"Nosotros tenemos un grupo de abogados, algunos de los cuales participaron en la lucha de Vieques contra la Marina de Guerra de Estados Unidos o defendieron a los desobedientes civiles, pendientes de cualquier eventualidad en el edificio federal en Hato Rey", reveló el presidente de los togados colegiados, Mark Anthony Bimbela.
Los jóvenes, que desde el miércoles de la semana pasada bloquean la entrada principal del edificio -con características similares a las embajadas de Estados Unidos-, recurrieron a la institución de letrados para orientarse sobre algunos aspectos legales.
Bimbela explicó que el Colegio de Abogados no tiene una estrategia de cómo tratar el asunto, porque eso corresponde a los manifestantes decidirlo, pero "nosotros estamos en la total disposición de ayudarlos en lo que nos piden".
Ante la posible intervención de la policía puertorriqueña con el campamento de desobedientes civiles, el líder de los abogados hizo gestiones a nivel del secretario de Justicia, César Miranda, para que se evitara una confrontación.
La acción de Bimbela se une a las de otras organizaciones que se mantienen alertas ante la posibilidad de que se intente desalojar a los manifestantes, quienes han colocado carteles y pintado consignas de repudio a la junta federal de control fiscal y la dominación colonial de Puerto Rico, que Washington mantiene desde hace 118 años.
"Exigimos que cualquier intento de desalojar el campamento se haga con pleno respeto por los derechos humanos de estos jóvenes que están expresando su sentir", manifestó por su parte Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.
El planteamiento se produjo un día después de que los manifestantes fueron advertidos por alguaciles estadounidenses de que se encontraban en "terreno federal", por lo que debían abandonar el lugar o, de lo contrario, en cualquier momento serán desalojados.
La junta de control fiscal de siete miembros será impuesta al gobierno puertorriqueño por Estados Unidos, luego de que el presidente Barack Obama estampara su firma a la legislación Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act).
El establecimiento del organismo federal tiene como propósito garantizar el pago de la deuda de 70 mil millones de dólares a los bonistas de Wall Street y a los fondos buitres, a la vez que reduce de 7,25 a 4,25 dólares la hora a los jóvenes de 25 años o menos, entre otras restricciones.
Gallardo consideró que este grupo, que levantó el campamento el pasado miércoles, quiere expresar su preocupación por la decisión de imponer una junta de control fiscal y que se está llevando a cabo de manera pacífica, por lo que no se justifica una acción violenta en su contra.
Los manifestantes confirmaron a Prensa Latina que se proponen permanecer en el campamento por tiempo indefinido, sin importar las consecuencias, por lo que solicitaron que hoy, cuando se conmemora la independencia de Estados Unidos, se desarrolle un programa en reclamo a la soberanía de Puerto Rico.
Ana Isabel Moreira, una de las portavoces de los manifestantes, reconoció que hasta ahora no han tenido ningún problema con los oficiales federales que vigilan en la parte interior de las rejas que divide el edificio federal del exterior, donde se encuentra la policía puertorriqueña.
"Nuestro llamado es a unificar a las personas de todos los sectores, para combatir el pago de la deuda, que es ilegal", detalló la joven, acompañada de Luis Pérez Cintrón y Camila Sánchez-Longo, también portavoces de los manifestantes.
Los manifestantes reclaman que Washington dé pasos hacia la descolonización, a la vez que destacan en sus carteles que el problema no es la deuda ni la junta de control fiscal, sino el colonialismo impuesto en 1898, cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico.
