El relator especial de la ONU sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, al finalizar su visita al país ponderó la legislación argentina en la materia y la rápida intervención gubernamental contra los recientes episodios de violencia neonazi.
En diálogo con Télam, recordó que una visita similar ya realizó en 2011 el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya, cuyas recomendaciones, cinco años después, "no han sido implementadas, lamentablemente, porque eran y son urgentes".
Durante los últimos siete días Ruteere visitó las provincias de Salta, Formosa, Buenos Aires y la Capital Federal para mantener reuniones con funcionarios, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, de migrantes y de afroargentinos, así como víctimas de prácticas discriminatorias en general.
En todos los casos, el objetivo fue relevar información para la confección de un diagnóstico de situación y la elaboración de una serie de recomendaciones para los distintos niveles del Estado.
"Como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de migrantes", afirmó el politólogo keniata durante la conferencia de prensa ofrecida en el Centro de Información de la ONU del barrio porteño de Recoleta.
Particularmente "terrible", según dijo, es "la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país", ya que "viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos".
Estas comunidades ven vulnerado su derecho a disponer de "agua potable, vivienda digna, una atención sanitaria de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada".
Además, cuestionó que se encuentren "excluidos de la vida política y social" y la ausencia de sus miembros en "cargos clave para la toma de decisiones, aún en los entes específicos" destinados a promover y atender las necesidades de estos grupos poblacionales.
Por último, el relator especial aseguró que el acceso de los pueblos originarios a la propiedad de la tierra "sigue siendo un desafío" y pidió que se tomen medidas para "proteger a las comunidades del desalojo, ante el vencimiento en 2017 del plazo establecido por la Ley 26.554", que prorrogó hasta entonces la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ancestrales.
"Lo más alarmante es, según me han informado en diversas partes del país, la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos", dijo.
Ruteere llamó la atención también sobre la coincidencia de su visita con "un momento en que la Argentina comienza un nuevo capítulo en su política, lo que también representa una oportunidad para redefinir prioridades", para lo cual es necesario primero "efectuar una evaluación clara y profunda de los logros en los últimos años y los retos aún pendientes".
En este nuevo sendero, el relator especial elogió que la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural esté "extendiendo el enfoque de dichos derechos más allá de la memoria, la justicia y la verdad, hacia un enfoque más integral".
No obstante, aseguró estar preocupado por la "discontinuación de algunos programas existentes para promover los derechos de las minorías en determinados sectores".
En cuanto a los logros alcanzados, el keniata elogió el "marco jurídico integral para la eliminación de la discriminación racial" desarrollado en el país, las leyes dirigidas a proteger a grupos vulnerables específicos como los pueblos originarios, la "progresista" ley de migraciones y la creación de organismos como el Inadi.
De esta última dependencia celebró su "actuación inmediata" para "abordar casos de violencia neonazi y expresiones antisemíticas", como las que han ocurrido en los tres primeros meses del año en Mar del Plata.
En esa ciudad balnearia, ocho jóvenes están procesados -6 de ellos con prisión preventiva- por una docena de hechos de amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones, y de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis.
En diálogo posterior con Télam, Ruteere manifestó que apoya "las muy fuertes medidas para llevar a juicio a los involucrados en este tipo de grupos", pero aclaró que "hacer frente al desafío neonazi" implica también medidas a largo plazo como "promover la no discriminación en la educación pública".
