“Algunos vecinos llevan 14 días sin agua corriente”, se queja Eyad Yaqob, asesor estratégico de la Comisión Conjunta (israelo-palestina) de Gestión del Agua, organismo creado como parte de los Acuerdos de Oslo para evaluar el tratamiento y el mantenimiento de las fuentes de agua en Cisjordania.
“Desde hace más de dos décadas la cantidad de agua disponible en Cisjordania ha sido de 150 millones de metros cúbicos al año, pero los israelíes han reducido esa cantidad un 40% y lo peor es que lo han hecho a comienzos del verano, en pleno Ramadán y con las olas de calor que estamos sufriendo”, añade este experto.
Yacob se encuentra en la ciudad de Salfit, en una provincia de 70.000 habitantes que colinda con una veintena de colonias israelíes (ilegales según el derecho internacional), entre ellas la de Ariel, el asentamiento más grande de Cisjordania. Allí sí abundan las piscinas que solo los colonos israelíes, que consumen siete veces más agua que sus vecinos palestinos (según los datos de la ANP), pueden pagar.
Los residentes de Salfit no son los únicos que se han quedado sin agua corriente, según datos de la Autoridad del Agua palestina, órgano perteneciente al gobierno de facto de Ramala. También les han reducido el suministro a los habitantes de los territorios de Nablus o Qalqilia, cuyas poblaciones suman un total 150.000 personas que “o no cuentan con agua en casa o no pueden regar sus campos, dar de beber a su ganado –viéndose obligados a venderlo por no poder costear los sobrecostes– o poner en marcha sus fábricas”, apunta Yacob.
Estos cortes en el suministro “han provocado que los ayuntamientos tengan que contratar la distribución de agua a través de camiones-cisterna y forzado a los habitantes de ciudades como Salfit a consumir agua embotellada, disparando sus costes de avituallamiento hídrico”, apostilla el experto. “Si cada metro cúbico de agua está costando ahora unos 40 shequels (unos nueve euros), ¿qué hará la gente que no lo pueda pagar?”, se pregunta Yacob.
El conglomerado israelí de producción y distribución del agua Mekorot, cuyos medidores son fácilmente visibles a la entrada de cada una de las comunidades de esta zona de Cisjordania, cortó el volumen de agua proporcionado a estas poblaciones bajo el argumento de que necesitan restringir el bombeo para así mantener la presión del agua y garantizar la supervivencia de los dos acuíferos que hay en esta región.
“En realidad lo que quieren decir es que no hay suficiente agua en el asentamiento de Ariel (adyacente a Salfit) y que van a cortar el suministro de la red para mantener allí la presión”, asegura el director general del Grupo Hidrológico Palestino, Abdel Rahman Tamimi. “Desde mi punto de vista los israelíes han elegido este momento, justo al comienzo del verano, para que la Autoridad Nacional Palestina les compre agua procedente de las plantas desalinizadoras”, añade Tamimi.
El agua, una cuestión de negocio
“Israel quiere que los palestinos no solo les compremos agua embotellada, también que esta sea desalinizada y que la obtengamos de su sector privado”, continúa el especialista, un referente en el sector hídrico palestino. Según Tamimi, Israel ha hecho grandes inversiones en potabilización del agua del mar –como la planta de desalinización de agua de Ashdod a través de la empresa española Sadyt perteneciente al grupo Sacyr– y necesita amortizar sus altos costes de producción.
“Es una fórmula más para obligarnos a comprar sus excedentes de agua desalinizada”, agrega Tamimi, cuando resulta que según los Acuerdos de Oslo los palestinos deberían tener acceso hasta el 20% del agua almacenada en los acuíferos subterráneos de Cisjordania. Sin embargo, en la actualidad apenas alcanzan el 14% de extracción del acuífero, lo que hace que Mekorot venda a la ANP unos 65 millones de metros cúbicos al año, en vez de los 31 millones anuales previstos a mediados de la década de los 90.
En opinión de Tamimi, se trata más de un juego económico que de realmente una situación de sequía extrema. “Nuestro acuerdo era comprarle agua a Israel a un precio tasado de 1,7 shequels (unos 40 céntimos de euros) por metro cúbico, que ahora nos quieren aumentar a 5,2 shequels (un euro y 20 céntimos), más del triple, y que compremos el agua que procede de las plantas desalinizadoras porque no tienen mercado”, asevera. “Al final es una cuestión de negocio”.
