Así solicitó el viernes la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto que militares mexicanos han sido acusados en múltiples ocasiones de haber cometido ejecuciones arbitrarias y torturas durante la lucha contra los cárteles de drogas, la cual ya lleva más de una década.
Un juez mexicano absolvió la semana pasada a tres oficiales militares por el asesinato de 15 presuntos miembros de una banda de narcotraficantes en una confrontación en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, ocurrida en junio del 2014.
"Nos preocupa profundamente que luego de casi dos años de la creación de una comisión sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya, México, incluyendo supuestas ejecuciones sumarias de al menos 12 personas, el caso siga en la impunidad y a las víctimas se les sigan negando sus derechos de justicia y verdad”, declaró mediante una rueda de prensa la portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, quien hizo un llamado a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación efectiva, rigurosa, imparcial, independiente y rápida sobre este caso “emblemático”.
La portavoz sostuvo que las investigaciones que se han venido realizando deberían extenderse a todas aquellas personas que puedan resultar responsables, como “oficiales militares de alto rango que podrían haber comandado los datos”, incluyendo cualquier otra persona que pueda resultar vinculada a la escena del crimen.
En su momento, diversas autoridades mexicanas anunciaron que las personas fallecidas presuntamente pertenecían a varias bandas de narcotraficantes y que las Fuerzas Armadas actuaron contra ellas en defensa propia. En el incidente de Tlatlaya un total de 22 personas perdieron la vida.
Sin embargo, meses más tarde, distintos medios extranjeros reportaron que había evidencias de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales, una versión que luego fue ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México.
En su declaración Shamdasani mostró además, su decepción por la existente negligencia del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, acusado de socavar las investigaciones, a la hora de resolver otro caso de alto perfil, relacionado con la aparente masacre de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, estado Guerrero (suroeste de México), en 2014.
