crisis migratoria y pidió a Grecia que empiece a expulsar a los refugiados sirios a Turquía para hacer valer el acuerdo sellado con el Gobierno de Ankara el pasado 22 de marzo.
No obstante, el primer fallo judicial emitido hasta ahora no resulta muy halagüeño para el futuro de este pacto migratorio. Un demandante (uno de los 8000 arribados desde que el 20 de marzo entró en vigor el pacto) que solicitó protección en Europa acaba de ver reconocido ese derecho y, por tanto, no podrá ser reenviado a Turquía, según confirman portavoces griegos y de la Comisión Europea (CE).
El polémico pacto suscrito entre Bruselas y Ankara dictaba que toda persona llegada desde las costas turcas a las griegas a partir del 20 de marzo sería retornada porque, según la UE, las autoridades turcas le procuraban allí una protección equivalente a la que obtendría en Europa.
Dos meses después ha habido menos de 400 expulsiones y ninguna de ellas incluía a sirios o personas de otras nacionalidades que hubieran pedido asilo. Los deportados eran migrantes económicos.
“Hemos dado a Grecia y a la agencia europea de asilo garantías sobre la protección en Turquía. Y los Estados miembros han apoyado esas garantías”, explicó el comisario europeo de Migración, el griego Dimitris Avramopoulos, tras la reunión de ministros celebrada en Bruselas.
Con ese respaldo, los Estados miembros tratan de convencer a las autoridades griegas de que tienen amparo legales para reenviar a Turquía a los potenciales refugiados arribados desde allí.
Pero Grecia no dispone de ninguna ley que considere a su vecino turco como un país seguro para los demandantes de asilo, explican fuentes de ese país. Y, por tanto, cada decisión se adopta de manera individual, atendiendo al caso concreto del refugiado que pide asilo.
Pese a que la Comisión calculó que las decisiones judiciales estarían listas en el plazo de un mes desde la presentación de las primeras solicitudes, los juzgados han ido acumulando casos de personas que recibían una primera decisión negativa, pero recurrían. Y es ahora cuando se ha producido el primer fallo definitivo sobre uno de esos recursos. Un juez griego ha reconocido el derecho de un asilado a quedarse en Europa, una decisión que cuestiona todo el marco acordado con Turquía.
Bruselas teme que tanto este caso como la demora en el resto de sentencias reaviven el tránsito por la llamada ruta del Egeo, que el año pasado recibió casi un millón de personas, y que tras el pacto con Ankara casi se ha sellado.