Desde la Autoridad de Aguas israelí ponen la pelota en el tejado de los palestinos. “La Autoridad Palestina se niega a mejorar las infraestructuras a través de la Comisión Conjunta de Gestión del Agua”, aseguró recientemente en medios locales el portavoz del órgano competente israelí, Uri Schor. “Esto hace que las canalizaciones estén obsoletas y no puedan hacer frente a la demanda”, agregó.
La Autoridad del Agua palestina desmiente esta argumentación. ” Hay docenas de proyectos de infraestructuras para los asentamientos ilegales que Israel, como poder ocupante, ha puesto en marcha sin la aprobación de la Comisión Conjunta de Gestión del Agua”, señala un comunicado difundido por el organismo desde el que se señala que “continuarán rechazando la extorsión de Israel” para obtener su aprobación en tanto en cuanto las infraestructuras beneficien a las colonias ilegales de Cisjordania.
Yacob aporta la visión científica para desacreditar las afirmaciones de Uri Schor. “Mire, hablan de que no hemos reparado las tuberías, pero acabamos de medir qué cantidad de agua llega exactamente a las comunidades y las filtraciones que pueda haber. Puedo decirle que son solo de un 12%”, apostilla el palestino. “No es verdad que no funcionen bien porque los americanos, que han sido los donantes, acaban de reemplazar toda la red”, agrega.
Israel controla el “grifo”
Tamimi reconoce que las palabras de Schor tienen algo de razón en cuanto que hay motivaciones políticas detrás, pero desde su punto de vista el problema de fondo es otro. “No hay nada que gestionar o construcciones que impulsar en cuanto que la titularidad del agua es de los israelíes”, concluye.
Según los Acuerdos de Oslo –unos pactos interinos firmados en 1994 que habrían de funcionar durante sólo 5 años hasta que en 1999 tuviera lugar la creación de un Estado palestino independiente– Israel actuaría como productor y distribuidor del agua hasta que la ANP tuviera sus capacidades propias.
La prórroga indefinida en que la segunda Intifada colocó a los Acuerdos de Oslo y la imposibilidad de conseguir la aplicación del modelo de dos Estados a través de la diplomacia internacional –tal como ha quedado patente en la reciente cumbre de París para poner en marcha la conocida como “iniciativa francesa para Oriente Próximo”– siguen permitiendo a Israel monopolizar la extracción e imponer cuotas de consumo a los palestinos de Cisjordania.
De acuerdo a las estadísticas, la media de consumo israelí supone más de 180 metros cúbicos anuales por persona. En el caso de los palestinos esta cifra se queda en 73, por debajo de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
En zonas como la de Salfit y los pueblos del sur de Hebrón, situados junto a los grandes bloques de asentamientos israelíes en Cisjordania, este patrón de consumo puede verse reducido hasta unos 20 metros cúbicos anuales, lo cual constituye la denegación de acceso a un derecho básico universal como es el agua, según la ONG de derechos humanos israelí Btselem.
Desde el Coordinador de Actividades en los Territorios Ocupados (COGAT, que es la institución del Ministerio de Defensa israelí que lidia con los asuntos civiles de los palestinos), aseguran que las restricciones de agua afectan también a los colonos. “Debido al incremento de las temperaturas y del consumo de agua durante el verano se ha activado el pozo de Ariel 1 (situado bajo el asentamiento del mismo nombre) para abastecer a la zona de Salfit, y otros 5.000 metros cúbicos están siendo bombeados diariamente para la zona del sur de Hebrón”, señala un comunicado.
Por su parte, los palestinos se sienten víctimas de los tejemanejes económicos del nuevo ministro de Defensa, el ultranacionalista Avigdor Lieberman, quien por un lado querría poner más presión política sobre la ANP y, por otro, ayudar a promover los intereses económicos de las plantas desalinizadoras israelíes. Su construcción ha vivido un boom en los últimos años, pero resulta cara y su amortización es a medio-largo plazo.
De momento, los palestinos de Cisjordania ya sufren las restricciones de agua en un verano que promete ser caluroso, mientras sus vecinos de las colonias se bañan en las piscinas. La imagen es similar a la que se daba en la Franja de Gaza antes de la “desconexión” israelí en 2005, aunque ahora los problemas de abastecimiento de agua corriente son incluso peores.
